Una denuncia por falsificación en la exportación de vinos salpica a Fecovita
La denuncia la realizó el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) luego de que Brasil notara irregularidades en la documentación presentada por Fecovita.
La falsificación de un documento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) salpica a Fecovita en la exportación de vinos a Brasil.
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La causa comenzó cuando el INV recibió una consulta del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil sobre un documento con el sello del Instituto, pero con algunas características que hacían suponer que era falsificado.
Se trataba de un documento emitido por Fecovita y que tenía como objetivo apurar los plazos de exportación de vinos a Brasil.
El INV detectó que el documento no había sido firmado por ellos, por lo que notificó a Fecovita y realizó la denuncia judicial correspondiente.
La investigación judicial comenzó y la Federación de Cooperativas Vitivinícolas quedó en la mira.
Al mismo tiempo, desde Fecovita realizaron una investigación interna para descubrir quién había sellado el documento de la cooperativa.
Finalmente se determinó que Víctor Martínez, un empleado en atención al cliente en Fecovita, fue quien en 2020 formó parte de una operación para exportar vinos a Brasil, pero para ello elaboró una nota apócrifa.
Según la investigación judicial, el empleado colocó los certificados de análisis de exportación del mismo INV junto con una nota con la firma y sellos del representante del Instituto y se la dio al cliente para que la presentara frente a las autoridades del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, con el fin de liberar en Aduana los contenedores con la mercadería exportada.
El papel carecía de los sellos y membretes característicos de los documentos del INV, y si bien tenía la firma y el sello de la Delegación Mendoza, la misma estaba a la izquierda, cuando normalmente se coloca a la derecha.
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Al confirmar el hecho, la empresa despidió a Martínez días después, mientras la Justicia lo imputó por falsificación de documentos públicos, un delito que prevé hasta 6 años de prisión.
Si bien la defensa solicitó el sobreseimiento, la Justicia esta semana confirmó el procesamiento del exempleado.