La ex AFIP está virtualmente paralizada y el Gobierno no reacciona

Una gran consternación se está viviendo en la ex AFIP, que por decreto presidencial fue disuelta para crearse ARCA, un nombre del que todavía el organismo recaudador no tiene dominio porque actualmente está en manos del organismo recaudador de Catamarca.

El dato parece menor, pero es crucial para las tareas cotidianas. Las credenciales de los oficiales que actúan por la ex AFIP ya no sirven, no se puede mandar una notificación, ni tampoco la página web puede funcionar normalmente, ya que la información que da el organismo es oficial o no es, y con otro nombre puede ser recurrida ante la Justicia. Ni siquiera la cartelería del organismo está preparada.

No existe, todavía, una resolución que resuelva ese problema, que tiene a todo el personal de brazos cruzados, ya que nadie sabe qué hacer, quiénes son sus jefes, cuál es la cadena de mandos, ni tampoco cuánto terminarán cobrando.

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Hace una semana que se resolvió la disolución. Desde ese entonces, la única comunicación que tuvieron los empleados fue un correo electrónico que mandó la titular del organismo, Florencia Mizhari, asegurando que aún sigue al frente. Por lo que trascendió, va diariamente a su oficina, pero poco más se sabe, porque tampoco está claro que los nuevos directores le respondan. Tal vez sí, tal vez no.

En este contexto, la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP) presentó ante la justicia una acción de amparo para que sea declarado inconstitucional el decreto de disolución, ya que no están debidamente explicitados los motivos de la medida que, según juzgan en el escrito de 72 páginas, "podría facilitar la evasión fiscal y la malversación de fondos públicos".

Precisan que "la desarticulación de la AFIP, sin una estructura sólida que la reemplace, puede abrir oportunidades para prácticas fraudulentas, ya que una nueva agencia sin la misma reputación y estructura podría carecer de los controles necesarios para prevenir irregularidades".

Incluso señalan que "cambiar la identidad de la AFIP mientras se ejecuta la moratoria establecida por la Ley 27743 genera una considerable confusión entre los contribuyentes y las áreas operativas internas" porque "el decreto en cuestión, lejos de abordar una reorganización estructural o funcional necesaria, se limita a un cambio nominal, reemplazando el nombre de la AFIP por ARCA, un simple cambio de denominación que conlleva un costo económico y administrativo, sin ofrecer ningún beneficio concreto que lo justifique".

No deja de ser curioso que el anuncio de disolución de la AFIP se haya realizado con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington DC, negociando fondos con el FMI -que obtuvo- para el pago de todos los compromisos de 2025, lo que hace suponer que no estaba al tanto, aunque aseguran lo contrario.

Es más, desde Casa Rosada se informó desde el primer día que el anuncio fortaleció al Ministro lo que, en principio, no queda a la vista.

En medio de este confuso contexto, que incluyó el comunicado de la Vocería Presidencial que se realizó el lunes pasado y un decreto que recién se publicó el jueves, hay 1700 personas que se apuraron a presentar sus papeles para jubilarse con los salarios más altos, los que más se perjudicarían si siguen trabajando por salarios en escala al resto de la administración pública.

Tampoco se sabe el destino final de los 3100 agentes que están afectados al sistema digital, donde se habrían ubicado los jóvenes militantes que ingresaron en los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández. Si los echan, o si no se les renuevan los contratos, ¿tendrán que tomar nuevo personal? Porque la exAFIP tiene 75 millones de CUIT de personas físicas o sociedades que aportan sus impuestos para mantener al Estado.

En ese contexto, dos fuentes del organismo aseguraron a Memo que Mizhari cobrará por sus servicios durante el mes de octubre lo mismo que venía cobrando hasta ahora, o sea, 30 millones de pesos o 30 mil dólares al precio libre.