Cárceles, celulares y la búsqueda del punto de equilibrio entre derechos y delitos

Luego de la resolución del juez Sebastián Sarmiento que prohíbe a los presos tener teléfonos celulares dentro de las cárceles, el fallo ha sido apelado y el procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Luis Romero, dialogó con Gabriel Conte y Hernán Bitar en el programa "Tenés que saberlo", por Radio Jornada 91.9, explicó los principios del conflicto y contó la función del organismo.

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"La Procuración de las Personas Privadas de la Libertad se crea en Mendoza, pero en a misma ley también se crea la Comisión Provincial de la Prevención del a Tortura. Son dos instituciones que a partir de un acuerdo que se realizó en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a los peticionantes, por el conflicto de las cárceles que hubo en Mendoza a partir del motín vendimial del año 2000", explicó el Procurador.

"El Estado argentino y la Provincia -complementó la información Romero-propusieron una solución amistosa que es aceptado, pero se establecen algunas medidas que se debían tomar como la creación de estas instituciones que ayuden a monitorear el estado de las cárceles o los lugares de encierro de la provincia. También se creó una Dirección de Derechos Humanos en el poder ejecutivo y una fiscalía de violencia institucional".

Sobre sus funciones, Romero explicó que están destinadas a 'prevenir hechos de torturas en los lugares de encierro', pero agregó que también garantiza el acceso a derechos de las personas privadas de la libertad: "Una persona que sufre una condena, el principal derecho del que se ve privado es el de transitar libremente, porque tiene que pasar sus días en un complejo de encierro. Pero al resto de los derechos deberían poder acceder. En situación de encierro no es sencillo acceder, por eso estas instituciones colaboran y habitualmente recibimos pedidos de personas privadas de la libertad que quieren acceder a salud, educación o algún tipo de seguimiento de su condena".

En referencia a la medida, Romero explicó que se está solicitando que se prorrogue la utilización de celulares en consonancia con el DNU de Javier Milei: "En el primer artículo vuelve a poner en emergencia al área sanitaria, que es el motivo por el cual se ve que se puede prorrogar el uso de celulares, que fue autorizado en el marco de la pandemia, por las restricciones de las personas de poder ver a los detenidos". 

Explicó que si bien 'el juez ya resolvió que hay que retirar los teléfonos de los complejos penales' puso una serie de condiciones: "Se tienen que retirar en el momento que haya un teléfono público o semipúblico en cada sector para garantizar la comunicación. Eso ha apelado el Ministerio Público Fiscal donde se ve el agravio de que el juez se ha extralimitado al poner condiciones al cumplimiento de una ley provincial vigente. Ahora tiene que resolver un juez de segunda instancia, que se está por sortear y esperamos esa resolución".

Romero explicó que actualmente hay alrededor de 4240 teléfonos celulares ingresados oficialmente y autorizados y que existen cerca de 160 causas por teléfonos sospechados. Actualmente, Mendoza tiene poco más de 6000 personas en complejos penales y otras 700 con prisión domiciliaria, un número elevado: "Hay una Dirección de Prisión Domiciliaria y existe una Dirección de Promoción de Liberados que controla otra parte. También tenemos algunos rezagos de personas de la justicia federal que están bajo la custodia del servicio penitenciario de la provincia. La mayoría se controlan con tobilleras electrónicas, pero hay algunos casos en que, por el tipo de delito, se puede hacer como era anteriormente: bajo juramento o palabra de honor, con monitoreo y visita que hace la Dirección de Promoción de Liberados".

En referencia a la postura sobre la tenencia de teléfonos, Romero explicó que debemos ?buscar una solución de fondo' y ?ponerse encima de la situación': "Hay que llevar el tema a la Legislatura y que se discuta el artículo 174 de la ley provincial de ejecución. El avance tecnológico no se puede detener, hoy hablamos de inteligencia artificial, no podemos retroceder y no haber aprendido nada en todos estos años como sociedad y como institución y volver a restringir el uso de celulares cuando eso llevó a denunciar muchos hechos de corrupción, incluso del personal del servicio penitenciario", explicó el Procurador, a lo que agregó: "Podemos autorizar el uso de celular con alguna aplicación que permita llamar solo a ciertos números, es el desafío como sociedad mendocina y nos puede poner a la vanguardia en este debate a nivel latinoamericano".

Finalmente, Romero explicó que esta época del año y el hacinamiento provoca irascibilidad en las personas: "El hecho de la falta de comunicación, las fiestas, las necesidades de las familias que están afuera y los presos que no pueden ayudar. Se juntan una serie de elementos que provocan una inestabilidad en los complejos que a veces terminan en motines. Afortunadamente durante la pandemia en Mendoza no sucedió y en gran medida se lo podemos atribuir al uso de celulares", aunque también destacó el labor de servicio penitenciario, que fue 'muy importante para alivianar esta situación': "Podemos decir que corremos el riesgo si volvemos para atrás de sufrir otra vez este tipo de compulsas. Lo pudimos vivir en carne propia en la pandemia: hubo secuelas en la población civil por este encierro que no fue tan estricto como el que sufren las personas en las cárceles"