Mendoza: Competitividad y acciones prioritarias

La economía argentina no funciona bien desde hace años. La última década se caracterizó por el estancamiento, la alta inflación, la imposibilidad de crear empleo privado formal en cantidad suficiente y por un sector público que se expandió a expensas del sector privado. En los últimos 12 años la economía argentina creció apenas 0,5% en términos reales y Mendoza un 1,8%. El impacto sobre el ingreso por habitante fue directo y se refleja en los niveles de pobreza actuales: 41,7% y 47% para Argentina y Mendoza respectivamente. Argentina necesita volver a la senda del crecimiento. Para ello debe enfocarse en mejorar la productividad y la competitividad de su economía. Los países más productivos y competitivos son también los más prósperos, en los que sus ciudadanos alcanzan elevados niveles de bienestar.

Una macroeconomía previsible es el primer paso y es responsabilidad del Estado asegurarla, pero no alcanza para crecer. Además, es necesario avanzar en reformas estructurales que impulsen la productividad y reduzcan el costo argentino. La capacidad de la economía para crecer y crear riqueza depende de las condiciones que tenga el sector privado para invertir y producir más, exportar y generar empleo. Un Estado hipertrofiado ahogó al sector privado con impuestos altos y distorsivos, regulaciones innecesarias, exceso de burocracia, distorsiones en los mercados (de divisas, comercio exterior y energía por nombrar algunos), además de competirle deslealmente por el financiamiento disponible. Mientras el empleo asalariado público creció 36% entre 2012 y 2024, el empleo asalariado privado lo hizo apenas 4%. En 2022 Argentina registró 13,5 empresas activas cada 1.000 habitantes, un número bajo comparado con otros países que, además, se ubica 13% por debajo del de 2012. La carga tributaria de Argentina está entre las más altas de la región (29,1% vs. 21,7% del PIB) pero, aún así, no alcanza a financiar un gasto público consolidado del 40% del PIB (promediaba el 30% entre 1980 y 2005). Es un gasto público muchas veces ineficiente, cuya ineficiencia técnica (7,2% del PBI) es, según un trabajo del BID, la mayor de América Latina (que promedia 4,4% del PIB)-. El déficit fiscal resultante provocó una inflación crónica, fruto de la emisión espuria de dinero que lo financió.

Un Estado austero y eficiente en todos sus niveles, equilibrado y financiable por el sector privado, es una importante contribución del sector público a la competitividad del país. También lo es un Estado simple, sin regulaciones innecesarias, que asegure instituciones fuertes y que impulse la competencia, la inversión y la integración inteligente con el mundo. Esta austeridad debe ser acompañada por una menor presión tributaria, especialmente menos impuestos distorsivos que afectan la asignación de recursos a lo largo de las cadenas de valor (impuesto al cheque, impuesto país, retenciones, impuestos al trabajo e impuesto a los ingresos brutos). El sistema impositivo también debe simplificarse, considerando que 10 impuestos recaudan el 92% de los recursos tributarios, y otros 145 impuestos solo el 8% restante.

Argentina tiene que encaminarse a un nuevo orden económico que ponga en valor al sector privado como factor clave para el desarrollo del país. Entendemos que la Ley Bases, el paquete fiscal y el DNU 70/2023 son herramientas necesarias que señalan un cambio en sentido correcto, al buscar racionalizar el gasto estatal, una mayor eficiencia en la gestión pública y un mejor clima de negocios e inversión, al proponer un régimen de incentivos a grandes inversiones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento económico, las exportaciones y el desarrollo de clústeres productivos y PyMEs locales. Estas iniciativas buscan el mejor funcionamiento de mercados de factores claves, y la mayor transparencia fiscal, aspectos que impulsan la competitividad de nuestro país.

1. Introducción

Argentina debe volver a la senda del desarrollo económico y para ello necesita enfocarse en mejorar la competitividad y la productividad de su economía. Los países más productivos y más competitivos del mundo son los países más prósperos, es decir, aquellos en los que sus habitantes tienen una mejor calidad de vida.

El foco en la productividad y la competitividad ayuda a priorizar las iniciativas. El tránsito a un país competitivo no es inmediato pues requiere abordar y resolver, de una vez por todas, los problemas estructurales de nuestra economía y las brechas de competitividad, fortaleciendo las instituciones, y atendiendo los desafíos económicos, productivos, tributarios, laborales, logísticos y educativos, todos relevantes para el desarrollo.

Argentina tiene que dejar de oscilar como péndulo, para empezar a ponernos de acuerdo en un conjunto básico de premisas que permitan al sector privado y al sector público contribuir al proceso de desarrollo. Creemos en un sector privado potente, que pueda desplegar su creatividad e iniciativa en el marco de un clima de negocios sano y razonable.

Para crecer, primero es necesario estabilizar la economía. Una macroeconomía previsible es el primer paso, y es responsabilidad del Estado asegurarla. Pero, dado que el crecimiento depende, principalmente, de las condiciones que tenga el sector privado para invertir, producir más y mejor, y generar empleo, es necesario iniciar las reformas estructurales que lo estimulen. En Argentina, el orden macroeconómico comienza por la austeridad fiscal y la reconstrucción de la confianza. No alcanza con disminuir la inflación. También es importante reducir el "costo argentino", avanzando en reformas que eliminen distorsiones y regulaciones, disminuyendo la injerencia del Estado sobre la economía y fomentando la competitividad del sector privado, verdadero creador de riqueza del país.

Un Estado austero y eficiente en todos sus niveles, equilibrado y con una presión impositiva razonable y financiable por el sector privado, es una importante contribución del sector público a la competitividad del país. También lo es un Estado simple, sin regulaciones innecesarias, y enfocado en sus roles indelegables, que asegure instituciones fuertes, que impulse la competencia, la inversión y la integración inteligente con el mundo.

2. La economía argentina en la última década

A continuación, se presenta un conjunto de variables claves que permiten caracterizar el desempeño de la economía argentina en la última década. Aunque nos enfocamos en los últimos años, muchas de estas variables han mostrado comportamientos recurrentes en periodos más largos de la historia económica argentina.

