Seis meses del plan minero de Cornejo: lo que se avanzó, lo que hace ruido y lo pendiente

A principios de marzo el gobernador Alfredo Cornejo lanzó su plan de desarrollo minero -sin tocar la Ley 7.722- basado en dos proyectos que anunció durante su visita al PDAC de Toronto. En la feria minera más grande del mundo dio a conocer su apuesta y, al cumplirse seis meses, se apuran los objetivos y ya se definió la forma que quieren darle a la relación del Estado con la industria minera en Mendoza.

En marzo de este año se anunció el nuevo Código de Procedimientos Mineros, el cual se complementa con Malargüe Distrito Minero Occidental, el plan para autorizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de exploración de 34 propiedades mineras en el departamento de Malargüe.

El primero de los proyectos, fue aprobado en la Legislatura de Mendoza, aunque con más inconvenientes de los que esperaban en Casa de Gobierno y viéndose obligados a tocar el texto que originalmente llegó a la Casa de las Leyes. La piedra de tope era la eliminación del Consejo de Minería y el rol de la sociedad anónima para la promoción y el desarrollo minero que se creó bajo la gestión anterior.

Las Leñas está lleno de gente, pero nadie esquiando

La promesa y justificación para el cambio de todo el código fue la agilización de los procesos administrativos, mayor control y terminar con la  supuesta "especulación inmobiliaria". Se apuntó contra la Dirección de Minería como una repartición ineficiente, pero sin recordar que durante 17 años tuvo muy poco presupuesto y estuvo abandonada. Como ejemplo emblemático, recordemos que para promoción minera se destinaba menos dinero que para los vestidos de las reinas de la Vendimia.

En lo concreto, con la nueva ley se cambió la autoridad minera, pasando desde el Consejo a la figura del director de Minería. Además, se incluyó Impulsa Mendoza Sostenible SA como eje principal de un proceso de licitación para la adjudicación, o no, de propiedades mineras disponibles. Son justamente la dirección y la sociedad anónima, los dos actores que se vieron potenciados y empoderados a partir de la reforma aplicada.

El timón del barco

El plan minero de Cornejo fue heredado, pero tuvo el visto bueno del gobernador para su avance. Cada detalle de lo que se está haciendo en materia minera viene siendo diseñado hace más de un año, mucho antes del inicio del segundo período del gobernador. Lo mismo con la sociedad anónima que se creó en la administración de Suarez para la promoción minera y que, a partir de la reforma del Código de Procedimientos, es parte y actor activo del modelo minero mendocino. Pero no sólo eso, hay que recordar que, además, controla las acciones de Mendoza en Potasio Río Colorado y maneja lo que va quedando de los US$30 millones que dejó Vale cuando entregó el yacimiento malargüino.

De hecho, Impulsa Mendoza también es clave en el segundo proyecto del plan de Cornejo. Fue la encargada de diseñar Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), desarrollarlo, pagar el informe de impacto ambiental y reunir las propiedades cuyos dueños finalmente firmaron su adhesión al distrito.

El diseño de MDMO considera el proyecto El Seguro (propiedad de Impulsa SA) como punta de lanza del informe de impacto ambiental que ingresó a la evaluación de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental. A ese informe se sumaron, como anexos, 33 propiedades mineras.

Tras la resolución de inicio de los primeros días de julio se avanza con los informes sectoriales con rapidez. El deseo del Ejecutivo es tener una Declaración de Impacto Ambiental durante agosto, para luego seguir el camino de la ratificación legislativa que establece la Ley 7.722. El objetivo principal es superar el filtro político y que los 34 proyectos estén habilitados antes de que llegue la primavera, estación del año en la cual ya se puede acceder a las zonas donde están los cateos que incluye MDMO.

Los 34 primeros

Si superar el filtro político que pone la Ley 7.722 es complejo, lo que viene después de no será fácil y habrá tropiezos. Lo más difícil de las etapas de prospección y exploración avanzada, es que la mayoría de los proyectos que se iniciarán no darán la ecuación para seguir adelante.

En esta etapa de exploración inicial o avanzada, la clave es conseguir la mayor información y respaldo de estudios para iniciar el largo proceso de desarrollo de un proyecto minero. La mayoría de las propiedades que forman parte del distrito malargüino necesitan de un mayor nivel de información y estudios para que puedan ser consideradas por los futuros inversores.

