Advierten sobre la ruptura de los contratos de generación eléctrica

El Ministerio de Economía abrió otro frente de batalla. Esta vez se trata de una deuda con las principales empresas del sector eléctrico, llevando el conflicto a un nivel crítico que podría afectar el acceso de estas compañías al mercado financiero local e internacional. 

En una videollamada realizada al mediodía del viernes con líderes del negocio de generación, como Pampa Energía, Central Puerto, AES, MSU Energy, Albanesi e YPF Luz, entre otras, Diego Aduriz, jefe de asesores del ministro Luis Caputo, planteó la intención del gobierno de posponer el pago de una deuda millonaria acumulada durante los meses de diciembre y enero.

La deuda surge de la decisión del Ministerio de Economía de no abonar la transacción económica de Cammesa, encargada de cubrir los costos de producción y transporte de energía. Desde la asunción de Caputo, los pagos a las generadoras fueron detenidos como parte de un plan para alcanzar un superávit fiscal desde el primer mes del año. Según estimaciones, esta deuda asciende a unos US$ 1200 millones que deberían haber sido desembolsados a las empresas en los últimos cuatro meses.

Aduriz, persona de confianza de Caputo, señaló que el Estado busca normalizar los pagos a Cammesa a partir de abril, pero necesita diferir el pago de la deuda correspondiente al bimestre diciembre-enero. Durante la conversación, Aduriz incluso mencionó que "las generadoras no saldrán indemnes de esta situación".

El conflicto alcanzó un punto crítico cuando Mariano Palacios, representante del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, intentó defender la postura del gobierno. Argumentó que los contratos de Compra de Energía (PPA) son "regulados" y que el Estado podría modificarlos unilateralmente. Esta postura fue recibida con preocupación por parte de las empresas, que advirtieron sobre las posibles repercusiones legales y financieras de dicha acción.

El tema se volvió aún más complejo cuando se reveló que los contratos PPA de Cammesa sirven como respaldo de bonos que cotizan en Nueva York por unos US$ 5000 millones, lo que podría desencadenar un conflicto de alcance internacional. Ante esta situación, las empresas deberían informar formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Security Exchange Comission (SEC) de Nueva York si el gobierno avanza con su propuesta.

Las empresas reconocen la necesidad fiscal del gobierno, pero argumentan que el atraso en los pagos podría manejarse dentro del marco legal contemplado por los contratos vigentes. Sugieren seguir refinanciando la deuda existente en lugar de crear una nueva regulación para dejar sin pagar la deuda generada en diciembre y enero.

El conflicto ha escalado a niveles preocupantes, y empresas como YPF Luz, subsidiaria de YPF junto con GE, se verían afectadas por la decisión del gobierno. La falta de diálogo y la posible aplicación unilateral de medidas podrían tener serias repercusiones en la estabilidad del mercado energético argentino.

Fuente: Econojurnal