1. Economía estancada: La economía argentina no crece sostenidamente desde hace 12 años. En 2023, Argentina produjo solo 0,5% más que en 2011 (Mendoza: 1,8%), registrándose 5 años de expansión y 7 años de contracción del PIB. La actividad económica evolucionó en serrucho, una dinámica crónica que se profundizó en los últimos años. Según CIPPEC "desde mediados del siglo pasado Argentina experimentó 16 episodios recesivos que involucraron 25 años de contracción económica, es decir una recesión cada 3 años"; y desde 2011, la economía se contrajo en 1 de cada 2 años.

La falta de un horizonte previsible afecta negativamente la toma de decisiones de consumo e inversión a mediano y largo plazo. El desorden macroeconómico ha impactado negativamente en la capacidad para crecer en forma sostenida. Así, mientras Argentina no creció entre 2011 y 2023, el mundo y América Latina lo hicieron 45% y 17% respectivamente.

2. Empleo: Consecuencia del estancamiento económico, Argentina no generó empleo genuino en cantidad suficiente. El empleo asalariado privado registrado creció apenas 4,2% entre enero de 2012 y enero de 2024 (este aumento se concentró en los dos últimos años) al mismo tiempo que la población

aumentaba un 12% y el empleo público lo hacía un 36%. A nivel provincial, el empleo asalariado privado registrado está en los mismos niveles de mediados de 2012, en torno de los 245.000 puestos de trabajo, según SIPA. En tanto, luego de años de crecimiento del empleo público provincial, desde 2016 fue racionalizándose, alcanzando los 55 agentes cada 1.000 habitantes a fines de 2023, 9% menos que en 2015 (60).

El Gráfico 2 nos permite ganar perspectiva histórica de las consecuencias del "sube y baja" crónico de la economía argentina, detallando que el PIB de Argentina era apenas menor al de los países de mayores ingresos en los inicios del siglo XX, para deteriorarse paulatinamente hasta ser hoy aproximadamente un tercio de aquellos, dejando claro que la dificultad para crecer no es un fenómeno nuevo en nuestro país.

3. Creación de empresas: La cantidad de empresas registradas en nuestro país se redujo 3,6% entre 2012 y 20221. En 2022, Argentina tenía 13,5 empresas cada 1.000 habitantes, aproximadamente lo mismo que en 2004 y un 13% menos que en 2012. Un estudio de la Fundación Observatorio PyME2 revela que Australia y Países Bajos tienen 100 y 80 empresas cada 1.000 habitantes, en tanto que países como Chile y Uruguay registran 67 y 50 empresas/1.000 habitantes, cuadruplicando (o más) la cantidad de empresas de Argentina. Según el OEDE, Mendoza ronda las 13,2 empresas cada 1.000 habitantes, en línea con el promedio país y por debajo de provincias como Santa Fe, Córdoba y Neuquén, aunque por encima de Buenos Aires, San Luis y San Juan.

4. Inversión y ahorro: La inversión es un motor clave de crecimiento y desarrollo a largo plazo. La inversión neta (sin depreciación) refleja el aumento del stock de capital productivo del país que permite incrementar su producto potencial. La inversión es el componente más volátil de la demanda agregada y depende de, por ejemplo, la institucionalidad, el clima de negocios, las expectativas, y el costo de financiamiento. En un país poco previsible y con reglas de juego cambiantes, el clima de negocios es débil. El riesgo país argentino incrementa la tasa de rendimiento exigida a los proyectos y el costo de financiamiento, inviabilizando proyectos (de inversores locales y foráneos) que a un costo de capital más bajo se hubiesen realizado. Con una economía inestable desde hace tiempo, el desempeño de la inversión fue, lógicamente, pobre. Según datos de organismos internacionales, la inversión (formación bruta de capital) superaba el 25% del PIB en 1980; desde entonces fue disminuyendo, hasta el 17% del PIB en el último trienio.

Para que la inversión aumente, debe aumentar el ahorro nacional (ahorro público + ahorro privado). La tasa de ahorro de Argentina es relativamente baja (Gráfico 5). Más aún, los déficits fiscales recurrentes hacen que la tasa de ahorro nacional sea menor que la tasa de ahorro privado, quitándole potencia a la inversión privada necesaria para crecer. En este sentido, la austeridad fiscal (disminución o eliminación del déficit fiscal) contribuye a mejorar el ahorro público y, con ello, a aumentar el ahorro nacional y la asignación de fondos a inversiones más productivas. Para crecer, el ahorro nacional debería canalizarse a inversiones productivas en el sector privado. Nótese que Argentina registra una de las tasas más bajas de crédito bancario al sector privado (Gráfico 6), siendo superada, por mucho, por países como Brasil, donde el crédito bancario al sector privado alcanza al 70% del PIB, y en menor medida por países como Uruguay, Colombia y México.

5. Exportaciones: Otro motor de desarrollo son las exportaciones. Argentina no crece y exporta menos, perdiendo oportunidades para motorizar el desarrollo y generar divisas. En 2023, las

exportaciones por habitante argentinas fueron 30% menores a las de 2011 (USD 1.431 vs. USD 2.011, esta caída es mayor en términos reales). Mientras, por ejemplo, Chile exporta 3 veces más que nuestro país (2023: USD 4.750). El monto exportado dependió más del precio de los exportables que del volumen (en 2022 -sin efecto sequía-, se exportó el mismo volumen que en 2012). Este desempeño no es casual, sino consecuencia de políticas e instrumentos inadecuados (múltiples tipos de cambio, atraso del tipo de cambio nominal, cepos, impuestos al comercio exterior, cupos, burocracia, entre otros), muchos de los cuales sirvieron para saciar la voracidad del Estado, pero restaron competitividad y fluidez al comercio con el mundo, afectando nuestra potencia exportadora, en un contexto en el que los términos de intercambio no se deterioraron. Argentina necesita ganar competitividad y, en ese sentido, entendemos que una devaluación no es una solución mirando al mediano y largo plazo. Más que una devaluación, se requieren reformas estructurales que contribuyan a reducir el costo de producir y de exportar en Argentina.

