Qué medidas tomará el gobierno nacional frente al pronóstico de crisis energética del verano

La Secretaria de Energía acelera la puesta a punto del "Programa de Emergencia Verano 2024/2025", la iniciativa con la que aspira a gestionar el pico de demanda de energía en el período estival. El objetivo es reducir las probabilidades de que se registren cortes masivos de electricidad entre diciembre de este año y marzo de 2025.

El texto funciona como un marco general para implementar una serie de medidas en distintos niveles con vistas a coordinar el funcionamiento del sistema eléctrico durante los meses de calor.

La preocupación de la administración de Javier Milei responde a la fragilidad del sector eléctrico argentino en todos sus segmentos: generación, transporte y distribución. La realidad es que cuando la demanda se acerca a los 30.000 megawatt (MW), la Argentina depende de que Brasil pueda enviar hacia nuestro país 2200 MW -y sumar algo más de potencia desde Uruguay, Paraguay y Chile- para cubrir el pico de consumo. A raíz de eso, Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, publicó un informe en junio, que advierte que podría haber cortes masivos en el verano porque faltaría energía para cubrir los picos consumos.

Según publica el sitio especializado EconoJournal, la resolución que prepara el gobierno propone tres acciones concretas:

1) Se otorgará una remuneración adicional a las empresas generadoras de plantas termoeléctricas -Pampa Energía, Central Puerto, AES, YPF Luz, MSU Energy y Albanesi, entre otras- como incentivo para mejorar la disponibilidad de máquinas viejas durante los próximos tres años. Es una medida para elevar la confiabilidad de las centrales que componen el parque de "generación forzada", a fin de que los privados tengan un incentivo económico para poner en condiciones a máquinas turbo-vapor, motores y turbinas de gas de alta antigüedad, que tienden a fallar y a romperse con mayor asiduidad que las máquinas más modernas que se instalaron en los últimos 15 o 10 años.

2) Se ofrecerá una compensación económica -expresada en dólar por megawatt por hora (MWh)- para los grandes usuarios de electricidad -grandes industrias siderúrgicas, metalmecánicas, acereras y petroquímicas, entre otras- que estén dispuestas a cortar su consumo de energía durante días de mucho calor.

3) Se promoverá la instalación de unidades de generación móviles (UGEMS) en las redes de distribución de Edenor y Edesur, las dos distribuidoras que permanecen bajo jurisdicción nacional. El Estado se hará cargo del costo del combustible que consumirán esos equipos, que serán operadoras por las distribuidoras. Habrá que ver qué mecanismo se establece para que el ente regulador (ENRE) pueda determinar con exactitud cuánto gasoil consumieron en las UGEMS que instalen las dos mayores distribuidoras eléctricas del país.

Más confiabilidad

El esquema sobre el que trabaja el Ejecutivo prevé el pago de una remuneración adicional -tanto en concepto de potencia como de energía- para las generadoras que opere centrales enroladas en lo que se conoce como ‘generación forzada', es decir, máquinas térmicas viejas y -por lo tanto- más caras. Son equipos que muchas veces, si la remuneración que paga el Estado bajo el paraguas de la resolución 95 de la Secretaría de Energía no es atractiva, son dejadas fuera de operación o directamente desmanteladas por los privados frente a la imposibilidad de cubrir los costos que requieren su reparación y mantenimiento. "Es una medida que busca garantizar la disponibilidad de entre 300 y 500 MW que, de otra manera, muy probablemente estarán fuera de servicio este verano y en el peor de los casos, busca asegurar la potencia siga cayendo", indicó un técnico del sector.

Según datos de Cammesa, la generación térmica limitada o indisponible en la actualidad suma 6.590 MW, de los cuales hay 1.618 MW de máquinas turbovapor (TV); 2.512 MW de usinas de turbogas (TG); 1.750 MW de ciclos combinados (CC); y 710 MW de motores diésel (DI).

Fuentes del área energética del gobierno indicaron que se está definiendo el importe de la remuneración extra que se ofrecerá a las generadoras y agregaron que la medida tendrá un costo fiscal de alrededor de alrededor de US$ 120 millones por año.

En un despacho oficial aceptaron que "tenemos que sumar lo que sea". "Cuando la demanda supere los 30.000 MW vamos a estar complicados", admitieron. El número no es casual, ya que el 1° de febrero de este año la Argentina tuvo el récord histórico de demanda de energía cuando llego a consumir29.653 MW a las 14.48.

Esa condición de endeblez del sistema -que es estructural y se explica por años de desinversión en el sector- se acrecentó este año como resultado de: 

a) el crecimiento de la instalación de equipos de aire acondicionado y enfriamiento, que se expande de manera parcialmente inelástica frente a la evolución de la economía (es decir, sigue aumentando pese a la recesión económica);

 b) la salida de funcionamiento de Atucha I, que aporta 362 MW a la base de generación térmica y dejará de operar a fin de mes para encarar los trabajos de extensión de vida útil pese a que el gobierno analizó postergar esa decisión para después del verano a fin de contar con la usina atómica durante el período de mayor demanda estacional de energía; 

c) el desmantelamiento de máquinas viejas ubicadas en centrales estratégicas para abastecer el consumo del Gran Buenos Aires (GBA); y 

d) la inexistencia de un plan de ampliación del segmento de generación por parte de la Secretaría de Energía, que canceló la licitación de TerConf  lanzada por el gobierno anterior para ampliar el parque termoeléctrico-, pero que aún no definió ningún esquema para expandir la potencia instalada en el país.

Frente a ese escenario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene un punto cuando argumenta que es probable que se registren "cortes programados de electricidad" -un concepto que en el imaginario social todavía rememora a las interrupciones rotativas aplicadas por el gobierno de Ricardo Alfonsín en 1989- como consecuencia de la falta de inversión durante el gobierno de Alberto Fernández. 

EconoJournal