Cuáles son los cambios incluidos en la Reforma para el Fortalecimiento Electoral
Además de la eliminación de las PASO, el proyecto que envió al Congreso incluye cambios en los debates presidenciales, eliminación de los espacios de publicidad y recortar los fondos del Estado para las campañas electorales. Podrían llamar a una sesión extraordinaria.
El Gobierno anunció que enviará al Congreso la ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que implica la eliminación de las PASO, la modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos (Ley 23.298) y el sistema de financiamiento de las fuerzas que compiten en los comicios (Ley 26.215).
Al justificar la intención de eliminar las PASO, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que, desde su creación, las primarias "han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos".
"Solo en 2023, tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores históricos y en términos reales, esto fue mucho más gravoso. Y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar tres veces", argumentó Adorni.
A la par, el proyecto incluye cambios en los debates presidenciales, eliminar los espacios de publicidad y recortar los fondos del Estado para las campañas electorales. El Ejecutivo analiza convocar a sesiones extraordinarias para impulsar su tratamiento.
La Casa Rosada sugiere la eliminación del marco legal actual que coordina los debates presidenciales del Estado. Bajo la normativa vigente, los participantes son seleccionados si alcanzan al menos el 1,5% de los votos en las PASO. Actualmente, no existe una propuesta alternativa para el sistema que se pretende desregularizar por parte de la mesa técnica de Balcarce 50.
La intención es dejar la coordinación de los debates a discreción de los candidatos, ya que no existe un método para determinar quién califica y quién no. De aprobarse la iniciativa, tendrán que llegar a un acuerdo entre ellos para llevarlo a cabo.
El plan gubernamental también contempla la supresión de los espacios publicitarios electorales que la Vicejefatura de Gabinete de Interior reparte entre las agrupaciones políticas, los cuales son proporcionados por los medios de comunicación y el Estado.
Además, el Gobierno propone la abolición de los fondos estatales extraordinarios asignados a los partidos políticos durante el período de campaña, los cuales se reparten en base al total de votantes de las veinticuatro provincias que eligen representantes legislativos.
La Casa Rosada continuará sosteniendo el Fondo Partidario Permanente para financiar a los partidos políticos fuera del calendario electoral. Este fondo cuenta con un presupuesto asignado de 2930 millones de pesos y se nutre de multas recaudadas por incumplimientos de la Ley 26.215, liquidación de bienes de partidos disueltos, donaciones, reintegros y contribuciones privadas.
El proyecto también propone incrementar el límite de contribuciones privadas durante las campañas, pasando de 40 millones a 300 millones de pesos por entidad jurídica, y sugiere eliminar el límite de gastos para los partidos políticos.
El Gobierno fomenta la afiliación digital y el endurecimiento de las normas para la caducidad de los partidos, buscando aumentar del 2% al 3% el mínimo de votos requeridos en alguna de las dos últimas elecciones para mantener su funcionamiento.
Asimismo, se busca incrementar de 5 a 10 el número de distritos en los que cada partido debe estar activo para ser considerado a nivel nacional, con el objetivo de reducir la cantidad actual de 49 partidos nacionales y 733 distritales, y promover un mínimo de 35.000 afiliados por partido.
El proyecto de ley también extiende los delitos electorales a las elecciones internas de los partidos, incluye la designación de un fiscal en la Cámara Electoral y permite a los partidos solicitar observadores judiciales.
Finalmente, La Casa Rosada pretende incrementar las sanciones por irregularidades en el financiamiento de los partidos, prohibir contribuciones de individuos procesados por lavado de dinero y facilitar que los partidos mantengan sus fondos en bancos privados.