6. Peso del Estado - Gasto público y presión impositiva: El gasto público consolidado promedió 30% del PIB en las décadas de los 80s/90s y hasta 2005, aumentando desde entonces hasta un máximo de 47% en 2016 y 2020, ubicándose en 42,3% en 2023. El aumento del gasto público argentino ha superado la media de América Latina. Todos los niveles de gobierno (Nación, provincias y municipios) aumentaron el gasto público en las últimas dos décadas, ubicándose por encima del promedio de los 25 años previos. El gasto creciente impulsó el incremento de la presión tributaria necesaria para financiarlo. Los impuestos nacionales y provinciales (sin municipios) representaban el 24% en 2004 y llegaron hasta el 31% en 2015 para ubicarse, según datos oficiales, en 28% en 2023.

Una comparación regional e internacional realizada en 2021, muestra que la carga impositiva argentina es muy superior a la de América Latina (29,1% vs. 21,7%), ubicándose más cerca de la presión impositiva

de los países de la OCDE (34,1%). Aún con mayores impuestos, el déficit fiscal resultante debió ser financiado con deuda o con emisión espuria de dinero, generando inflación.

7. Inflación: Es difícil hablar de productividad y competitividad con una inflación que superó el 70% anual promedio en los últimos 60 años y que en 2023 excedió el 200%. ¿Quién puede tomar decisiones económicas de producción, inversión, consumo y exportación en escenarios imprevisibles de alta inflación? La inflación perjudica a las familias con ingresos fijos (especialmente las más necesitadas) que ven cómo sus ingresos se diluyen, y al sector privado productivo, pues la inflación resta previsibilidad, competitividad y rentabilidad al momento de intentar producir, invertir y exportar. Argentina lleva décadas de inflación sin que los sucesivos gobiernos se alarmaran demasiado. La inflación es un fenómeno que en el corto plazo puede tener diversas causas, pero que, en el largo plazo, es de carácter eminentemente monetario (exceso de oferta de dinero, por aumento de la oferta y/o caída de la demanda, o ambas). Y, en nuestro país, ha tenido casi siempre un origen fiscal. El Estado, ignorando su restricción presupuestaria, históricamente ha gastado por encima de sus posibilidades reales financiando ese exceso de gasto con: 1) más impuestos que agobian al sector privado con una presión tributaria insostenible, 2) más deuda interna o externa (son impuestos futuros), compitiendo deslealmente por financiamiento con el sector privado y, 3) emisión espuria de dinero. Así, el Estado es el único beneficiario de la inflación que crea, debilitando a la economía y empobreciendo a la gente.

8- Ingreso por habitante y pobreza: En una economía que no crece, sus ciudadanos se empobrecen. Argentina registra un nivel de pobreza estructural con un piso de 25% en los últimos 30 años. Según INDEC, a fines de 2023, el 41,7% de los argentinos y 47% de los mendocinos era pobre. Teniendo en cuenta que el Producto Interno Bruto (PIB) real creció 0,5% y que la población argentina creció 13% entre 2011 y 2023, el ingreso promedio por habitante disminuyó 11%, es decir: en promedio, los argentinos somos 11% más pobres que hace solo una década, con un gasto público en niveles récord. Este dato nos interpela a todos, pero fundamentalmente a los responsables de establecer, diseñar e implementar las políticas de desarrollo para reducirla.

3. Para crecer: foco en la productividad y la competitividad.

Es tiempo de volver a crecer. En los países que lo hacen, el sector privado y el sector público trabajan articuladamente y con una mirada de mediano y largo plazo, poniendo el foco en dos aspectos claves vinculados al desarrollo humano: la productividad y la competitividad de la economía.

Los países más productivos son los más competitivos y prósperos. A mayor productividad, mayor competitividad y esto permite alcanzar mayores niveles de ingreso por habitante y, en promedio, un mayor bienestar para los habitantes de un país o región. Una economía competitiva es una economía

productiva. Por eso, es fundamental que la mejora de la competitividad sea un objetivo y una política de estado en nuestro país.

Cualquiera sea el ranking de los últimos años que se analice, la competitividad argentina tiene mucho margen para mejorar tanto a nivel mundial como regional. A nivel mundial se ubica de la mitad de la tabla para abajo y en Latinoamérica es la menos competitiva de las economías más grandes de la región, detrás de Chile, México, Colombia y Brasil.

A. Productividad.

La evidencia empírica muestra una fuerte correlación entre el crecimiento económico (y la prosperidad) y la productividad de una economía. Según Krugman "la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo". Así, la capacidad de un país o región para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos en el tiempo depende, en gran medida, de su aptitud para aumentar su productividad.

La productividad por hora trabajada es un indicador que se calcula considerando el producto generado y la cantidad de horas trabajadas en ello. El Gráfico 10 muestra que Argentina tiene un nivel de productividad medio-bajo en relación a los países líderes, entre ellos Luxemburgo, Irlanda y los países nórdicos. En América Latina, países como Panamá, Uruguay y Chile superan a nuestro país en este aspecto.

La productividad es un indicador clave de competitividad pues, a mayor productividad de un factor, menor es su incidencia en el costo unitario de producción del bien final, de forma tal que, a mayor productividad de los factores de producción, menor es el costo y el precio del bien final sin afectar (disminuir) la retribución de los factores productivos. Alternativamente, la mayor productividad permite aumentar la retribución a los factores sin incrementar el precio del bien final.

El Gráfico 10 también muestra la relación positiva entre productividad y competitividad. Cuanto más productiva es una economía, puede producir a precios más competitivos (sin afectar la retribución de los factores). La mayor competitividad le permite a las empresas y emprendedores de una región acceder a más mercados, colocando su producción en el país y en el mundo y generando un círculo virtuoso de prosperidad. Nótese, sin embargo, que conforme a Araujo y Coremberg (2023), la productividad argentina se estancó entre 1950 y 2022 (tasa de crecimiento: -0,1% anual).

A. Competitividad.

De lo anterior surge que existe una relación positiva entre competitividad y crecimiento económico (Kordalska y Olcyzk 2016). Esta relación positiva se traduce en la mejora del ingreso por habitante, ayudando a reducir la pobreza. Es importante distinguir el concepto de competitividad a nivel empresa y a nivel agregado.

Una empresa es competitiva cuando tiene la capacidad de crear e implementar estrategias competitivas para mantener o aumentar su oferta en el mercado de manera sostenible.

