Hablemos de la cárcel

En la entrada anterior nos hacíamos la pregunta qué hacer con las cárceles, y describimos las tres miradas existentes sobre el mismo problema: a) la cárcel como un mecanismo de intimidación a delincuentes motivados, e inmovilización de los delincuentes encerrados en ella, b) la cárcel como institución resocializadora o de rehabilitación de la persona privada de la libertad para reintegrarse a la sociedad, y c) la negación de la cárcel como institución penal, y vista solo como mecanismo de poder de la clase dominante sobre la clase dominada.

Decíamos también que nuestro país adoptó el segundo modelo, es decir, concibe el sistema penitenciario como una institución de rehabilitación de la persona privada de la libertad. Pero también dijimos que en la actualidad no se está cumpliendo con ese objetivo (o al menos no lo hace eficientemente). Y es esta percepción social mayoritaria que se tiene del sistema: que no cumple con el objetivo para lo cual se creó, lo que la lleva a perder rápidamente su legitimidad. Esto la llevará antes o después a que la sociedad busque otra institución con que reemplazarla. No nos está pasando solo con el sistema penitenciario, también con muchas otras instituciones democráticas que parecieran estar más dedicadas a mantener sus propios privilegios que a satisfacer los de la ciudadanía.

Generalmente nos hacemos una idea sobre un determinado hecho y a partir de esa idea construimos una hipótesis que solo podemos validar mediante la comparación. En nuestro caso existe dos sectores sociales con ideas completamente enfrentadas. Hay un sector que ante los problemas de inseguridad estima que es necesario una mayor punibilidad penal, esto es mayor inmovilización e intimidación, ergo mayor encierro. El otro sector, quienes plantean que la derecha argentina ha utilizado el sistema carcelario como mecanismo de represión y control de las clases populares, ha llevado el número de encierros a niveles inaceptables, motivo por el cual habría que proceder a la liberación de presos, esto más allá de la coyuntura del Covid 19.

Que nos dicen los números y su comparación. La Argentina tenía en el 2018 (último año con los datos estadísticos) 213 internos cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con EE.UU. (655) estamos muy por debajo de encierros. Por el contrario, si lo comparamos con países europeos: España (127), Francia (104), Italia (100) y el Reino Unido (139) estamos muy por arriba de ellos. Quizás una comparación más adecuada podría hacerse con los países latinoamericanos. Chile (233), Uruguay (295), Brasil (234), Colombia (244), Cuaba (510), Nicaragua (332) y Venezuela (178).

Los números globales reflejan una gran variación que no nos ayudan a llegar a conclusiones firmes. EE.UU. es el país con mayor número presos, y en donde con mayor convicción se aplicó el modelo impulsado por los gobiernos neoconservadores durante la década de los 90 de inmovilización e intimidación, pero la inseguridad dista mucho de ser la que gozan los países europeos que tienen las menores tasas de encierro de occidente, y comparten el paradigma de la resocialización.

Con los países latinoamericanos como Chile, Brasil, Colombia y Uruguay compartimos similares tasas de encierro, y la situación de inseguridad ciudadana entre estos no son muy diferentes en términos generales a la nuestra, aunque cada uno de estos tiene problemáticas muy particulares en algunas de sus ciudades más importantes (Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá). Nos quedan también los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela que comparten entre ellos la posición abolicionista penal bolivariana, aunque los casos de Cuba y Nicaragua, más allá de los discursivo, son los países latinoamericanos con mayor tasa de encierro, esto con la particularidad de que mientras que en Nicaragua la inseguridad se ha convertido en un verdadero drama, en Cuba la inseguridad, al menos por lo que sabemos, no es un gran problema. El caso de Venezuela es la excepción de cualquier regla pues, según sus datos, la tasa de encierro es una de las más bajas de la región, lo que nos hace pensar que el modelo abolicionista penal se encuentra fuertemente arraigado, pero a la vez los niveles de violencia e inseguridad no tienen hasta el momento límites, y ha llevado a al país a la peor crisis de inseguridad conocida, siendo el país con mayor número de muertos por causas violentas. Lo que no podemos dejar de mencionar es que estos tres últimos países se caracterizan por tener presos políticos.

Una primera conclusión nos permitiría afirmar que el mayor número de personas privadas de la libertad no significa una mejora cualitativa en términos de seguridad ciudadana. Y al parecer si tomamos la experiencia europea llegaríamos a la conclusión de que el camino a seguir es el de la resocialización, que es en definitiva el que nos marca la ley 24.660 de ejecución de la pena de privación de la libertad, aunque es claro de que en nuestro país no ha dado los resultados obtenidos en el continente europeo. Y es razonable que sea así, pues ya hace muchos años, decidimos abandonar Europa como modelo de desarrollo político, económico y social. No obstante, esto último, también existen otros temas que debemos considerar, por ejemplo, la sobrepoblación penitenciaria que estaría llegando a un 22% en nuestro país. La pregunta que nos deberíamos hacer entonces es si tenemos muchos presos, como argumentan los partidarios del abolicionismo penal, o por el contrario tenemos pocas cárceles. Evidentemente el sistema carcelario argentino ha sufrido el mismo problema que el resto de la infraestructura pública (y privada) que es la desinversión. Salvo honrosas excepciones como la de Mendoza (aunque siga siendo insuficiente), el país no ha realizado las inversiones que debería haber realizado para sostener un número de presos que a nivel regional está por debajo de la media, incluso por debajo de los países que sostienen el discurso abolicionista. La infraestructura es el primer elemento que debe tenerse en cuenta al momento de plantearse la reinserción. Si no hay infraestructura carcelaria no hay posibilidades de resocialización.

