Sobre el 25N, los femicidios y la responsabilidad de las y los funcionarios públicos
Una opinión oportuna a raíz de la conmemoración de este 25 de noviembre, o "25N", Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
Dos cuestiones centrales reviven el interés de escribir esta nota, enmarcada en el 25 denoviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
En primerlugar, el informe recientemente publicado por el Observatorio de Femicidios en Argentina"Adriana Maricel Zambrano" de la Casa del Encuentro, que visibiliza mensualmente la cifrade femicidios que ocurren a lo largo y ancho del país.
En noviembre ascendió a 307 la cifrade mujeres asesinadas por personas de su entorno cercano.
La segunda cuestión tiene que vercon la resistencia que diversos legisladores nacionales pusieron hace unas semanas ante elposible tratamiento para otorgarle rango constitucional a la Convención Interamericana paraPrevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, mejor conocida como Belem DoPará.
El viernes expondrá en Guaymallén la comisaria trans expulsada de la Federal
Dicha Convención, aprobada por Ley 24.632 en 1996, reconoce que toda mujer tiene derechoa una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado.
Tambiéndispone, dentro de su articulado, "fomentar la práctica del derecho de las mujeres a una vidalibre de violencia, propiciando la educación e instituyendo como obligatoria la capacitaciónde personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios y funcionarias quese encarguen de la aplicación de las leyes, a quienes les cabe también la modificación de lospatrones socioculturales...".
Es necesario resaltar que la disposición de capacitar a las y los agentes públicos enperspectiva de género y derechos humanos no solo aparece en dicha Convención, sino que escompartida por diversos dispositivos legales del orden internacional a los cuales Argentina hasuscrito, y con los que ha asumido una gran cantidad de obligaciones para el resguardo de losderechos de las mujeres.
Sabemos que la perspectiva de género no es una noción fácil de comprender, pero tambiénsabemos que la resistencia a incorporar dicho enfoque como una herramienta teórica quepermita visibilizar las desigualdades y la discriminación hacia las mujeres forma parte de lasestrategias que buscan seguir sosteniendo la estructura sexista en la que estamos inmersoscomo sociedad.
Esta estructura sexista construida a partir de patrones socioculturales es laque da lugar a relaciones desiguales y jerarquizadas entre los sexos, caldo de cultivo para larealización de numerosas formas de violencia hacia la mujer.
Ahora bien, ¿cuál es el punto de unión entre los femicidios contabilizados por La Casa delEncuentro y estas líneas desarrolladas? Hoy por hoy, la transversalización del enfoque degénero en las políticas públicas depende de la sensibilización de quienes ostentan el poder, ycomo vimos en el debate surgido con la Belem Do Pará, estamos muy lejos de tenerfuncionarios públicos que comprendan la gravedad del asunto.
Contar con agentes estatalesque al día de hoy dudan de la existencia de la violencia contra la mujer no solo es incumplircon obligaciones públicas (ya que la Ley 27.499 obliga a las y los funcionarios del Estado acapacitarse en cuestiones de género) sino que es avalar y promover la ineficacia estatal frentea los casos de violencia, propiciando un mensaje según el cual la violencia contra las mujerespuede ser tolerada y aceptada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace especial hincapié en la educación comoherramienta eficaz para superar los estereotipos de género que establecen la desigualdad ycontribuyen a generar violencia contra las mujeres. Es momento de romper con el ordenestablecido. Debemos exigir a las y los funcionarios públicos que estén a la altura de lascircunstancias.
LA AUTORA. Luciana Ibañez Mendez, diplomada en Estudios Avanzados en Género, cultura y poder.