En tanto, la competitividad a nivel país/región es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país (Foro Económico Mundial). Es la capacidad de generar mayores tasas de crecimiento y empleo de manera sostenible (Unión Europea). Un país es competitivo cuando logra manejar sus recursos y competencias para aumentar la producción de sus empresas y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos (IMD). De estas definiciones se deriva la importancia de que el Estado implemente políticas públicas que fomenten un entorno de negocios propicio, que permita al sector privado liberar sus fuerzas productivas y su creatividad para generar riqueza.

La competitividad de un país o región es determinada por un conjunto de factores empresariales, estructurales y sistémicos que interactúan entre sí y depende, en gran medida, de la competitividad de las empresas radicadas allí, y de las características de la comunidad en la que desarrollan su actividad productiva.

El buen funcionamiento de las instituciones, la calidad y disponibilidad de infraestructura, la calidad educativa y la empleabilidad del capital humano, los niveles de inversión (nacional y extranjera), la capacidad para emprender, para crear y compartir conocimiento a través de la investigación y desarrollo y la innovación (I+D+i), sumados al buen funcionamiento de los mercados (mecanismo de asignación de recursos), a la competencia y la apertura comercial al mundo, y a un sistema impositivo simple y razonable, son factores que, al incidir en la decisión de localización de las empresas, hacen prosperar a un país y a su gente. Como dicen Kitson, Martin and Tyler "las regiones más competitivas son aquellas en las que empresas e individuos desean invertir". Estos pilares de competitividad son insumos para la producción: cuanto más fuertes sean, mayor será la productividad y la prosperidad del país o región.

A largo plazo, competitividad es aumento de la productividad, algo posible cuando las empresas y personas pueden producir en un entorno que fomenta la educación, la innovación, la inversión y la exportación, para lo cual es necesario procurar una macroeconomía previsible, con precios estables, y un marco regulatorio simple que promueva el buen funcionamiento de la economía en un marco de libertad para producir y

comerciar. En ese contexto, los pilares de competitividad facilitan el logro de los resultados deseados: el aumento del ingreso por habitante y la creación de empleo de calidad.

Mientras que el aumento de la productividad es condición necesaria para la supervivencia de las empresas y del sector privado, la acción del Estado parece estar disociada de su productividad que, a la postre, le pone un techo a la productividad del sector privado. La productividad de la economía argentina debe aumentar y la mejora sostenida de la competitividad debería ser LA política de Estado que comprenda a todas las demás políticas públicas.

 4- Líneas de trabajo para recuperar competitividad. 

a. El rol del sector privado y del sector público

En las últimas décadas, un intervencionismo estatal excesivo, injustificado y, muchas veces, ineficiente e ineficaz, pretendió, sin éxito, constituirse en el camino para aumentar el bienestar de los argentinos, entorpeciendo, trabando y, en ocasiones, anulando el accionar del sector privado.

Argentina tiene que hacer lo que hacen los países que crecen. Debemos dejar de oscilar como un péndulo para empezar a ponernos de acuerdo en un conjunto básico de premisas que permitan al sector privado y al sector público contribuir al proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro país. Creemos que el sector privado, en base a su capacidad creativa, esfuerzo y espíritu emprendedor, es el que genera riqueza. También creemos que el Estado es el encargado de establecer reglas de juego razonables y estables para que ciudadanos, emprendedores y empresas puedan abocarse a crear valor y empleo. No se trata de buscar que todo lo solucione el mercado o el Estado. Si bien hay razones de eficiencia (fallas de mercado) y de equidad que pueden justificar la intervención del Estado en la economía, es fundamental fomentar, simplificar y liberar a la iniciativa privada, allí donde la intervención del Estado es innecesaria o inconveniente.

La excesiva intromisión del Estado en las decisiones del sector privado (a través de múltiples regulaciones y distorsiones), y el peso de un Estado hipertrofiado y lleno de funciones que no le competen, están entre las principales causas por las que la economía argentina se empantanó, dificultando el desarrollo del país.

b. Macroeconomía estable y reformas estructurales que impulsen la microeconomía

Lograr una macroeconomía estable es importante y es responsabilidad del Estado asegurar las condiciones para que se alcancen los objetivos macroeconómicos básicos, entre ellos: 1) que la actividad económica crezca sostenidamente; 2) que haya estabilidad de precios para dar previsibilidad a las decisiones; 3) que la economía cree empleo de calidad en cantidades suficientes.

El Estado está ordenando sus cuentas fiscales y, con ello, está logrando que la inflación baje (debe reducirse hasta alinearse con la región y el mundo). Pero esto no alcanza, porque la estabilidad es condición necesaria pero no suficiente para crecer.

El objetivo debe ser el crecimiento y el desarrollo económico para lograr el aumento del nivel de vida de los ciudadanos. Y este crecimiento depende, principalmente, de las condiciones que tenga el sector privado (individuos y empresas) para producir y generar empleo. Por eso es necesario ordenar la macro, pero también es clave avanzar en las reformas estructurales que bajen el costo argentino. Estas reformas deberán orientarse a bajar los impuestos a la producción, al trabajo y al comercio exterior, y a reducir los costos financieros y logísticos que encarecen los productos argentinos en Argentina y en el mundo. Estas reformas contribuirán a mejorar el clima de negocios local, impulsando nuevas inversiones, aumentando la cantidad de empresas, e incrementando las exportaciones. Así, una macro estable le permitirá al sector privado enfocarse en lo importante: la productividad y competitividad de sus empresas.

c. Un Estado austero y eficiente, enfocado en sus roles indelegables

Lo importante no es solo el tamaño del Estado, sino su eficiencia y productividad, y su foco en sus funciones indelegables. Sin embargo, un Estado eficiente y enfocado en lo que debe hacer será, lógicamente, más pequeño que el actual. Esto implica también que el gasto público reduzca su prociclicidad (una de las más elevadas del mundo según el Banco Mundial), es decir que aumente sin justificación evidente cuando la economía crece. Además, un Estado más eficiente y con sus cuentas equilibradas deja de competir por financiamiento con el sector privado, permitiendo que el ahorro nacional se destine a inversiones privadas productivas.

