Distrito Minero Malargüe: Fiscalía de Estado rechazó denuncias de ambientalistas

El Fiscal de Estado, Fernando Simón rechazó por "improcedente" las denuncia realizada por el exfuncionario de Ambiente Eduardo Sosa sobre la falta de publicación de los informes de impacto ambiental realizados respecto al Distrito Minero Malargüe y que lo tuvo a cargo, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo.

El pedido de investigación realizado ante la  Fiscalía hacía incapié en que  Impulsa no había publicado en el Boletín Oficial la resolución con los resultados  del estudio técnico de la evaluación de impacto ambiental sobre los 34 proyectos del Distrito, lo que iría en contra del acceso a la información pública ya que falta"una descripción del proyecto y el ecosistema en que se haría la actividad".

Además, Sosa cuestionó que se hubiera pedido "un estudio general para un área muy extensa con una simulación de posibles combinaciones simultáneas de hasta 8 proyectos de un total de 33 en estudio, lo que no atiende la especificidad de cada proyecto".

Pero no fue la única denuncia que analizaron en la Fiscalía, ya que también ingresaron otras dos, una de ellas había juntado 24 firmas, por irregularidades en el único informe de impacto ambiental de todos los proyectos mineros que abarcan una extensión de 20 mil km2, localizada en la misma faja geológica que alimenta los grandes yacimientos de cobre de Chile.

Sosa también marcó que dentro de ese polígono "existen áreas naturales protegidas" lo que a su entender exige un dictamen del Iadiza, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas.

Los argumentos con los que el fiscal de Estado rechazó las denuncias 

En un extenso documento de 30 páginas, el fiscal de Estado fue rechazando uno a uno los planteos de los denunciantes.

Ratificó, con links de las publicaciones de la Dirección de Minería, que la resolución que dio inicio al estudio del impacto ambiental que inició la UNCuyo de los proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental es de acceso público y se difundió el 31 de julio pasado; detalló uno a uno los informes de impacto ambiental de cada uno de los 34 proyectos presentados, cumpliendo así lo exigido en el decreto 820/06.

También refutó el reclamo por el acceso a la información necesaria para que cualquier ciudadano pudiera participar de las audiencias públicas por esos proyectos mineros: "Se están impulsando diversas medidas para facilitar el acceso a la información, agilizar e incrementar la transparencia y accesibilidad. Esto se logra mediante el uso de herramientas tecnológicas que permiten el acceso remoto y el seguimiento efectivo de la actividad administrativa", marcó Simón en su informe.

Las conclusiones 

El Fiscal de Estado, Fernando Simón advierte que si bien admitió que dentro del polígono del Distrito Minero figuran las áreas naturales protegidas de Cavernas de la Brujas, Castillos de Pincheira y parcialmente la Estación Malargüe, destaca que según el informe de la Dirección de Minería, ninguno de los proyectos se superponen con esas áreas. Y resaltó que si hubiesen divergencia de coordenadas, serán el Iadiza y la Áreas Protegidas quienes tendrán que ratificarlo.

Por todo eso, Simón concluyó en su dictamen que: "Las denuncias en trámite han sido prematuras, en cuanto se dirigen a un procedimiento de impacto ambiental en curso, en el que no se han sustanciado aún los informes técnicos y sectoriales, ni han sido recepcionadas las observaciones ciudadanas que pueden surgir en la instancia de participación convocada".

Y por lo tanto, al ser prematuras dichas denuncias, no se pueden encuadrar en situaciones justiciables.