Los uruguayos optaron por la continuidad de la jubilación privada

La propuesta constitucional impulsada por el sindicalismo para reformar la seguridad social, representada por una papeleta blanca con letras negras, no logró el éxito esperado y obtuvo el 40,6% de los votos, de acuerdo a las primeras estimaciones. Asimismo, el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos, promovido por la coalición gobernante, no alcanzó el 50% más uno de los sufragios (se quedó en el 39,9%) en las elecciones nacionales de este domingo, por lo que la ley vigente no sufrirá cambios.

La reforma sugería tres aspectos fundamentales. Primero, que la seguridad social no estuviera sujeta a fines de lucro y que su organización y gestión fueran exclusivas del Estado, prohibiendo así los sistemas de ahorro individual para la jubilación. Por ello, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) deberían terminar sus operaciones en un plazo no mayor a 24 meses. Si la reforma hubiera sido aprobada, los fondos acumulados en las AFAP pasarían a un fideicomiso administrado por el Banco de Previsión Social (BPS).

En cuanto a la propuesta de allanamientos, la Constitución establece en su artículo 11 que "el hogar es un santuario inviolable" y que "nadie podrá entrar en él de noche sin el consentimiento de su dueño, y de día, únicamente con una orden explícita de un juez competente". Esta disposición se mantendrá tal cual, según lo decidido por los ciudadanos, horas después del cierre de los circuitos electorales y la publicación de los resultados preliminares.

La modificación -no aprobada- indicaba que, "por orden expresa y fundada de un juez competente", se podría allanar un hogar. Si la opción prosperaba, la policía iba a necesitar el aval previo del magistrado para actuar.

La reforma constitucional en este sentido fue impulsada por toda la coalición de gobierno, que encabezó la campaña señalando que este cambio normativo era crucial como una herramienta más de combate para enfrentar al narcotráfico. En cambio, el Frente Amplio tomó una postura contraria por entender que la propuesta fue planteada "con motivaciones electorales" y que suponía una "desprotección de los hogares".

El presidente Luis Lacalle Pou, y promotor de la ley de reforma jubilatoria de 2023, se opuso al plebiscito, al igual que todos los candidatos presidenciales de los partidos del bloque oficialista, que firmaron una declaración conjunta en contra. El Frente Amplio dejó "en libertad de acción" a sus votantes. Más de 100 economistas y militantes frenteamplistas alertaron sobre las consecuencias negativas de un eventual triunfo del cambio de sistema. El popular expresidente José Mujica dijo que aprobar este plebiscito causaría "un caos" relacionado con la estabilidad jurídica del país.

Los detractores advirtieron que el cese de las AFAPs supondría una "confiscación" de los ahorros individuales de la gente y "perforaría" la certeza jurídica de Uruguay, con riesgos de juicios millonarios, problemas con el acceso a créditos y pérdida de inversiones extranjeras.

Señalaron que el salario mínimo nacional puede quedar estancado para evitar la equiparación con las jubilaciones, perjudicando a los trabajadores. Y afirmaron que la edad de retiro de 60 años no está acorde con la baja de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, por lo que afectará el pago de jubilaciones a las generaciones futuras. Estimaron que financiar la reforma costaría más de 1.000 millones de dólares al año, y anticipaban una subida de impuestos.