El gasto público consolidado (Nación, provincias y municipios) de Argentina promedió 30% del PIB en las décadas de los 80s/90s y hasta 2005, aumentando desde entonces hasta un máximo de 47% en 2016 y 2020, para ubicarse en 42% en 2022.

Todos los niveles de gobierno (Nación, provincias y municipios) aumentaron su peso en la economía desde 2006 a la actualidad, ubicándose, en todos los casos, bien por encima del promedio de los 25 años anteriores. Además, el gasto público argentino creció más que el de América Latina.

 Además, el gasto público argentino es relativamente inflexible, por la alta incidencia de los salarios y erogaciones del sistema previsional (pasaron del 6% al 12% del PIB), y por la elevada participación de las erogaciones corrientes en relación a las de capital. Nótese también la mayor incidencia de los servicios económicos (subsidios a tarifas y otros).  

Pero, además, el gasto público argentino tiene un elevado grado de ineficiencia en comparación con otros países de la región. Según el estudio del BID "Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos", Argentina lidera el ranking latinoamericano de ineficiencia técnica del gasto público. El costo estimado de la ineficiencia es 7,2% del PIB vs. 4,4% en América Latina. Las ineficiencias se asocian a malgasto en remuneraciones, en compras públicas y en transferencias (subsidios) mal focalizadas. Trabajar en eliminar estas ineficiencias permitiría reducir el gasto público sin disminuir su efectividad.

En este punto, y dado que la productividad de una economía depende de la productividad de sus distintos sectores, vale la pena preguntarse ¿cuál es la productividad del sector privado y del sector público? y ¿cuáles son los incentivos para aumentar la productividad en uno y otro sector? Más aún, ¿el aumento desenfrenado del gasto público desde 2005 ayudó a incrementar la productividad de la economía argentina o fue, y es, un lastre para lograrlo? Después de un umbral razonable, el aumento del gasto público no parece haber contribuido al crecimiento y a resolver los problemas de nuestra economía. El Estado le sacó recursos y potencia al sector privado (familias y empresas) en forma de impuestos actuales y futuros, sin que ello haya significado un aporte al desarrollo.

Resulta interesante en este punto mencionar algunas conclusiones de un estudio reciente del Banco Mundial que, por un lado, asocia la volatilidad macroeconómica con el magro desempeño en términos de crecimiento, y agrega que "la prociclicidad fiscal (gasto público crece mucho cuando la economía crece) y la elevada incertidumbre en torno a las políticas económicas han contribuido a un ciclo de auges y caídas". Por otro lado, el estudio menciona que en Argentina "la mayoría de los trabajadores se concentran en sectores de baja productividad", entre ellos el sector público.

En conclusión, el tamaño del Estado no puede ser más grande del que pueda financiar el sector privado sin ahogarse. Debe emprenderse una reforma del Estado que asegure la eficiencia, eficacia, pertinencia y productividad del gasto público en todos sus niveles, asegurando que el Estado (Nación, provincias y municipios) respete su restricción presupuestaria y alcance el equilibrio fiscal en forma sostenida, un rara avis en la historia económica argentina. Pero, además, debe evitarse que el gasto aumente, sin justificación clara y fundada, cuando la economía crece.

Dado que en nuestro país la inflación es un fenómeno monetario cuya causa debe buscarse principalmente en los desequilibrios fiscales crónicos (Gráfico 16), el apego a normas de responsabilidad y austeridad fiscal evitará la emisión espuria de dinero contribuyendo, con ello, primero a reducirla, y luego, a mantenerla en niveles bajos y razonables.

d. Impuestos razonables, eficientes, simples y transparentes.

Una vez logrado el equilibrio fiscal y sin ponerlo en riesgo, en la medida en que la reforma del Estado vaya eliminando los gastos improductivos, se deberá encarar una reforma impositiva que contribuya a la competitividad, reduciendo la carga de los impuestos sobre la actividad productiva, al mismo tiempo que se

racionalice la estructura tributaria y elimine la maraña impositiva que caracteriza a nuestro sistema tributario. Vale recordar que, según la 1841 Foundation, Argentina está en el podio de los infiernos fiscales (en una lista de 82 países), solo superada por Bielorrusia y Venezuela.

El Gráfico 17 muestra el aumento de la presión tributaria en Argentina, considerando Nación y provincias (sin municipios) desde el 24% del PIB en 2004 hasta el 31% en 2015 para ubicarse, según datos oficiales, en 28% en 2023. Una comparación regional e internacional (2021), muestra que la carga de los impuestos en nuestro país (29,1%) es muy superior a la de América Latina (21,7%), ubicándose más cerca de la presión impositiva de los países de la OCDE (34,1%).

Sumado a ello, y tal como detalla el Gráfico 18, la estructura impositiva de nuestro país es menos eficiente (más distorsiva) y más regresiva que la de los países de la OCDE, y similar a la de los países de la región: la participación de los impuestos indirectos en Argentina es similar a la de LATAM (superan el 50%), pero muy superior al promedio OCDE (34%).

Un sistema tributario es eficiente cuando no distorsiona la asignación de recursos y las decisiones de compra de insumos o recursos y de contratación de trabajadores, o las decisiones de en qué mercados vender la producción. En este sentido, el impuesto a las ganancias es un impuesto eficiente, pues grava el resultado de la actividad sin afectar estas decisiones. En tanto, otros impuestos como ingresos brutos, impuesto al cheque, el IVA o los derechos al comercio exterior son distorsivos, pues afectan la asignación de recursos. Y es progresivo cuando los impuestos recaen en mayor proporción sobre familias y personas que tienen mayores ingresos y/o patrimonio. En un sistema progresivo, los impuestos directos (ganancias sobre personas y empresas, impuestos sobre la propiedad, contribuciones a la Seguridad Social) tienen mayor participación que los impuestos indirectos o al consumo (IVA y otros impuestos sobre bienes y servicios).

El Gráfico 18 también compara la estructura impositiva de Argentina con la de Uruguay. Se observa que en Uruguay el impuesto sobre la renta (ganancia) y los impuestos sobre la propiedad tienen, en conjunto, una mayor participación que en Argentina. En tanto, los impuestos al consumo representan una proporción mayor en nuestro país. Así, Argentina muestra una estructura impositiva más pesada, pero también más distorsiva y más regresiva que la uruguaya.

