Conflicto gremial

Privatización de Aerolíneas Argentinas: qué empresas están en conversaciones con el gobierno

Los gremios de transporte en todas sus modalidades se encontraron para rechazar la privatización de Aerolíneas Argentinas y podrían realizar un paro para paralizar la circulación. En tanto, el gobierno dejó trascender con qué empresas está tratando para pasarles la operación.

La tensión por el conflicto que mantiene el gobierno libertario con los 5  gremios aeronáuticos que afecta a la empresa Aerolíneas Argentinas sigue escalando y habrá nuevas medidas de fuerza. De hecho, ayer como respuesta al anuncio de abrir la operación a compañías de otros países,  los gremios del transporte se reunieron para rechazar la privatización de Aerolíneas Argentinas.

En ese encuentro se anticipó un paro de todo el transporte para apoyar a los aeronáuticos. Entre los referentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt) participaron el anfitrión, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Omar Maturano (La Fraternidad); Mario Caligari (UTA); Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros); Juan Carlos Schmid (Fempinra); Pablo Biró (APLA), y Raúl Durdos (SOMU). Es decir, volvieron a coincidir en su estrategia después de más de una década de distanciamiento los camioneros de Moyano con los colectiveros de la UTA, el influyente gremio que lidera Roberto Fernández. Además, se sumó el ferroviario Maturano, otro dirigente que había tomado distancia del moyanismo.

Por su lado, el gobierno también movió sus fichas y dejó trascender con qué empresas está conversando para ceder las operaciones de Aerolíneas Argentinas:

Avianca (Colombia), Latam (Chile) y Azul Líneas Aéreas (Brasil)

, además de un grupo de empresarios locales. 

Por supuesto, que asume que la privatización no es un proceso sencillo ya que requiere la aprobación del Congreso, y un intento reciente de incluir a Aerolíneas en la lista de empresas privatizables fue rechazado por la oposición. Pese a esto, el gobierno sigue explorando la posibilidad de ceder la operación de la aerolínea estatal

Por eso, además de esto, en el Gobierno deslizaron otra posibilidad. Según comentaron, otras compañías podrían contar con ciertas facultades para realizaron operaciones en vuelos de cabotaje de Aerolíneas amparados en las medidas de desregulación que se aplicaron sobre el mercado aerocomercial y la llamada política de "cielos abiertos" que quedó instrumentada en el mega DNU.

El encuentro entre los referentes de la Confederación Argentina de 

Sobre esa disposición, el economista especializado en transporte, Rafael Skiadaressis, explicó que con el decreto 70/2023 se eliminó la prohibición a empresas extranjeras de tomar pasajeros o carga para transporte a otro punto del país, así como se permitió el uso de aeronaves con matrícula extranjera si existe reciprocidad. También estipuló que la Argentina fomentará el libre acceso recíproco a los mercados aerocomerciales y la conectividad entre operadores nacionales y extranjeros.

"La desregulación que se lleva a cabo formalmente implica que aeronaves de bandera y tripulación extranjera puedan realizar operaciones de cabotaje irrestrictas en el país. Lo que en verdad se flexibilizó es la solicitud de rutas para operadores locales (por ejemplo, Flybondi o todo aquel que entre al mercado argentino) y se va a progresivamente permitir que aeronaves con tripulación extranjera operen en el cabotaje local", describió Skiadaressis.

Sin embargo, el especialista advirtió que esa "apertura" hacia otras firmas no es inmediata. "Implica solicitar un permiso a la ANAC, aunque todo indica que el otorgamiento de permisos de operación será más ágil, ya que antes el trámite era más engorroso", reflexionó.

Cómo está la situación financiera de Aerolíneas Argentinas 

Por estas horas, el proyecto que más fuerza tiene es el que presentó el diputado del PRO, Hernán Lombardi, que básicamente establece que Aerolíneas Argentinas pueda declararse "sujeta a privatización".

El Gobierno no solo defiende la idea de privatizar las empresas públicas porque considera que se debe avanzar en una tarea de "saneamiento fiscal", sino que además cree que no es función del Estado administrarlas. En este sentido, de acuerdo a las últimas cifras difundidas por la Oficina de Presupuesto, en el segundo trimestre del año, mostró un déficit financiero de $255.855,8 millones. Asimismo, la empresa recibió $58.732,7 millones en transferencias del Tesoro, destinados a su plan de reducción de personal.

na/infobae/tn

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