Hoy, gran parte de las propiedades de MDMO tienen poca información y estudios, algo que confirmó el mismo informe del Plan Pilares. El documento destacó que, entre las debilidades que tiene Mendoza, está lo subexplorado del territorio. Por eso, en el caso tengan luz verde de la Legislatura, la mayoría de las propiedades debería iniciar procesos de prospección o exploración inicial, pensando en la posibilidad de sondajes recién en una segunda campaña.

Si vamos a los 34 primeros, los que tienen mayor información son los que están en manos de la firma Agaucu, pero por una cuestión que resulta casi lógica. Se trata de una sociedad formada por geólogos con miles de kilómetros de cordillera recorridos. Exploradores que trabajaron en el desarrollo de proyectos hasta que se frenó la actividad con la Ley 7.722.

De hecho, El Seguro, punta de lanza del informe de impacto ambiental de MDMO, es una propiedad que ellos vendieron a Impulsa. La clave para lograr negociar una propiedad es la cantidad de información con la que cuentan. Como geólogos, y fundamentalmente exploradores, saben lo que se necesita para que se pueda arrancar con una exploración avanzada. Por eso, tampoco es casualidad que de las cuatro propiedades con las que adhirieron al distrito, dos (Minue y Cerro de la Virgen) ya estén en proceso de traspaso porque fueron adquiridas por Wincul SA, compañía que ya perforó cuatro pozos en Cerro Amarillo y que prepara su segunda campaña en la cordillera malargüina.

Del resto de las propiedades, las que posee la firma china Hanaq podrían ser las que, por experiencia y respaldo, podrían avanzar en una primera campaña de exploración en la primavera o el verano próximos. Eso, porque se trata de una firma activa en el país y con los equipos técnicos necesarios para este tipo de procesos.

Por cantidad y por su conformación, lo que puede generar más incertidumbre respecto al avance en recopilación de información, son las propiedades que tiene Apeleg SA. La compañía que formó el reconocido contador, exsíndico de PRC y parte de la línea del directorio de Impulsa, Julio Pulisich. En total tiene 19 propiedades y una sociedad que, justamente en julio, recién cumplió un año desde su creación.

Avanzar con prospección o exploración de 19 propiedades en paralelo implica una inyección de recursos muy grandes. Especialmente si consideramos que -por lo menos en los papeles- la sociedad se formó con un capital de sólo $500.000. Igualmente, no hay que descartar que en estos casos (y más con las DIAs aprobadas), se confirme la presencia de socios o inversores que financien estudios, algo natural en el desarrollo de proyectos mineros. De hecho, Pulisich y su estudio contable, son reconocidos en el sector y pueden tener perfectamente el nivel de contactos necesarios.

Una vez que se apruebe la DIA de MDMO (algo que se da por descontado), y luego siga el camino al aval legislativo, habrá que poner mucha atención en el avance que tengan las propiedades, una cuestión que resultará clave para pensar en el desarrollo de exploraciones avanzadas en los próximos años. De los 34, y basados en la estadística, habrá un número importante que puede quedar en el camino en un primer intento exploratorio.

¿Por qué un distrito minero?

La razón de fondo para avanzar con la idea de un distrito minero con las características del diseñado por Impulsa Mendoza, es el escollo que significa la Ley 7.722 y, especialmente, el filtro político que significa el paso por la Legislatura para obtener un visto bueno.

Se avanza con estas ideas alternativas porque la política no ha podido resolver un problema que la misma política generó hace casi dos décadas y que terminó con la instalación de una ley como la 7.722. En el resto del mundo y el país, cada propiedad avanza gracias al empuje que ponen los privados y se deja fluir el negocio minero en su estado natural.

Aunque pareciera que está prohibido nombrarla, todo lo que vemos como plan de desarrollo minero tiene su razón de ser en la norma antiminera. Después del intento fallido del 2019 y la derogación de la Ley 9.209, se determinó no tocar la 7.722. De hecho, se cambió el discurso señalando que la ley no prohíbe la minería, pero eso obliga a "buscarle la vuelta" para intentar arrancar con lo más básico, algo casi de rutina en los países mineros.

Guste o no, la ley es un problema y genera ruido. Si bien el actual gobierno, por el número de representantes que tiene en amba cámaras legislativas, podría asegurar el paso de un proyecto exploratorio, nadie puede decir lo mismo del futuro. Eso, sumado a que las decisiones que se toman en torno a la minería no tienen nada que ver con aspectos técnicos y como nunca fue reglamentada, cada legislador interpreta como quiere la ley que obliga a llevar la discusión en torno a una industria con elevados estándares técnicos a un ring político.