Por su parte, un estudio del IERAL - Fundación Mediterránea muestra que la participación de los impuestos distorsivos en nuestro país se triplicó entre los años 2000 y 2021, desde el 2,5% al 8,8% del PIB.

Tal como menciona el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral "Argentina recauda y gasta, en cantidad, como un país desarrollado, pero con una estructura más regresiva".

La reforma tributaria también deberá simplificar el sistema impositivo considerando que los 10 principales impuestos recaudan el 92% de los recursos y que otros 145 impuestos y tasas recaudan apenas el 8% restante. A esto se suma que es uno de los sistemas más complejos: en 2022 Argentina fue el tercer país con mayor costo de recaudación, 1,1% de la recaudación neta, por encima del 0,78% de LATAM.

Finalmente, la reforma tributaria debe ayudar a transparentar la cantidad de impuestos que pagan los contribuyentes en cada transacción. En este sentido, apoyamos las iniciativas de Lógica (www.logica.org.ar), una asociación civil sin fines de lucro dedicada a crear conciencia fiscal para que la ciudadanía entienda y dimensione la carga que representan el actual nivel de gasto público y de impuestos.

En resumen, una reforma que simplifique y mejore la estructura impositiva (menos distorsiva y más progresiva) y que reduzca alícuotas impositivas (hacia el promedio regional) al mismo tiempo que promueve la formalidad (más base imponible), será un aporte significativo a la competitividad de la economía.

En este sentido, resulta interesante repasar las conclusiones de reciente un informe del Centro de Estudios Tributarios del IAE-Universidad Austral, cuando dice que "Argentina combina alta presión tributaria con elevada informalidad, reflejando un agotamiento de la política tributaria que adiciona cargas a los sectores formales de la economía y que, lejos de lograr sus objetivos, solo trae como consecuencia mayores incentivos a la informalidad".

e. Un mercado laboral moderno que genere empleo formal

Para generar empleo de calidad, Argentina debe avanzar en la reducción de la cuña fiscal laboral, disminuyendo los costos laborales no salariales (impuestos al trabajo, ART, aportes a sindicatos, esquema indemnizatorio, litigiosidad laboral y otros), facilitando los procesos de contratación y desvinculación.

La cuña laboral está constituida por los impuestos al trabajo y otros costos que surgen de regulaciones. Estos costos establecen una diferencia (cuña) entre el costo que paga la empresa y el ingreso que percibe el trabajador, siendo esta diferencia mayor cuanto mayor sea la cuña. Cabe mencionar que, según estudios de organismos internacionales (OCDE, CIAT, BID) Argentina tiene una de las mayores cuñas laborales de América Latina, bien por encima del promedio regional.

La cuña laboral perjudica a trabajadores y a empleadores, pues encarece el costo de contratación de las empresas y disminuye el ingreso que recibe el trabajador. Como consecuencia, también afecta la disposición de empresas y trabajadores a demandar y a ofrecer trabajo, reduciendo así la cantidad de empleo que crea la economía. Es importante que cualquier reforma del mercado laboral se enfoque en reducir la cuña (costos laborales no salariales), cuidando el ingreso de los trabajadores. El Gráfico 20 muestra que la reducción de la cuña laboral (del segmento AB al segmento CD) permite disminuir

el costo laboral de la empresa (WD a WD ), aumentando al mismo el salario del trabajador (WS a WS ), y 0 1 0 1 aumentando también la cantidad de trabajo formal contratado (L0 a L1).

La reforma también debería fomentar el aumento de la productividad, para permitir aumentar el salario sin afectar el costo laboral unitario y el precio de los productos, manteniéndolos competitivos en el mercado. Para ello es clave la educación, la capacitación para el trabajo y el entrenamiento laboral (empleabilidad).

f. Desregular y simplificar el vínculo entre el Estado y el sector privado

Un Estado más eficiente y menos burocrático, que establezca reglas de juego claras y razonables para el desempeño del sector privado es un gran aporte a la competitividad, y puede generar un impacto importante en el día a día de las personas y empresas (efecto microeconómico).

Argentina lidera el Índice de Burocracia en América Latina, solo por detrás de Venezuela. Este índice mide la cantidad de horas que una PyME dedica a lidiar con la burocracia estatal, y refleja la cantidad de trámites y controles que dificultan y encarecen las actividades productivas, convirtiéndose en un impedimento para el crecimiento económico de los individuos y de las sociedades. El indicador clasifica los trámites en tres grupos: a) gestión del empleo; b) operación de la empresa (incluye los trámites asociados a impuestos) y, c) otros (asociados a requisitos variados según industria y nivel de gobierno). En esta medición subyace la idea que, aunque algún grado de burocracia es necesario para el funcionamiento de la sociedad moderna, el exceso de burocracia encarece la actividad económica y reduce la productividad de los recursos, además de desalentar nuevas inversiones y empleos, y de promover la informalidad.

Pero, además, conforme el último informe Doing Business publicado en 2020, Argentina se ubicaba en el puesto 170 entre 190 países en términos de costos y tiempos para pagar impuestos, y 141 entre 190 en facilidad para abrir una empresa, por debajo de varios países de la región, entre ellos, Chile, México, Colombia, y Uruguay. Existen ejemplos de iniciativas en pos de un Estado inteligente al servicio del ciudadano y la empresa, simplificando trámites y reduciendo sus costos asociados. Hoy la tecnología es un aliado para la simplificación de procesos y regulaciones, al mismo tiempo que aumenta la calidad de los controles. Estonia, con su plataforma X-Road, es ejemplo de ello.

g. Promoción de inversiones y de exportaciones

Para crecer, Argentina necesita más inversiones y un boom exportador. El Gráfico 23 muestra que todos los motores que ayudaron a expandir la demanda global de bienes (y con ello la producción y el ingreso) entre 2004 y 2011, se apagaron en el período 2011-2023. En especial la inversión y las exportaciones, que

dependen en gran medida de las decisiones de un sector privado que necesita reglas de juego claras, simples y estables para producir, invertir, generar empleo y comerciar.

La falta de previsibilidad, el escaso y caro acceso a financiamiento, junto a las regulaciones excesivas, las dificultades para importar y exportar, los cepos y la alta inflación, atentaron contra el buen desempeño de estas dos variables claves para crecer en el mediano y largo plazo.

