Villa Mascardi: Alerta porque mapuches volvieron para realizar una ceremonia y reclamar el territorio

La "machi" Betiana Colhuan volvió a tocar el kultrun frente al Rewe, el espacio sagrado que la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu perdió el 4 de octubre de 2022, cuando el Estado la desalojó del territorio de Villa Mascardi. "El sonido rítmico de este instrumento ancestral de percusión llenó el bosque donde hace seis años y medio fue asesinado el joven Rafael Nahuel", contó el portal BPT citando a El Diario sobre la vuelta al lugar de la controversia.

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Algunas integrantes de esa comunidad se trasladaron a la tierra en disputa con el Estado para realizar un "ngellipun", una ceremonia espiritual durante la cual pidieron poder reinstalarse en el territorio que la comunidad había recuperado en 2017 y que sostuvo como propio durante cinco años.

El medio contó que "el Rewe es un espacio sagrado, que incluye un área natural y un tótem donde los mapuches realizan ceremonias, de conexión con la naturaleza, la vida y los espíritus que las rigen".

Además, dio cuenta de que "el regreso definitivo al territorio hoy en custodia militarizada del Estado fue el pedido principal que hicieron las integrantes de la comunidad durante la ceremonia".

Tras el desalojo realizado por Patricia Bullrich y las idas y vueltas del gobierno de Alberto Fernández, señalaron: "Hoy estamos solo de visita. Nuestro territorio sigue maltratado, está cargado. Nosotros no estamos bien lejos de nuestro espacio sagrado. Venimos para que el Estado, las fuerzas de seguridad, no puedan derribar nuestro Rewe". Así lo dijo al inicio de la jornada la machi Betiana Colhuan, integrante de la comunidad y guía espiritual del grupo.

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Desde las 7 de la mañana, la machi encabezó las actividades que incluyeron una ceremonia, un purrún o danza, y un pequeño parlamento -trawun- durante el cual todos los presentes hablaron sobre la importancia del encuentro en el territorio que la comunidad sigue reclamando.

"Pedimos fuerzas para volver, para vivir en este espacio, volver para convivir y cuidar y proteger este territorio que ha sido violentado y pisoteado", dijo.

Prácticamente la totalidad de los integrantes de la comunidad se encuentran judicializados, acusados por "usurpación", en una causa que lleva más de seis años y que durante el próximo mes de marzo llegará a instancia de juicio oral.

El conflicto entre la Lafken Winkul Mapu y el Estado -en los sucesivos gobiernos de Macri y Alberto Fernández- derivó en la constitución de una mesa de diálogo y en la firma de un convenio, suscripto el 1 de junio de 2023, que rubricaron miembros de varias comunidades mapuches, el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y otros funcionarios.

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Entre los acuerdos arribados se incluye el reconocimiento del Rewe como "sitio sagrado para el pueblo mapuche a fin que la machi Betiana Colhuan pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales". Incluso planteaba la construcción de tres viviendas en el lugar -una para la machi, otra para sus familiares y colaboradores y una tercera para los pacientes-, a partir de un permiso otorgado por Parques Nacionales. Establecía además la "reubicación" del resto de la comunidad en otras tierras del Estado, y la presentación ante la Justicia de un acuerdo de conciliación que cerraba el proceso de judicialización contra cuatro mujeres de la comunidad, iniciado durante el desalojo del 4 de octubre de 2022 y que las mantuvo con prisión domiciliaria durante siete meses.

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Este último punto del convenio fue el único que se ejecutó, y las mujeres recuperaron la libertad.

Sin embargo, Gustavo Franquet integrante de la Gremial de Abogados y representante legal de la comunidad dijo a El Diario que "el Estado no cumplió en nada con el acuerdo". Se quejó principalmente de la negativa a la devolución del Rewe a la comunidad y la falta de "reconocimiento como lugar sagrado", además de la ausencia de una propuesta concreta de territorio para la "reubicación" comunitaria. Franquet participó de la actividad ceremonial realizada el domingo pasado.

La homologación judicial del acuerdo que otorgó a través de una resolución la Jueza Federal Silvina Domínguez, permitía que se detenga la causa penal por usurpación iniciada por Parques Nacionales. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz y ahora será la Cámara Federal de Casación la que deberá abocarse a resolver si confirma la homologación o hace caer el acuerdo.