Hay otros datos importantes como la situación laboral de los detenidos al momento de ingreso al sistema. El 43% dice ser desocupado y el 39% subocupado. Esto significa que el 82% que ingresa al sistema tiene problemas laborales, lo que seguramente se encuentran vinculados a falta de formación educativa y/o de un oficio. A pesar de estos datos solo el 22% de los presos participó durante el año 2018 de algún programa de capacitación laboral; mientras que en materia educativa los porcentajes no son mucho más alentadores: a pesar de que el 67% de los que ingresan al sistema tiene estudios primarios, sólo el 48% participó de algún programa de educación formal o no formal dentro del sistema. Un tema para estudiar es ver a quienes captura el sistema de justicia.

A la falta de infraestructura y las deficiencias en los programas de capacitación laboral y formación educativa hay que añadir otras situaciones que deben ser revisadas como son los gabinetes psicofísicos y de evaluación de conductas para acceder a los beneficios que otorga la ley, ya que solo el 5% de los condenados accede, por ejemplo, al régimen de semilibertad. Las deficiencias del sistema son el combo perfecto para que la reinserción se convierta en una panacea, algo de cumplimiento imposible, motivo por el cual es casi un milagro de que solo tengamos un índice de reincidencia del 25%, que seguramente es bajo por la incapacidad del sistema penal de identificar, detener y condenar al autor de un delito, índice que esta por debajo del 1%. Por otro lado, si aumentáramos la eficiencia del sistema de justicia no había ya donde "depositar" a los presos.

Confunde y hace daño cuando se trata de poner en el mismo pie de igualdad el abolicionismo penal con las penas alternativas a la privación de la libertad. No todo delincuente debe ir preso, lo que no significa que no deba cumplir una condena. En otros países es más común la aplicación de lo que se conoce como probation. El problema que estamos teniendo es que no existe, o existe, pero no funcionan, los organismos destinados a hacer un verdadero seguimiento de las personas que, o están gozando de un régimen de semilibertad o salidas transitorias, o que han recibido alguna condena alternativa a la privación de la libertad. En Inglaterra hay un agente cada 35 personas en esta situación, y en España uno cada 55. Se hace un seguimiento excautivo que va desde averiguar la junta con la que se rodea, la búsqueda de trabajo, las adicciones, o la relación con la familia, entre otros aspectos, y cualquier violación a estas normas le significa la pérdida del beneficio. Este trabajo en Argentina no se realiza.

Párrafo aparte

Durante esta semana me consultaron en varias oportunidades mi opinión en relación con la liberación de presos que se realizó en provincia de Buenos Aires y el Sistema Federal. Lo cierto es que la situación de la pandemia obligó a todos los países a liberar presos como forma de descomprimir lo que se entiende son un ámbito de contagio ideal para que mueran miles de personas. No tomar en cuenta esta situación es casi como habilitar la pena de muerte en forma enmascarada. Se estima que en EEUU la disminución de presos alcanzado un 20%, Italia 6.000, España 3.000 y la lista puede ser mucho más extensa, pues ha sido las Naciones Unidas las que han "recomendado" que "su situación debería tratarse de manera concreta en la planificación y respuesta a la crisis", pero sólo en Italia hubo protestas por la liberación de unos 300 cabecillas de diferentes mafias, y en Argentina ocasionó grandes protestas.

¿Qué paso en Argentina? Desde mi perspectiva nuevamente la picardía criolla, la trampa, el juego subrepticio se metió en la política. Si bien es cierto que la mayor parte de los países liberaron presos, también lo es que establecieron previamente las normas que definían un marco muy preciso de actuación y que marcaban las condiciones de quienes podían verse beneficiados. Trabajaron en la "planificación y respuesta a la crisis" que recomendó las Naciones Unidas para no agregar más angustia a la ya existente en ciudadanía. Así, salieron solo los que cumplían con las condiciones que previamente se habían estipulado y acordado. Acá confluyeron los fundamentalistas ideológicos que bregan por el abolicionismo penal que venía operando por la liberación de los delincuentes desde el mes de diciembre, cuando aún no se sabía la magnitud de la pandemia (Zaffaroni a la cabeza, la gente del CELS con Verbitsky, y la Comisión por la Memoria), por otro lado el oportunismo de la gestión, encabezado por el gobernador de Buenos Aires Axell Kisillof y su Ministro de Justicia Julio Alak, que vieron la oportunidad para evitar las necesarias inversiones en nuevas cárceles vaciando las ya existentes. Y finalmente los que pretendieron aprovechar también la pandemia para favorecer a los amigos detenidos por corrupción, o compañeros con capacidad de "calle" (barras bravas, sindicalistas, punteros, etc.), mano de obra siempre predispuesta a colaborar en la causa. El problema que para semejante obscenidad no podía hacerse de la misma manera con la que se hizo en los otros países: establecer la norma y definir el marco. Si lo hubieran hecho como como se hizo en otros países no tenían posibilidad de salir los amigos que se quería que salieran. Con la ayuda inestimable de un juez siempre amigo todo hubiera salido bien. Pero el cisne negro apareció: la ciudadanía sospecho de la tramoya, se enojó, y lo evitó.