Es clave aumentar la cantidad de empresas exportadoras. El Gráfico 23 detalla la dinámica de creación y destrucción de empresas exportadoras en las últimas tres décadas, y muestra una correlación positiva entre los períodos de expansión de la economía y de creación neta de empresas exportadoras.

Nuestro país debe integrarse más al mundo, abriendo inteligentemente su economía, que tiene uno de los coeficientes de Comercio/PIB (indicador de apertura comercial) más bajos del mundo (Expo+Impo / PIB alrededor del 30%), sin destacarse tampoco por la cantidad de acuerdos comerciales con el mundo.

Más allá de situaciones coyunturales, para exportar más, en vez de recurrir a devaluaciones periódicas, es necesario avanzar en reformas estructurales que bajen el costo argentino de producción (impositivo, laboral, logístico y financiero) y que fomenten la productividad. A ello, se deben sumar la desregulación y simplificación de trámites aduaneros, entre otros aspectos relevantes.

h. Foco en educación e innovación

El conocimiento se asocia al desarrollo económico y a la competitividad, pues el conocimiento aplicado incrementa la productividad. El conocimiento adquirido por la educación formal y la experiencia conforma las competencias de las personas. Es clave asegurar la empleabilidad del capital humano, es decir, que las habilidades y competencias individuales coincidan con las necesidades de las empresas, cerrando las potenciales brechas entre la oferta y la demanda de trabajo.

También es importante que nuestro país priorice la investigación y desarrollo e innovación (I+D+i), para producir un efecto multiplicador que impacte, en cantidad y calidad, la oferta y la demanda laboral.

5. Iniciativas para la mejora de la competitividad provincial

Aun cuando es cierto que muchas de las medidas que mejoran la competitividad dependen de decisiones en el ámbito nacional, es posible identificar algunos logros, proyectos en proceso y nuevas iniciativas para mejorar la competitividad a nivel local. En ese sentido, es importante que el sector privado y el público puedan trabajar mancomunadamente en una agenda común en esta materia.

1. Estado provincial austero y eficiente

Después de muchos años de desequilibrios fiscales que hicieron eclosión en 2015, desde 2016 el Estado provincial inició un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas con resultados evidentes a la fecha (6 de los últimos 8 años con superávits corrientes y los 3 últimos años con superávits operativos). Este desempeño fiscal ha permitido, inclusive, reducir significativamente el stock de deuda pública, asegurando la sostenibilidad de la misma. Mantener el desempeño fiscal actual es un aporte a la competitividad local que, a nuestro criterio, debe ser complementado con otras iniciativas, entre ellas:

a) Continuar el proceso de racionalización del gasto público provincial, y acompañarlo de una reducción paulatina de la presión tributaria provincial (que pese a la paulatina reducción desde 2017 aún duplica la de 2004), con especial énfasis en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos, un impuesto distorsivo que representa $8 de cada $10 de recaudación provincial, pasando del 2% del PBG en 2004 a alrededor del 5% del PBG en la actualidad.

b) Lograr la aprobación de la nueva ley de responsabilidad fiscal.

c) Fortalecer el Sistema de Inversión Pública y avanzar en la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión pública para asegurar la correcta asignación de los recursos y una adecuada planificación, ejecución, control y evaluación del impacto de los proyectos públicos.

d) Trabajar en un nuevo régimen de la función pública, que contemple la idoneidad para acceder a los cargos y premie el esfuerzo aplicado en la prestación del servicio público, ofreciendo al empleado estatal un plan de carrera e incentivos adecuados. En 2021, la Mesa de la Producción y el Empleo de Mendoza presentó en el Consejo Económico Social y Ambiental de Mendoza (CEAS) un proyecto elaborado por el IERAL que contempla los lineamientos básicos que debería tener este régimen.

2. Estados municipales austeros y eficientes

Es importante que los logros de la gestión fiscal provincial se repliquen en todos los municipios, pudiendo identificarse oportunidades de mejora:

a) Ejecuciones presupuestarias: los municipios registran situaciones dispares con respecto a: a) evolución del gasto público municipal y la relación entre gasto corriente y de capital; b) evolución de la presión fiscal municipal, c) evolución del resultado corriente y operativo municipales. d) evolución de la planta de personal, entre otros aspectos relevantes.

b) Impulsar iniciativas para reducir la presión fiscal municipal.

c) Estandarizar y mejorar la calidad de la información fiscal municipal, unificando criterios para el tratamiento de datos para todos los municipios. La comparabilidad y consolidación de la información fiscal municipal sigue siendo un desafío. Esto puede lograrse si todos los municipios se suman a la plataforma Mendoza por Mí (ver próximo punto).

d) Establecer instancias de capacitación cruzada entre municipios (capacitación de pares) y con el sector privado, y promoción de buenas prácticas en el manejo de la información. El Consejo Empresario Mendocino pone a disposición a su equipo técnico para colaborar en estas capacitaciones.

e) Generación de tableros estandarizados de indicadores municipales.

3. Simplificación de trámites

En el marco de las iniciativas para la mejora continua del clima de negocios, Mendoza puede avanzar rápidamente en la simplificación de trámites que vinculan al emprendedor, al empresario y a las empresas con el Estado provincial y municipal. Esto puede hacerse sumándose al Ecosistema Digital de Integrabilidad (EDI-Mendoza) que soporta una interoperabilidad segura, que preserva la soberanía de los datos y permite que plataformas como Mendoza por Mí implementada por el gobierno provincial, u otras como la implementada por, por ejemplo, la municipalidad de Luján de Cuyo puedan aplicar las premisas del modelo de transformación digital de Estonia (X-Road).

El EDI-Mendoza implementa una interoperabilidad de fuente abierta, en el que pueden interactuar y compartir información relevante y con los más altos estándares de seguridad, el sector público, el sector privado, el sector académico y científico y el ciudadano, de forma de agilizar el intercambio de información para completar trámites, pero también transacciones entre empresas, por nombrar solo dos ejemplos.

