Financiamiento universitario

La auditoría sobre la UBA analiza $8000 millones sin rendición de cuentas

Las autoridades de la SIGEN tienen datos respecto de falta de rendiciones entre 2020 y 2022. Las posibles irregularidades que detectaron en acuerdos con ministerios y organismos del Estado.

Este lunes, la SIGEN procederá con la auditoría sobre la Universidad de Buenos Aires para analizar los fondos transferidos por el Tesoro Nacional a la institución en años recientes. Antes de iniciar esta tarea, que podría arrojar resultados preliminares a principios de diciembre, el organismo dirigido por Miguel Blanco ya dispone de información que sugiere posibles irregularidades.

Un informe en manos de la SIGEN señala que la UBA no justificó el 89% de los fondos recibidos entre 2020 y 2022, correspondientes a diversos programas universitarios como el FUNDAR, destinados a proyectos que promueven el desarrollo universitario nacional y regional. Se trata de aproximadamente $8000 millones cuyo destino y uso no se han detallado. A esto se añaden otros $500 millones asignados a infraestructura, cuyo empleo entre 2015 y 2019 tampoco ha sido aclarado.

Convenios bajo la mira

La SIGEN solicitará a la UBA la entrega de documentación relacionada con la transferencia de fondos estatales, cada convenio firmado, la justificación de cada gasto con su documentación de respaldo, la lista de gastos operativos y de capital, es decir, todas las inversiones realizadas. Se enfatizará especialmente en la revisión de compras de materiales y contratación de servicios como limpieza, jardinería y mantenimiento en general.

Las auditorías de la SIGEN buscan identificar debilidades en los procesos administrativos de entidades que manejan fondos públicos, por lo que se centrarán en las cuentas universitarias y los miles de millones recibidos del Tesoro Nacional.

Se prestará atención a la gestión de la caja chica, frecuentemente utilizada por instituciones educativas y otros entes para cubrir gastos imprevistos o extraordinarios, los cuales suelen tener escaso control. "A menudo, las cajas chicas se depositan en cuentas personales de los responsables de los gastos", admite una fuente de la SIGEN.

Además, la SIGEN está auditando aproximadamente 2245 convenios firmados por universidades, incluida la UBA, con ministerios y entidades de la Administración Pública Nacional. Estos acuerdos varían desde $2 millones hasta $170 millones cada uno y se realizaron sin licitación, lo que generó dudas en el organismo fiscalizador.

TN informa que esta auditoría ya ha revelado las primeras posibles irregularidades: se encontraron convenios subcontratados, es decir, la universidad, tras recibir fondos estatales, contrató a terceros para realizar las tareas acordadas, y se está investigando si estos contratos pudieron haber incurrido en contrataciones indebidas.

Fueron numerosos los ministerios que contrataron a universidades. En la lista están el Ministerio de Ciencia; la Secretaria General de la Nación; INDEC; Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; INADI; Ministerio de Turismo; Desarrollo Productivo; Seguridad, Agencia de Acceso a la Información Pública; jefatura de gabinete; Min de Desarrollo Territorial y Hábitat; Administración de Parques Nacionales; Ministerio de Mujeres; Ministerio de Desarrollo Social, Biblioteca Nacional; Ministerio de Cultura; entre otros.

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