Los problemas que enfrenta Panamá por la mayor minera de cobre
Manifestaciones masivas se realizaron en el país centroamericano debido a que la concesión firmada por el Gobierno se realizó a espaldas del pueblo.
Panamá atraviesa masivas protestas tras anunciar la concesión por 20 años prorrogables a una empresa canadiense para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
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Los manifestantes se reunieron con pancartas donde se leía "cambio climático y minería matan", rechazando de esta manera el contrato firmado por el gobierno y la empresa Minera Panamá - subsidiaria de la canadiense Firts Quantum Minerals.
Los motivos que más indignan a quienes se oponen al proyecto son dos: uno, que el contrato parece haberse hecho a espaldas de la comunidad. La ley fue debatida, aprobada y sancionada por el Gobierno en un tiempo récord: solo en tres días. Además, según cuenta Banfield, no se le permitió a la gente consultar bien el documento desde el principio y antes de que entrara a los debates.
"La plataforma no permitía descargar el documento, tampoco conocer las opiniones que las personas vertían y mucho menos saber a dónde iba a parar lo que uno pudiera opinar. No es hasta que este documento entra al primer debate en la Asamblea Nacional que, a propuesta del diputado Juan Diego Vásquez, se logra establecer una discusión con la participación ciudadana", explica la activista al diario El País.
Para el abogado y exdiplomático Roberto Ruiz Díaz, esto supone una violación al Acuerdo de Escazú del que Panamá es parte. Sobre todo, porque se necesitaba una mayor participación ciudadana ante la continuación de un proyecto de esta magnitud. Se trata de una mina de cobre de unas 12.000 hectáreas, ubicada en el Caribe panameño, en la provincia de Colón, sobre el corredor biológico mesoamericano. Es decir, sobre un área protegida. Aunque la mina ya venía operando desde 1997, lo que hizo el Gobierno fue aprobar un nuevo contrato por 20 años, que podría prolongarse hasta 40.
Por su parte, Roberto Cuevas, presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), considera que la presencia de la empresa sobre este terreno protegido ha ayudado a su protección, pues, asegura, antes de que llegara la compañía, el Estado nunca destinó recursos para su conservación. "No se trata solo de declarar áreas protegidas, hay que invertir plata para hacerlo", dijo en declaraciones a América Futura. Además, garantizó que la empresa cuenta con un plan de manejo ambiental con más de 100 puntos que deberá cumplirse a cabalidad y recordó que hay más de 7.500 empleos relacionados con la mina que podrían perderse si el contrato no se hubiese aprobado.