Los médicos se sienten excluidos de los casi 10 millones "ahorrados" de la intermediación sindical
Regulado o desregulado, el sistema de salud tiene resortes donde la posición dominante de los intermediarios del sector asfixia financieramente a los prestadores del servicio
Los prestadores de la Salud - sean efectores o profesionales- que efectivamente se ocupan de atender a los pacientes afiliados a prepagas o a obras sociales, cuando no a ambas, reclaman porque ven pasar de largo la medida del gobierno nacional que elimina el proceso de triangulación.
Implica que 380 obras sociales sindicales dejarían de percibir mensualmente, a partir del 1 de diciembre, unos $8600 millones que recaudan por la intermediación de los aportes previsionales que, en adelante, los afiliados deberán elegir a qué prepagas destinarlos a pagar la totalidad de la cuota del plan que contraten o si deciden permanecer dentro del sistema de cobertura del propio sindicato.
Lo que no corre más es el "peaje" de entre un 3% y 7%, según el caso, que quedaba en las arcas de las entidades por la triangulación de aportes.
Funciona así: un trabajador en relación de dependencia deriva parte de los aportes de su empleador a la obra social correspondiente de su rubro y luego ese dinero sigue su curso para la prepaga.
De modo que, sin triangulación, las obras sociales dejarían de percibirlo.
El sistema es de tipo contributivo, que se nutre de aportes que son porcentajes de salarios, y está estructurado en tres subsectores cuyo corazón es el sistema de obras sociales sindicales, junto con el Estado y las prepagas.
Fue construido en la década del ´50 sobre supuestos de funcionamiento del mercado de trabajo inexistentes en la actualidad.
El Sistema de salud en Argentina se divide en 16% Prepagas; 36% Salud publica, y 63% Obras Sociales sindicales (15% tienen doble cobertura)
El 62% de los usuarios acceden a los servicios de salud a través de sus aportes. Es decir, más de 3,900,000 de personas que desregulan para tener una prepaga en reemplazo de la obra social que su trabajo les asigna.
En simultáneo, 2,400,000 de personas pagan en forma directa la cuota mensual por este servicio, lo que representa al 38% de los beneficiarios.
"Regulado o desregulado el sistema tiene resortes donde la posición dominante de los intermediarios del sector asfixia financieramente a los prestadores, en algunas especialidades esas unidades asfixiadas financieramente y con serios problemas económicos por esta razón, son comprados por financiadores que se integran hacia delante comprando centros de diagnóstico, parte de otras prepagas, o parte de institutos como el cardiovascular de Buenos Aires", afirma Juan M Ibarguren, magister en Administración de Servicios de Salud y secretario general de CAMEOF.
La calidad del servicio médico
La calidad del servicio médico se viene resintiendo por ser el ejecutor de las tareas de campo que la política sanitaria desatendió, debido a que el Estado quedó atrapado con su crónica debilidad financiadora y regulatoria entre los financiadores y prestadores.
Es incapaz de financiar al sistema de seguridad social con los fondos complementarios necesarios, y tampoco define el modelo prestacional a ser administrado.
Los recurrentes ajustes del sector público han sido simultáneos al aumento de la demanda de salud pública que se le volcó como consecuencia de la crisis del mercado de trabajo.
Aumento de la demanda debido a la mayor cantidad de personas sin cobertura de la seguridad social, más desfinanciamiento, sólo podía producir deterioro de los servicios e instituciones estatales de la salud desde hace por lo menos 40 años.
Actualmente, un poco más de 3 de cada 10 personas solo cuentan con el acceso al sistema público de salud, ya que no tienen obra social o planes estatales.
El sector privado de la salud (la medicina prepaga) intentó a lo largo de este tiempo capturar como afiliados a los sectores de altos ingresos de nuestra sociedad, o a los aportantes de altos ingresos del sistema de obras sociales, a través de convenios con algunas obras sociales que les permiten abrir la puerta de la competencia, puerta que hoy se intenta abrir al interior del sistema de seguridad social.
Ibarguren pone como ejemplo del incremento a tasas geométricas de la estructura de costos a una especialidad absolutamente atada a la tecnología y los costos de inversión, mantenimiento y amortización de equipos, como todos los insumos están vinculados a la evolución del dólar, como la oftalmología.
Enumera las variaciones cambiarias de diciembre a la fecha, la escasez de insumos y sobrevaluación en algunos casos, como determinantes en el aumento de un factor central en la estructura de costos.
A esto cabe adicionar la inflación y las paritarias que terminan de completar las causas que fundamentan el incremento de los costos.
Un caso paradigmático
Por ejemplo, montar un consultorio básico implica una inversión no menor a U$S 30.000.
El valor de los equipos que realizan estudios complementarios necesarios para una atención relativamente normal es entre 50.000 y 200.000 U$S en promedio.
En el caso de un quirófano tipo, con un volumen constante de pacientes trabajando de lunes a viernes, el costo de acostar un paciente sin considerar prótesis, medicamentos y descartables, ni salarios del personal que interviene en el acto quirúrgico, asciende a no menos de $350.000.
La segunda causa esta referida al atraso en la actualización de valores o aranceles vigentes, ya que los financiadores sean obras sociales o prepagas, se niegan sistemáticamente a reconocer esta realidad lapidaria para los prestadores..
Sumado a todo esto los plazos de pagos insostenibles de entre 90 y 180 días de diferimiento, que transforman el valor actual de las prestaciones, considerando el valor del dinero en el tiempo y el devenir inflacionario, en cifras insignificantes.
Ejemplo, una de las principales prepagas del país paga la consulta médica en Capital Federal y Gran Buenos Aires $5000, que percibidos a 120 días significan $3960,47.
Del estudio multicéntrico realizado por CAMEOF se establece para un volumen razonable y para amortizar un consultorio básico pagando alquiler, tarifas, impuestos y el sueldo de una secretaria y demás gastos, que la consulta no debería pagarse menos $35.000 sin diferimiento a un volumen dado.
NA