La RTO en Mendoza: Un curro político descarado

Desde su implementación en 2018, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza se ha vendido como una medida para mejorar la seguridad vial. Pero la realidad, como tantas veces, demuestra que detrás de las promesas se esconde algo mucho más oscuro: un mecanismo para llenar los bolsillos de políticos y amigos con conexiones en los talleres habilitados. 

Lo que debía ser una política pública para proteger al ciudadano, se ha transformado en una caja de recaudación descarada.

Un Sistema Nacido para Ser Justo (o al menos eso dijeron)

Cuando se implementó la Resolución Nº 106 en 2018, el gobierno de Mendoza estableció con claridad que el costo de la RTO estaría basado en Unidades Fiscales (UF), y que el único ajuste permitido sería el valor de estas UF, revisado anualmente según la inflación. Para un vehículo liviano, se fijaron 74 UF. Todo sonaba razonable y justo, al menos en el papel. Pero, ¿qué pasó luego?

El Truco de la UF: Aumentar lo que se les Cante

Avancemos al año 2023, cuando la RTO para un automóvil se calculaba en 150 UF a un valor de $57 por UF (con IVA incluido). Eso representaba un costo total de $10,345.50. Ya no era barato, pero aún era manejable.

Sin embargo, en enero de 2024, el valor de la UF se disparó a $127, llevando el costo de la RTO a $23,050 más IVA, sin cambiar la cantidad de UF. Pero como si eso no fuera suficiente, para octubre de 2024, el número de UF se eleva a 202 UF, lo que lleva el costo final a $31,041 más IVA. Un aumento nominal del 200% en menos de un año.

Es decir, no solo suben el valor de las UF como corresponde por ley (aunque de manera desmedida), sino que también cambian a su antojo la cantidad de UF que se deben pagar, violando descaradamente las propias reglas que impusieron en 2018. ¿Y quién paga el pato? Nosotros, los mendocinos.

Exigencias Ridículas, Calles Detonadas

Lo más irónico de todo es que mientras nos exigen pasar por la RTO para garantizar una supuesta "seguridad vial", el gobierno sigue sin hacer su parte. Las calles están llenas de pozos, sin luminarias, y no hay un control policial ni municipal digno. Pero claro, exigirnos a los ciudadanos una revisión técnica cara, eso sí lo pueden hacer.

¿De qué sirve tener el auto en perfectas condiciones si las calles parecen campos minados? Es como si nos obligaran a cuidar la estética de un edificio mientras se desmorona a nuestro alrededor. La prioridad no es la seguridad: es el dinero.

Multas Leves que Quieren Convertir en Graves (Y por qué)

Como si fuera poco, los talleres de RTO no solo se llenan los bolsillos con las revisiones, sino que presionan para que las multas por no cumplir con la RTO pasen de ser leves, de unos $7.000, a graves, con cifras que superan los $90.000. Todo un chiste si no fuera porque está diseñado para forzarnos a cumplir bajo amenazas. Si no hacemos la RTO, nos enfrentamos a multas descomunales. ¿Te suena como algo razonable o más bien como una extorsión legalizada?

El Negocio Detrás de la Seguridad Vial

El sistema de la RTO, más que proteger la seguridad vial, protege los intereses de una red política y económica que ha distorsionado su propósito original. Detrás de cada centro de revisión hay conexiones políticas, un secreto a voces en Mendoza. Lo que comenzó como una medida preventiva, ahora es un lucrativo negocio que, sorpresa, beneficia siempre a los mismos.

La Caja Política que Todos Conocen

La RTO en Mendoza es más que un simple trámite: es una caja política disfrazada de medida de seguridad. Los conductores mendocinos estamos obligados a pagar por una revisión que sube de precio cada año de manera desproporcionada. Todo esto mientras el valor de la UF y las unidades necesarias para la revisión se ajustan de acuerdo a la conveniencia del día. Y, por si fuera poco, ahora nos amenazan con multas descomunales si no cumplimos.

La Resolución Nº 106 de 2018 fue clara: no se podían cobrar más UF de las establecidas en ese momento. Pero, como era de esperarse, el gobierno de Mendoza viola sus propias leyes con tal de recaudar más. Porque eso es lo que realmente les interesa, recaudar, no mejorar nuestras calles ni garantizar una conducción segura.

Conclusión

La RTO en Mendoza es un ejemplo perfecto de cómo las políticas públicas pueden ser manipuladas para servir a intereses privados. Los datos son claros: el aumento desproporcionado en la cantidad de unidades fiscales y el valor de las mismas no se justifica por la inflación ni por los costos operativos. Esto no es una medida de seguridad vial, es un curro. Es hora de que alguien ponga la lupa sobre este sistema corrupto que nos afecta a todos, mientras seguimos esquivando pozos y rezando para no toparnos con una multa de 90 mil pesos por no pasar la RTO.