La millonaria suma que deberá pagar el Estado de Mendoza por la muerte de un preso
Un interno de Almafuerte fue encontrado colgado en su celda. La familia demandó al Estado y la Justicia lo condenó a pagarle cerca de 10 millones de pesos.
Debido a la muerte de un preso en una penitenciaría de Mendoza, la cual fue caratulada como "suicidio", el Estado provincial deberá pagar alrededor de 10 millones de pesos, luego de que su familia realizara una demanda en la Justicia Civil.
Formó parte de la agrupación de Mauro Aguirre, lo acusaron de "macho abusador" y demandó a Twitter
José Luis Fiorenza Soria, de 21 años, estaba detenido en el penal de Cacheuta, Luján de Cuyo, por robo en grado de tentativa y portación de arma de guerra, delitos por los que recibió una condena de cinco años de prisión. Mientras cumplía su condena, en abril del 2018, fue encontrado ahorcado con una sábana en las rejas de su celda.
Su familia asegura que el joven días antes les había manifestado que tenía miedo de permanecer en ese pabellón por la rivalidad que tenía con otros internos. Tal es así que minutos antes de su muerte les pidió a las autoridades ser trasladado.
Asimismo, la familia indica que tras la muerte de Fiorenza Soria, nunca les entregaron su celular y que las imágenes de las cámaras de seguridad del momento del supuesto suicidio desaparecieron.
Por otro lado, aseguran que el joven padecía un cuadro depresivo y que el mismo no recibía la atención psiquiátrica necesaria.
Si bien por el hecho la Fiscalía de Homicidios inició una investigación, concluyeron que Fiorenza había cometido suicidio y no hubo intervención de terceros.
De todas maneras, durante la causa también se determinó que había tenido varios intentos de suicidio y si bien tras cada hecho recibió ayuda psiquiátrica y psicológica, la misma no fue durante un tiempo prolongado que le permitiera realizar un tratamiento, sino en casos puntuales.
Con todos estos hechos, la Justicia determinó que el Estado fue responsable de su muerte, ya que además de la integridad física de los internos, debe asegurar y proporcionar los medios que garanticen su salud mental.
Por esto, condenó al gobierno de Mendoza a pagarle $1.400.000 más los intereses a cada progenitor por los daños y perjuicios sufridos por la pérdida de su hijo.
Debido al año en el que ocurrió el suicidio, cada padre recibirá casi cinco millones de pesos debido a los intereses; es decir, el Estado le pagará $10 millones a la familia por no brindar asistencia psiquiátrica.