Tres exfuncionarios de la Casa de la Moneda podrían ir presos por malversación
Se trata de la expresidenta Katya Soledad Daura, el asesor en el área de seguridad, Mario Enrici y el entonces gerente general Raúl Héctor Desmarás.
La Justicia Federal podrían condenar a cinco años de prisión a funcionarios de la Casa de la Moneda sospechados de malversación de fondos. El monto por el que se los acusa asciende a 98 millones de pesos.
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Los hechos habrían ocurrido entre el 2012 y el 2015 cuando la entonces presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Soledad Daura, habría sido culpable de peculado de servicios. Asimismo, fueron acusados quien se desempeñaba como asesor en el área de seguridad de la entidad, Mario Enrici y el entonces gerente general Raúl Héctor Desmarás, quienes serían los partícipes necesarios del delito.
Durante los alegatos, el fiscal González Da Silva solicitó etre 5 y 3 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso por la suma ilícita sustraída y actualizada.
Con respecto a Enrici y Desmarás también requirió que se los obligue a realizar tareas comunitarias no remuneradas, a razón de tres horas semanales, en la institución pública que designe el tribunal y la obligación de mantener el domicilio actualizado.
A los tres sospechosos los acusan de haber realizado una maniobra para justificar un gasto desproporcionado que no estaban autorizados a realizar y que fue en perjuicio del erario público.
En ese momento la suma por la que se los acusa era de $5.511.000, pero su valor actualizado es de $98.090.000. En esa suma estaban incluidos los pagos a la empresa de seguridad, los sueldos de los vigiladores y el sistema de vigilancia.
De acuerdo a la investigación, los gastos están relacionados con la contratación de un plan de seguridad que estaba conformado por cuatro agentes de custodia que rotaban en horario diurno y nocturno en la residencia particular de Daura y dos choferes-custodios para traslado de ella y su familia. Así también, la contratación contaba con un sistema de seguimiento satelital a seis rodados, como también, la instalación de cámaras de monitoreo en el domicilio personal de la imputada. Todo esto a pesar de que la funcionaria contaba con custodia de la policía federal y que no había sido objeto de ningún tipo de ataque o atentado.