Primeras medidas para despejar la pista
Rodolfo Cavagnaro analiza en esta nota el primer impulso que le está dando Javier Milei a un cambio total de modelo durante su gobierno. Qué hay detrás de las medidas.
El presidente Javier Milei anunció el famoso megadecreto que, se esperaba, con normas tendientes a la desregulación de la economía. Estas implican derogación de leyes, modificaciones de otras y algunas normativas que, por supuesto, pueden generar polémica.
En general puede decirse que estas medidas tienen por objeto comenzar a despejar el camino, porque aún falta enviar al Congreso un paquete de leyes más complejas y, además, falta comenzar a desregular la letra chica de miles de reglamentaciones dictadas por ministerios, reparticiones, organismos de control como AFIP, Ministerio de Trabajo y otros cuyo objetivo fundamental es darle trabajo a la burocracia, para justificar su existencia, complicándole la vida a los ciudadanos.
La norma, incluso, entra en terrenos muy criticados por dirigentes sindicales, pero en ningún momento anula derecho, como el referido a las indemnizaciones por despido de los trabajadores en relación de dependencia, aunque abre el juego a la posibilidad de establecer mecanismos nuevos, que puedan crear un seguro de desempleo, incluso dando a las empresas la posibilidad de fondearse en una sociedad de capitalización privada.
No hay afectaciones a los derechos de los trabajadores, aunque se establecen algunas limitaciones. Hasta ahora regía el principio "in dubio pro operario", que significa que, en caso de duda, los jueces deben estar a favor del empleado. Esto sirvió para que se inventaran muchas causas y muchos juicios con argumentos dudosos que era la empresa la que debía refutarlos. La nueva norma, con más justicia, dice que quien argumenta una causa, debe encargarse de probarla, como ocurre en el Derecho Civil y Penal.
El "prohibido prohibir" de Milei y las dudas optimistas de los ministros en Mendoza
El objetivo del Presidente, en esta etapa, es tratar de que arranque la economía y para ello se es necesario que sean los empresarios los que pongan primera y comience a marchar. Todavía hay complicaciones por el tema de los productos importados y algunas retenciones incómodas, pero se ha mejorado mucho el dólar de exportación, como para facilitar las ventas a las empresas.
De todos modos, están faltando muchos temas, que son responsabilidad de las provincias y los municipios, donde existen miles de reglamentaciones que son solo grabas sujetas a peajes y para cualquier trámite hay que pagar sellado. El economista Gustavo Lazzari, productor pyme, dice que les tiene pánico a dos cosas: ingresos brutos y el 931. Este número está referido al número de formulario que los empresarios deben presentarle a la AFIP todos los meses declarando lo que pagan de nómina salarial, las retenciones que han hecho a los trabajadores y los aportes que deben hacer ellos por el tema de jubilaciones, obra social y ART.
"No hay una reforma laboral, sino un conjunto de medidas que mejoran algunas cosas"
Esto significa que el objetivo del presidente de intentar remover los obstáculos que frenan la inversión privada todavía no se ha removido porque, en su mayoría, dependen de provincias y municipios. Habrá que ver de qué manera reaccionan porque hay una fuerte resistencia a hacer ajustes. Lo que está ocurriendo con el Impuesto a las Ganancias es notable. Se resisten a imponerle impuesto a trabajadores y jubilados que cobran más de 1 millón de pesos, que son un número mínimo, pero que alcanza, además, a las cúpulas de los sindicatos. Además, los jubilados de esas esa cifra están cobrando jubilaciones de privilegio porque las normales no exceden los $700.000 mensuales
En una lectura rápida, el DNU tiene a eliminar restricciones formales a tanto a las importaciones como a las exportaciones ya que el presidente cree que si se anima este sector puede comenzar la recuperación de la economía, pero deben eliminarse formalidades y trabas y puede generar cierto resquemor las normas que regulan las huelgas y, además, establece una calificación de actividades como "esenciales" y otras como de "importancia trascendental".
Para las primeras establece que, en caso de huelga, debe garantizarse una prestación mínima del 75% y para las segundas se deberá garantizar un mínimo del 50%. Entre las esenciales incorpora a la educación, desde guardería hasta el nivel secundario y educación especial.