Condenaron a un abogado mendocino por "patearle en contra" a su cliente

Un abogado fue condenado por mala praxis abogadil, algo similar a lo que ocurre con un médico, pero en el ámbito netamente judicial. El letrado, Iván Yoma, fue acusado por daños y perjuicios debido a que no reclamó, en una demanda civil, parte de los bienes que le correspondían a su cliente.

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Su cliente se divorció en 2017 y tras quedar firme la sentencia comenzó los trámites para la repartición de bienes. El hombre, una vez divorciado, dejó la vivienda conyugal ubicada en Alto Challao, la que quedó ocupada por la mujer.

En ese momento, se mudó a una casa que alquiló durante 4 años, mientras su ahora exesposa permanecía en el hogar conyugal.

Cuando debió reclamar por la repartición de bienes, el hombre contrató al abogado Iván Yoma, quien realizó la correspondiente demanda, pero no reclamó el 50% del valor del inmueble que formaba parte de la sociedad conyugal.

Al querer remediar el error, Yoma quiso realizar una demanda durante los alegatos del caso, pero el juez consideró que no era el momento oportuno y no le dio lugar.

Debido a esto, la sentencia por la repartición de bienes no incluyó el uso ni los bienes gananciales de la propiedad, y el hombre quedó sin derecho alguno sobre la misma.

Con esta sentencia, el cliente de Yoma lo demandó por daños y perjuicios. El abogado intentó defenderse y ante la Justicia sostuvo que su cliente había sido debidamente notificado sobre la demanda y la no incorporación de la propiedad. 

Luego, remarcó que el hombre estaba al tanto que el reclamo iba a realizarse durante los alegatos, a pesar de tratarse de una maniobra extemporal.

Pero para la jueza Roxana Álamo, el abogado no realizó un análisis exhaustivo de los bienes de su cliente ni del patrimonio conyugal lo que generó un daño patrimonial. Asimismo, en el expediente no consta que su cliente haya sido informado sobre el no reclamo de la propiedad.

Por todo esto, el abogado fue condenado a pagar el alquiler de la propiedad que abonó su cliente durante cuatro años desde que se fue de la casa matrimonial. La suma asciende a $1.440.000 más los intereses, que llegan a $288.000.