1861: Un 20 de marzo Mendoza fue epicentro de una de las mayores catástrofes de su tiempo

Hace 162 años un terremoto de gran magnitud calculado en 7,5 en la escala de Richter y 9 en la de Mercalli destruyó Mendoza. Ocasionó la muerte de 4.247 personas y cerca de 1.000 heridos, entre una población estimada de 11.500 vecinos. 

Entre ellos, murieron gran parte de sus líderes políticos, sociales y comerciales, y sus familias.

Se lo considera al terremoto mendocino como una de las catástrofes más desastrosas de ese siglo en todo el mundo, y sin dudas la mayor hecatombe natural del país durante el siglo XIX. 

Mendoza, la resiliente

En el lanzamiento del Congreso Pedagógico de Mendoza el director general de Escuelas, José Thomas, tomó una fuerte imagen de la historia, al hacer referencia a "una catástrofe inesperada, repentina, dramática y que no es la pandemia". Hablaba de aquel terremoto que asoló a Mendoza en 1861 y del que hoy se cumplen 162 años.

Valga la comparación, ya que muchos se plantean "cómo es que se pudo salir" en situaciones gravísimas de otros puntos de la Tierra, como Hiroshoma y Nagasaki, o las grandes guerras de Europa.

Pues Mendoza, también salió. Thomas tomó en su momento este hecho como una bisagra.

Explicó, para poder montar la analogía precisa, que "causó la muerte de 4 mil personas en una población de 12 mil" y que "fue considerado la catástrofe natural más grande de la Argentina de todo el siglo XIX y una de las más grandes del mundo para esa época".

"Mendoza -prosiguió- fue literalmente arrasada. A la desorientación política e institucional se sumaron incendios, epidemias, bandalismo, saqueos. La provincia estaba envuelta en la enorme puja institucional del país, con la pelea entre la Confederación y Buenos Aires, saldada poco después en la Batalla de Pavón en septiembre de 1861".

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Agregó que "en ese momento de conmoción había que trazar prioridades para saber por dónde empezar y obviamente que lo primero fue diagramar una nueva ciudad, pero también fue lo sanitario. El sistema educativo en ese momento -rememoró Thomas- no funcionó por dos años. Las pocas escuelas que existían se cayeron y las que quedaron en pie se utilizaron como hospitales u hospedajes de campaña". 

Aquí llegó al cometido de la remembranza histórica. "Nada de eso hizo que después de la zozobra, en forma espontánea, comenzaran las actividades de la mano de voluntarios, debajo de un árbol, a la vera de un río o en las afueras de la ciudad".

"Mientras tanto -dijo- la administración se centralizo en reordenamiento territorial pero se enfocó en la reconstrucción de escuelas. Un decreto del 19 de abril de 1864 dispuso la creación de escuelas fiscales. Habían pasado solo cuatro años desde el terremoto y se construyeron 40 escuelas para 2.400 alumnos. Un buen ejemplo es reparar en los dirigentes que no se detuvieron en mezquindades cuando de políticas de Estado se trató y sobre todo, cuando se vinculó con la educación. Los federales, los liberales, los unitarios, los conservadores, los autonomistas, los nacionales, los laicisistas, los católicos, todos no dudaron que lo importante era la educación de Mendoza", sostuvo Thomas.

El titular del gobierno educativo tomó de ejemplo luego a Emilio Civit, como referente de toda una generación que definió refundar la Mendoza que había caído en pedazos.

Cómo salir adelante

El profesor Gustavo Capone contó en Memo que por entonces y con la ciudad en el suelo, había que establecer prioridades y optimizar los recursos. ¿Por dónde empezar? A los diferentes proyectos sobre dónde llevar adelante el trazado del nuevo centro urbano, se sumó el latente y lógico problema político y sanitario. La antigua ciudad enclavada históricamente desde tiempos hispánicos entre el Tajamar y el Zanjón quedó enterrada para siempre.

El sector dirigencial quedó absolutamente diezmado por las muertes y renuncias, entre ellos un gran número de maestros. "Se perdió lo más culto e intelectual de la Provincia", según Agustín Alvarez, en notas de aquellos tiempos.

Las familias abandonaron la ciudad destruida en busca de lugares más seguros en el interior provincial y la desorientación fue notoria ante la catástrofe. Mientras tantos muchos huérfanos buscaban refugio en familias sustitutas.

