El voucher solo no alcanza

El sistema educativo argentino según la ley 26206 (del año 2006) y con una trayectoria que se origina en los comienzos de la nación argentina (siempre recordemos la ley 1420[1] de Sarmiento del año 1884, bajo la presidencia de Roca, considerada la piedra fundacional de la educación en Argentina) establece que la educación obligatoria incluye los niveles inicial, primario y secundario.

Dice en sus artículos 2 y 3:

"ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

ARTÍCULO 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación."[2]

Insistiré en este punto: la educación pública abarca las instituciones de gestión estatal y de gestión privada, aunque usemos habitualmente el término pública para referirnos a la educación de gestión estatal.

Lo público implica los acuerdos a nivel nacional respecto a la estructura del sistema, sus órganos de gobierno, sus contenidos curriculares, sus sistemas de evaluación y promoción, etc. que garantizan un sistema homogéneo y de alcance nacional. Dicho en otras palabras, en cualquier rincón del país se debe enseñar lo mismo, bajo los mismos estándares de calidad y de evaluación y en las mismas condiciones de funcionamiento. Por ello es un bien público y una prioridad nacional....de allí a que lo llevemos a cabo es otra cuestión.

¿La educación pública (independientemente de su gestión estatal o privada) es una prioridad? ¿Hemos reflejado en nuestro quehacer social y político este principio y garantía expresado en la ley?

Definitivamente parece que no. Lo reflejan las pruebas de calidad educativa, la desigual distribución de la oferta educativa en el territorio nacional y las altas tasas de deserción y fracaso escolar así como la deficiente inversión en infraestructura y tecnología como mejoras de la oferta.

No alcanza con proclamar su importancia.

Hay que tomar decisiones para un cambio efectivo que no solamente redunde en una mejor inversión educativa sino en una mejor calidad educativa y en un mayor acierto educativo en cuanto a un proyecto de país que forma a su ciudadanía en pos de un horizonte común, promoviendo la instrucción como herramienta de progreso individual y social.

El verdadero cambio es pedagógico, es organizacional, es cultural y atinente al corazón mismo del sistema educativo y es de índole política y social porque requiere acuerdos y convenios al interior del propio sistema. Lo económico deberá reflejar el resultado de esa trama.

¿Qué quiero afirmar con esto? Defendemos la educación pública pero luego nos encontramos de frente con los problemas de la mala calidad educativa, los flacos resultados en las mediciones y con una inversión educativa que nunca llega a cubrir lo indispensable. Entonces, esta defensa termina siendo más una cuestión de declamación de principios que no llega a plasmar en la realidad su cometido. Una mentira, un eufemismo. Seamos sinceros con nosotros mismos y digámonos, necesitamos hacer algo diferente por la educación argentina para que el sistema realmente cumpla con su propósito.

Así como estamos, aún invirtiendo mal o invirtiendo poco, haríamos las cosas mejor si las hiciéramos bien. ¿Qué quiere decir hacerlas bien?

Entiendo que significa entablar una discusión pedagógica sobre los métodos de enseñanza/aprendizaje en todos los niveles (incluso el superior) y hacer ajustes en función de los métodos de enseñanza que a todas luces no están dando resultados, realizar un control de gestión más enfocado en el seguimiento de los estudiantes y sus aprendizajes que en la justificación de las acciones de gobierno y esto no significa financiar la demanda pero sí enfocarse en ella: ¿Dónde están nuestros niños y jóvenes que abandonaron la escuela? ¿Qué pasa con los que no llegan a terminar o se quedan en el camino? ¿Cómo los traemos de vuelta a un sistema que efectivamente enseñe y donde se logren aprendizajes verdaderos y no meros paliativos? ¿Qué pasa con los estudiantes que logran recorrer todos los tramos educativos obligatorios (terminan el secundario) y no acceden a la universidad o a la formación superior? ¿Qué pasa con los estudiantes que logran graduarse de la universidad? ¿Qué hacemos para que todo ese caudal de ciudadanos formados dentro de nuestro sistema tengan un papel preponderante en el crecimiento del país? ¿Y qué pasa con la oferta educativa? ¿Realmente procura trabajo, desarrollo, crecimiento regional? ¿La educación que ofrecemos promueve un proyecto de país? ¿Hacia adónde vamos? ¿Qué necesitamos los argentinos para prosperar y crecer de la mano de la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico y humano?

