Opinión

Mendoza: gestión, eficiencia y federalismo

La reforma sugerida por el intendente Costarelli representa más que una mera actualización de normas; constituye una chance para mejorar la administración local, incrementar la participación de los ciudadanos, fomentar el desarrollo sostenible en los Municipios y delegar las decisiones, siguiendo el ejemplo del gobierno en el ámbito productivo.

Franco Ambrosini
Diputado provincial de la UCR

Uno de los grandes desafíos que ha enfrentado la provincia en las últimas décadas ha sido la evolución de los municipios, que han pasado de ser simples encargados de cuestiones meramente administrativas y tareas básicas, como el alumbrado, barrido y limpieza, a convertirse en gestores clave de problemáticas mucho más trascendentes.

La administración de Alfredo Cornejo busca dar un nuevo impulso en la federalización de la provincia y concretar finalmente las autonomías municipales y, en este contexto, quien ha tomado la iniciativa para llevar adelante este cambio, es el Intendente Diego Costarelli con su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades, un gran paso en la verdadera transformación que se anhela.

Los ciudadanos quieren municipios eficientes y que sean los encargados de trazar políticas públicas de ampliación de la matriz productiva, optimización de los recursos y fomento del desarrollo local. Esta reforma abarcaría múltiples aspectos clave para modernizar la gestión local y fortalecer la participación ciudadana.

Entre los puntos más salientes, se propondría la incorporación de sistemas de acceso a la información pública en los sitios web municipales para garantizar mayor transparencia y facilitar el control ciudadano sobre la gestión de gobierno.

Además, se adecuaría el acceso a los cargos de concejales, introduciendo una de las leyes insignias de Mendoza como es la de Ficha Limpia, estableciendo una única reelección, ya aprobado también por la Legislatura, con renovación parcial cada dos años para darle un nuevo oxígeno a las instituciones de la democracia.

Otro aspecto destacado en el que se trabaja es la ampliación del período de sesiones ordinarias y la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante, lo que permitirá una mayor capacidad de acción. Se impulsa además, la creación de oficinas para la defensa del consumidor y el desarrollo de planes urbanísticos y turísticos que respondan a las necesidades actuales de los municipios.

De la misma manera, contempla la realización de congresos municipales con participación equitativa entre los representantes de los diferentes departamentos, un aspecto esencial para garantizar igualdad de representación, ya que en la normativa actual la Ciudad tiene mayor peso que el resto, algo que contradice el espíritu federal.

Entre otras reformas clave, se incluye la adecuación de la Ley en relación a la elección del intendente y la duración en el cargo, así como la incorporación de herramientas digitales que faciliten la votación en el Concejo Deliberante, la presentación de proyectos y la publicación de registros municipales.

Por último, se busca fomentar la participación ciudadana mediante mecanismos como la iniciativa popular, fortaleciendo así la democracia y asegurando que las decisiones locales reflejen mejor las necesidades y deseos de la comunidad.

Sería propicio poner en consideración la creación de un Tribunal de Faltas municipal, que permita a los municipios resolver conflictos locales de manera más eficiente.

También podría promoverse una mayor participación de las comunas en la problemática ambiental con órganos propios de control en el juego armónico de la delegación de competencias, desarrollos integrales de planificación urbana, control de ruidos y regulando el transporte público según las realidades y necesidades de cada departamento.

Finalmente, podrían revisarse y fortalecerse las facultades tributarias de los municipios, permitiendo una gestión financiera más autónoma que contribuya al desarrollo local y al bienestar de los vecinos.

Esta reforma que se propone es mucho más que una actualización normativa: es una oportunidad para optimizar la gestión local, fortalecer la participación ciudadana, promover el desarrollo sostenible en cada uno de los Municipios y descentralizar las decisiones como lo está haciendo el gobierno en materia productiva.