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El sistema educativo oficial no funcionó durante dos años. Es decir, durante los años 1861 y 1862, no se dictó instrucción pública oficial en casi toda la provincia. Las pocas escuelas que existían se cayeron, y las escasas que se mantuvieron en pie fueron utilizadas como circunstanciales hospedajes u hospitales de campaña. Pero nada de eso hizo que después de la lógica zozobra del primer momento, en forma espontánea, comenzaran las actividades de la mano de voluntarios en lugares seguros. Desde setiembre de 1861 hay registro de actividades educativas en plazas, casas de familias o bajo de algún árbol.

Un hecho institucional ayudó en la dura circunstancia. Mendoza había sancionado su nueva Constitución en noviembre de 1854 (es la primera de las «constituciones provinciales» del país, después de sanción de la Constitución Nacional de 1.853). Dicha constitución estableció algo novedoso sobre las autonomías municipales. En el "Capítulo Séptimo: Sobre el Poder Municipal / Administración Departamental", se ponen las escuelas primarias en dependencia directa de los municipios provinciales y establece que la administración de los fondos de la instrucción pública correrá por cuenta de cada municipalidad. La circunstancia hizo que algunas escuelas departamentales se mantuvieran abiertas al haber sido menos traumático el sismo en el interior provincial que en el centro capitalino.

Mientras tanto la administración central priorizó un plan de reordenamiento territorial provincial, para el cual el desarrollo urbano contemplaba la aprobación de la creación de múltiples escuelas en la provincia y el direccionamiento de fondos recibidos prioritariamente a la educación. Las escuelas estarían cerca de las plazas y contarían con un amplio patio como resguardo de la ciudadanía ante posibles futuros sismos, con grandes entradas y amplios sistemas de conservación de aguas. En paralelo, y superando distintos momentos políticos (muerte de Luis Molina, el gobernador que sucedió a Nazar), el nuevo gobernador Carlos González (1863 - 1865), recibió una partida de $11.500 de la Comisión Filantrópica de Buenos Aires que destinó a la construcción de 23 escuelas. También la provincia de Entre Ríos aportó $12.000, más aportes recibidos de otras provincias y de países como Chile y Perú.

Todo se sumaba al decreto del 19 de abril de 1864 que había dispuesto el surgimiento de las «Escuelas Fiscales». Por ende, las escuelas se multiplicarán, llegando a 1865 con la apertura de 34 nuevas escuelas oficiales y 6 particulares.

El Profesor Benjamín Lenoir, cuñado de Domingo Faustino Sarmiento, es nombrado por el Gobernador González al frente de dicho emprendimiento como «Inspector de las Escuelas Fiscales», llegando a contar el sistema educativo por ese año con 1.784 alumnos matriculados en las «oficiales» y 547 en las «particulares».

La importancia del tema educativo posterior al trauma del terremoto se siguió manifestando: el gobernador Nicolás Villanueva (1867 - 1870), para ejercer un mejor control y supervisión sobre los establecimientos educativos creó en 1867 el «Departamento General de Escuela»; y en 1872, su primo Arístides Villanueva, también gobernador, impulsó la «Superintendencia General de Escuelas», nombrando como primer secretario a Daniel Videla Correas.

También se constituyen las «Comisiones Escolares de Distrito», un antecedente directo de los actuales Consejos Municipales de Educación, conformados por dos miembros titulares y un suplente en cada departamento. Su amplia gama de actividades comprendía entre otras funciones, las de crear establecimientos nuevos: su edificación, ubicación y presupuestos. Además de contratar docentes, según fuera necesario en la medida que no violará cualquier norma «reñida con la moral y las buenas costumbres». Estimular la creación de bibliotecas, asesorar al gobierno provincial sobre «mentes brillantes, que merecieran ser becados, acordar premios para alumnos y ?preceptores'». Es bueno recordar que el primer decreto de la gestión de Arístides Villanueva fue visionario: becar a Agustín Álvarez para estudiar en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Además, dictó la Ley Orgánica de Enseñanza Primaria, que contempló la obligatoriedad para los varones entre 7 y 12 años y para las niñas entre 6 y 13 años, antes aún que la vanguardista Ley N° 1420 ("Los Villanueva, una dinastía de gobernadores», en «Historias de Familias" de Jaime Correas - 1992). Además construyó un gran número de escuelas, estimuló jornadas de capacitación para docentes y mejoró ostensiblemente sus haberes. Pero lo realmente novedoso y revolucionario, fue la liberación del servicio militar para quienes desearán proseguir estudios superiores.