Si la Nación no se metiera en roles de provincias y municipios, no tendría déficit

Suponer que un cambio en el régimen monetario y cambiario alcanza para forzar la eliminación del déficit fiscal es una ingenuidad. Para no repetir fracasos, hay que ordenar integralmente el Estado. Un componente clave es eliminar los solapamientos entre el gobierno nacional, las provincias y sus municipios.

Las discusiones sobre cuál es el mejor régimen monetario y cambiario pasa por alto que el problema más importante y difícil de resolver es el déficit fiscal. Resulta una ingenuidad suponer que una mayor rigidez monetaria y cambiaria (el caso más extremo es la dolarización) alcanza para forzar a que se equilibren las finanzas públicas. Este planteo es una simplificación que no considera que los crónicos déficits fiscales son una característica intrínseca del Estado argentino derivada de su mala organización.

Una fuente muy importante de derroche de fondos públicos es la superposición de funciones entre niveles de gobierno. En materia de educación, salud, asistencia social, vivienda y urbanismo, el gobierno nacional cuenta con estructuras administrativas que ejecutan acciones en funciones que son responsabilidad de las provincias y sus municipios. Esto lleva a solapar burocracias difíciles de coordinar, a centralizar la toma de decisiones sobre cuestiones de carácter local y, lo más negativo, a que se diluyan las responsabilidades. Así, queda en la ambigüedad quien es el responsable de los malos resultados educativos, sanitarios, de desatención de la pobreza y déficits de vivienda.

Para dimensionar el derroche sirve observar la estructura el gasto público nacional. Según el sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, para el año 2021 se observa que:

- El gasto nacional en funciones estrictamente nacionales es de aproximadamente 15,8% del PBI.
- El gasto en subsidios a la energía y al transporte asciende a 3% del PBI.
- El gasto nacional en funciones sociales que son responsabilidad de las provincias y sus municipios asciende a 2,5% del PBI.

Estos datos muestran que si el Estado nacional dejara de entrometerse en funciones que corresponden a las provincias y sus municipios no tendría déficit. En el caso de los subsidios se debería tender a que las tarifas reflejen los costos de producir los servicios y fortalecer los regímenes de tarifa social que, como el resto de los programas asistenciales, están a cargo de las provincias y sus municipios. En relación al resto de las intervenciones nacionales sobre funciones sociales, que son provinciales, el apartamiento no solo implicaría ahorrar recursos públicos sino también dejar de entorpecer la gestión provincial y municipal.

Cerrar los programas nacionales en áreas sociales no implica aumentar el gasto de las provincias. En muchos casos implicará dejar de comprar libros que terminan en un galpón, construir o expandir escuelas u hospitales que las provincias no pueden ni quieren ponerle docentes o médicos y enfermeras, comprar medicamentos que se vencen antes de que se usen o que las propias provincias ya compran, construir una rotonda en un pueblo donde lo que se necesita es asfaltar otras calles, etc. Este tipo de acciones son anunciadas desde el gobierno nacional como ayudas frente a las carencias provinciales y municipales, pero la mayoría de las veces implican derroches de recursos públicos que entorpecen la gestión y sólo sirven para excusa de los gobiernos locales ante los malos resultados.

Muy ilustrativo en este sentido es lo que sucede con el gasto asistencial. Desde el Estado nacional se otorga a gente vulnerable la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta alimentaria y el plan Potenciar Trabajo. A esas mismas personas, desde los Estados provinciales y municipales se les ofrece, solapadamente, un centenar de planes alimentarios, de materiales para la vivienda y de transferencias de dinero, entre otros. El resultado es una desproporcionada incidencia de gastos administrativos, maltrato a las familias pobres y baja focalización del gasto asistencial.

El agobio que genera la creciente inflación aumenta el atractivo por reformas que le impidan al Banco Central emitir pesos para cubrir el déficit fiscal. Sin dudas, son reformas necesarias. Pero insuficientes ya que, de no mediar un ordenamiento integral del Estado, seguirá prevaleciendo la intrínseca propensión a gastar por encima de los ingresos. Por el contrario, si el próximo gobierno nacional elimina las intromisiones sobre funciones provinciales podrá bajar el gasto público y mejorar la eficiencia. Esto último alcanza por sí solo para eliminar el déficit fiscal y que el Banco Central deje de emitir sin respaldo.