Los anteriores interrogantes aquí planteados, son a mi entender, los que debemos respondernos en primer lugar. Frente a ellos aún no hemos construido respuestas. Basta de banderas y de tambores presuntuosos.

Inmediatamente respondidos, por supuesto, debemos establecer las condiciones viables de financiamiento de nuestro proyecto educativo nacional. ¿Cómo solventamos la educación pública? ¿Ponemos el foco en la oferta o en la demanda? ¿La educación es un gasto o es una inversión?

Muchos se rasgarán las vestiduras afirmando rápidamente ¡Es una oferta! ¡es una inversión! Y estoy de acuerdo. Pero también hay una demanda que escuchar y atender y no sólo es del estudiantado, sino de la sociedad en su conjunto y habrá que reconocer profunda y sinceramente qué necesitamos hoy los argentinos para salir adelante de nuestras crisis tan hondas en lo cultural, social, económico, etc. Eso no es mercantilismo de la educación, es sentido de realidad. ¿Qué necesitamos? ¿Podemos respondernos a eso? ¿Y volverlo una oferta educativa atinada?

Las garantías individuales de estudiar y acceder a la educación no pueden ser una definición aislada si se asume desde el esfuerzo colectivo de una sociedad que toma el compromiso de obligarse a asegurarlas. Sin obstaculizar los intereses individuales, los gustos y las vocaciones debe haber un horizonte de prioridades colectivas que se constituyan y se materialicen por ser justamente... prioritarias.

El sistema educativo obligatorio (desde nivel inicial a secundario completo) está en manos de las provincias y muy poco o nada hace el ministerio de la nación por solventarlo. Nación fija un rumbo pero no lo financia. Y además ese rumbo no está dando buenos resultados por lo que marcan los indicios objetivos de las pruebas de calidad. Nación no tiene escuelas, docentes ni estudiantes de los niveles obligatorios. Sólo tiene bajo su potestad a las universidades nacionales de gestión estatal. Las universidades estatales provinciales con reconocimiento nacional son solventadas por las provincias.

Veamos qué pasa con las universidades nacionales estatales.

Ya me he explayado en otros textos[3] sobre el sistema universitario argentino, diré resumidamente: tenemos una de las tasas de egreso (aproximadamente el 20%) más bajas de la región y el mundo comparativamente, una tasa bruta de ingreso del 12% en la franja etaria de 18 a 25 años (eso quiere decir que solamente el 12% de los jóvenes argentinos acceden de la universidad...muy pocos), una desigual condición de oportunidad de acceso ya que los más pobres no llegan a la universidad y el porcentaje del presupuesto nacional en becas es alrededor del 2,1% [4] (dato obtenido del Instituto de Administración Pública de la Nación en el año 2020).

O sea, la educación pública universitaria debe sincerarse para empezar a reconocer sus grandes fallas sistémicas y no solamente sus logros o alcances a veces excesivamente politizados.

¿Queremos una universidad pública?

Yo digo que sí. Pero mejor, con más aciertos pedagógicos, que más estudiantes egresen y en tiempos más acotados a los tiempos de duración de las carreras, con una mirada más asertiva de las necesidades regionales, con un horizonte más arraigado en sus territorios y resolviendo las tremendas superposiciones y duplicaciones de carreras que complejizan el campo de incumbencias a desmedro de los graduados.

Cito por ejemplo: ingeniera agronómica y licenciatura en ciencias agrarias como carreras... ¿parecidas?. Los que hemos gestionado universidades sabemos de esos vericuetos de la creación de carreras que finalmente no hacen más que beneficiar a las corporaciones universitarias y perjudicar a los egresados. O crear la carrera de abogacía de la noche a la mañana en base a un profesorado de ciencias jurídicas porque una universidad privada trajo la carrera a la ciudad y siendo que a 200 km se ofrece la misma....esas son cuestiones orgánicas que consisten más en una defensa de las propias instituciones que en base a un proyecto de país...

Tenemos una sobreoferta académica: 9329 carreras de pregrado y grado presenciales[5].

Si logramos componerlas en planteos de propuestas formativas más integradas podemos incluso derramar parte de esos recursos en beneficio del sistema obligatorio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si docentes universitarios de Matemática, Biología o cualquier otra disciplina recibieran en las aulas a estudiantes de niveles primario y secundario para realizar proyectos de iniciación a las ciencias, de apoyo o de acompañamiento en sus aprendizajes? ¿Qué pasaría si sumáramos las universidades al resto de la gran comunidad educativa para que entre todos logremos el propósito de una educación de calidad? ¿Por qué las universidades siguen funcionando como un satélite apartado del resto del sistema? Son muchas las funciones desde una apertura institucional que se pueden realizar en pos de un verdadero compromiso con lo que estamos atravesando hoy como sociedad.