Siguiendo el principio de SOLO UNA VEZ ("once only") se reducen y agilizan significativamente las interacciones necesarias para completar procedimientos y trámites, reduciendo los tiempos y los costos de los mismos y generando eficiencias significativas a toda la economía. El CEM ofrece su aporte técnico en la elaboración/revisión del proyecto de ley que, con este fin, el gobierno provincial enviará a la Legislatura.

Entre los primeros trámites públicos a simplificar con impacto en el sector productivo se encuentra la simplificación del trámite de creación de empresas, y también los trámites de habilitación municipal, por nombrar solo algunos.

4. Educación.

La educación es un tema estratégico y un pilar fundamental que aporta a la competitividad provincial. Hace ya 15 años, el CEM se involucró activamente en este tema, realizando estudios técnicos sobre el estado de la educación en Mendoza y desarrollando, desde 2014, el Programa de Formación de Líderes Educativos, a través del cual se forma a directores y supervisores de escuelas secundarias (públicas, técnicas y privadas) y escuelas primarias en herramientas de gestión educativa: planificación estratégica escolar, gestión de proyectos de mejora escolar y herramientas digitales escolares y liderazgo de personas.

Recientemente el CEM presentó el segundo informe Evaluación valuacióEstructural del Sistema Educativo Mendocino, Período 2013-2023 .Por un lado, este estudio menciona claros avances en relación con el uso estratégico de datos, la eficiencia en el gasto, en la inclusión y alfabetización en nivel inicial, primario y secundario, en los aprendizajes de Lengua en primaria, en el sistema de formación docente inicial, y en los vínculos de la DGE con instituciones del sector social y privado a nivel nacional e internacional. Entre los desafíos pendientes, se destacan los resultados de aprendizajes prioritarios en Lengua y Matemática en el nivel secundario. Además, realiza recomendaciones en materia de GEM, política de alfabetización, inclusión, aprendizaje de matemáticas, evaluaciones censales, transformación de la secundaria, educación y trabajo, formación y carrera docente, financiamiento y eficiencia en el gasto y alianzas estratégicas.

5. Clústeres sectoriales.

También resulta importante promover la conformación de espacios de trabajo conjunto y permanente entre sector privado y sector público, para identificar oportunidades, obstáculos, desafíos y acciones que mejoren el desempeño productivo y la competitividad de diversos sectores y cadenas de valor. El Foro de Inversiones y Negocios que anualmente realiza el Consejo Empresario Mendocino junto al Gobierno de Mendoza es un ejemplo concreto de colaboración público-privada, facilitando el armado de mesas de trabajo sectoriales, entre ellas, la de Transporte y Logística y la de Nuevas Industrias y Construcción Sostenible que, en base a agendas concretas, motorizan la creación de un clúster para cada sector, para trabajar de forma coordinada y obtener resultados concretos en temas estratégicos para cada sector y para la Provincia.

6. Mirando hacia adelante.

Estamos esperanzados porque Argentina comienza a dar pasos hacia un nuevo orden económico que pone en valor la contribución del sector privado, de sus emprendedores y de sus empresas, como factor clave para el desarrollo armónico del país y la creación de riqueza.

En este sentido entendemos que la Ley Bases, el paquete fiscal y el DNU 70/2023 son instrumentos necesarios porque señalan un cambio en el sentido correcto, al considerar una reforma del Estado que busca racionalizar el gasto público y una mayor eficiencia en la gestión, al incluir reorganizaciones administrativas, privatizaciones, racionalización del empleo público (que creció considerablemente mientras el empleo privado se estancaba) y cambios procedimentales que simplifican y agilizan la administración, alivianando el peso del Estado sobre el sector privado. al mismo tiempo que establece mecanismos de concesión competitivos para la construcción de infraestructura.

Estas iniciativas también contribuyen a la mejora del clima de negocios y de inversión, al proponer la creación de un régimen de incentivo para grandes inversiones e inversiones estratégicas que promuevan el crecimiento económico y las exportaciones. Creemos que estas grandes inversiones pueden impulsar el crecimiento de clústeres productivos vinculados y el desarrollo de PyMEs locales. Asimismo, promueven el mejor funcionamiento de los mercados de factores claves, al impulsar cambios en la legislación laboral que fomentan el empleo registrado, y cambios en el sector energía, que buscan mayor eficiencia en la asignación de recursos.

También hay medidas paliativas para oxigenar al sector privado acuciado por el peso del Estado por muchos años, que permiten regularizar la situación impositiva y previsional de empresas y emprendedores. También valoramos las iniciativas tendientes a dotar de mayor transparencia a la carga tributaria que paga el consumidor al adquirir bienes y servicios.

Por último, entendemos que estas herramientas son condiciones necesarias, no suficientes, para comenzar a sentar las bases de un proceso virtuoso de crecimiento y desarrollo sostenible y equitativo, que requerirá de una visión compartida y generosa de todos.

A nivel local, apreciamos las acciones emprendidas por el gobierno provincial en pos de un Estado austero y eficiente, advirtiendo que, a pesar de las reducciones en las alícuotas de Ingresos Brutos (IIBB) de los últimos años, Mendoza aún presenta tasas efectivas promedio elevadas en relación a otras provincias. En este

sentido, el IERAL-Fundación Mediterránea realizó un estudio para el Consejo Empresario Mendocino, del cual surge una propuesta para generar empleo privado registrado en Mendoza sin descuidar el estado de las cuentas fiscales de la provincia, disminuyendo alícuotas de este impuesto a aquellas empresas que tomen nuevos empleos (netos) registrados. También valoramos los avances en temas educativos, de los cuales da cuenta nuestro informe "Evaluación Estructural del Sistema Educativo Mendocino, Período 2013-2023" recientemente publicado, y la predisposición para generar y promover agendas sectoriales de mejoras competitivas, que incluyan temas logísticos, agilización y simplificación de trámites, promoción del emprendedurismo, innovación e incorporación de tecnología. Otra línea de trabajo permanente se refiere a la conectividad aérea con el mundo para impulsar aún más el turismo receptivo y ayudar a atraer nuevos negocios e inversiones a Mendoza, a lo que se suma la necesidad de agilizar el tránsito a los puertos del Pacífico.

1 Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS en base a SIPA.

2 Conferencia Bienal 2022, 25° Aniversario Fundación Observatorio PyME, noviembre 2022.