La derogación de una ley dejaría a Mendoza sin $1.200 millones
Se trata de la Ley 9.133 y el proyecto para derogarla que presentó el Ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu. Si avanza la iniciativa, significará la condonación de deudas a grandes productores agrícolas.
El Ministro de Producción presentó un proyecto para derogar la Ley 9.133 conocida como "Registro de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas" y los grandes productores agrícolas podrían verse beneficiados por la condonación de millonarias deudas.
El proyecto para derogar la Ley 9.133 ingresó a la Legislatura el pasado mes de junio y de aprobarse, podría significar que Mendoza no recaude cerca de $1.200 millones de pesos en conceptos de multas aplicadas a los productores agrícolas (grandes y pequeños) por no registrar los contratos de compra y venta de uva, aceitunas, tomate, durazno, ciruela, manzana, pera y ajo.
De acuerdo a la información a la que pudo acceder Memo, la derogación de la ley, contemplaría la condonación de las deudas a los grandes productores, quienes concentran el 87% del monto total adeudado, es decir unos $980 millones de pesos.
En el listado de los grandes deudores al que pudo acceder Memo, figuran actores de peso del sector agroindustrial: Grupo Peñaflor, Marolio S.A, La Colina, Fénix S.A, Nucete, Arcor, entre otros
¿Qué regula la Ley 9.133?
La ley fue sancionada a finales de 2018 y reglamentada en enero de 2019 y estableció la obligación para los industrias y productores que procesan frutas y verduras a inscribir los contratos que celebran con los productores mendocinos que los proveen.
La ley surgió para evitar que los industriales ejercieran una posición dominante sobre los productores y les impusieran de facto precios y condiciones de pago.
El contrato, según la ley, debe ser inscripto antes del ingreso del fruto a la planta y debe contener obligatoriamente el precio por kilogramos, la forma de pago y la clausula de actualización prevista en caso de hacerse en cuotas.
En el año 2019, la obligación de registrar los contratos sólo alcanzó a las bodegas que adquirieron uva y en el año 2020 se incorporó aceitunas, tomate, durazno, ciruela, manzana, pera y ajo. En el 2021 se incorporó la cereza.
El organismo encargado de verificar la registración de los contratos es la Dirección de Fiscalización y Control de la provincia, y desde la aprobación de la aplicó un total de 276 multas, de las cuales se pagaron 114.
Según las averiguaciones que pudo hacer Memo, de las 162 multas adeudadas, 72 ya tienen iniciado el cobro por vía judicial y 90 se encuentran a la espera de la agotar la instancia administrativa.
Cerca de 100 empresas, son las que deberían regularizar su situación, en caso de no derogarse la ley 9.133
Dato: Leandro Roldán, actual Director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, fue hasta 1 de febrero de 2024 el Gerente de la CAFIM (Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza) y ahora pasó a ser un defensor de la derogación de la Ley.