Habrá también que sincerar tantos gastos superfluos o innecesarios a los que nos hemos habituado porque vienen de la billetera del Magnánimo Estado.

A todo esto, ¿cuánto nos cuesta la universidad argentina? Porque alguien la paga, no es verdad que es gratuita...dejemos de insistir con ese concepto que pone al Estado a la altura de un Dios omnipresente y omnipotente.

Veamos lo que dicen las fuentes estadísticas[6]: 121.952.515.549 según lo registrado para el año 2019 es el total del presupuesto anual para las universidades nacionales estatales.

"Las comparaciones internacionales ubican a la Argentina por debajo del financiamiento promedio de los países desarrollados en términos de porcentaje del PBI y muy por debajo en términos de financiamiento por alumno, contando con alrededor de un 25% del presupuesto por estudiante con respecto a los países de la OCDE, dado que el PBI argentino es muy inferior". [7]

Continua el informe: "La ejecución del gasto de las universidades muestra un sesgo excesivo hacia el componente salarial. Si bien este es siempre el componente más importante de la actividad educativa, en el caso argentino este elemento es excesivo y las crisis económicas, frecuentes en el país, profundizan la tendencia al congelar los restantes gastos...."

En resumen, se expresa que el 85% del presupuesto se ejecuta en el pago de sueldos a trabajadores (docentes y no docentes) que tienen estabilidad de derecho o de hecho (por presión sindical) por lo que ese alto porcentaje más los gastos llamados inelásticos (servicios públicos, limpieza, seguridad, etc.) dejan un margen mínimo a la inversión en infraestructura, tecnología e investigación.

Tenemos un sistema universitario que tiene trabajando allí a 212.724 personas declaradas en el año 2021[8] con muy pocos recursos para que avance en su tarea....algo tiene que cambiar.

Una cuestión es ineludible: si asumimos un sistema universitario bajo la responsabilidad del Estado, necesitamos edificios, laboratorios, campos experimentales, recursos para enseñar, investigar, aprender, docentes, no docentes, investigadores, etc. para que esas instituciones estén en funcionamiento. Todo ello no se puede resumir financieramente en la expresión voluntaria de un estudiante concurriendo con su voucher a elegir la universidad que prefiera.

El voucher solo no alcanza. Aunque puede permitir que estudiantes sin recursos accedan o puede motorizar proyectos al interior de las instituciones por la inyección de inversión que pueda traerle el propio alumnado con su elección.

El problema de quién y cómo sostenemos las universidades ya no resiste la frase de pública y gratuita como si el Estado todo lo pudiera mientras los que menos tienen se van quedando cada vez más afuera y lejos.

Habrá que pensar una dinámica más justa, verdaderamente más democrática y más honesta...pienso en Uruguay y su sistema de solidaridad intergeneracional que establece un arancel para los contribuyentes que son aquellos profesionales egresados quienes aportan al fondo luego del quinto año de aprobada la última materia y siempre y cuando tengan ingresos mayores al mínimo no imponible. El aporte al fondo se abona en 12 cuotas mensuales y tiene carácter de anticipo mensual y obligatorio, a pagar de enero a diciembre, durante 25 años o hasta su jubilación y discriminando entre los egresados de carreras de 4 años o menos y las carreras de mayor duración así como el tiempo en años de egresados (más/menos 10 años). El arancel varía en función de lo anterior pero oscila alrededor del equivalente a unos U$S 100 anuales.

Tenemos alternativas para salir adelante. Construyámoslas.

[1] http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/5421.pdf

[2] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf

[3] https://www.memo.com.ar/opinion/fracaso-universidades/

[4] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuinap_7_2020.pdf

[5] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sintesis_2020-2021_sistema_universitario_argentino.pdf

[6] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuinap_7_2020.pdf

[7] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuinap_7_2020.pdf Cuadernos del INAP 46 El presupuesto universitario en la Argentina: ¿cuánto, cómo, dónde y a quiénes?

[8] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sintesis_2020-2021_sistema_universitario_argentino.pdf