Lavado de activos y evasión: piden penas de hasta 4 años y 6 meses para 7 personas
Los acusados ya habían sido condenados en junio de 2021 por los delitos de asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión en la actividad cerealera. La fiscalía solicitó el decomiso y embargo de cuarenta bienes inmuebles para asegurar el cobro de las multas también requeridas en el petitorio.
El fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Federico Massei solicitaron al Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba -presidido por la jueza Carolina Prado e integrado por los jueces Mario Martínez y José Quiroga Uriburu- que imponga penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para siete personas por el delito de lavado de activos. Los siete acusados ya habían sido condenados en junio de 2021 por asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión en la actividad cerealera, por lo que, de recaer condena, se llevará a cabo la unificación de penas correspondiente.
Los respresentantes del MPF solicitaron también el decomiso de veinte inmuebles (dos de ellos en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires) y el embargo de otras veinte propiedades para asegurar el cobro de las multas que pidieron se les aplique.
De acuerdo al alegato pronunciado este miércoles, desde 2008 Fernando Cuello y su expareja Natalia de los Ángeles Paulus, fallecida, junto con los demás imputados, conformaron una organización delictiva para cometer diversos ilícitos tributarios (evasión de IVA y Ganancias, y apropiación indebida de tributos) mediante empresas fantasma. La fiscalía señaló que, por intermedio de estas firmas, las personas imputadas operaban ante el fisco como productoras o acopiadores de cereales, cuando en realidad eran meros intermediarios entre los verdaderos contribuyentes y los grandes consumidores o exportadores, logrando que los verdaderos operadores del mercado quedaran ocultos. De esa forma, obtenían importantes beneficios económicos de modo ilegal. Por estos hechos, fueron condenados sin sentencia firme como integrantes de una asociación ilícita fiscal.
Como consecuencia de esta actividad, los imputados lograron evadir y/o facilitar la evasión de más de 57 millones de pesos, una suma que luego inyectaron en la economía formal mediante diversas maniobras. La fiscalía sostuvo que, a través de estas empresas, bajo las directivas de Cuello, los acusados introdujeron los fondos ilícitos en el sistema financiero mediante depósitos y transferencias sin justificación y luego los retiraron en efectivo. Otra modalidad para dar apariencia legal a la riqueza ilícita obtenida consistía en la adquisión de bienes (principalmente inmuebles y vehículos), que eran inscriptos a nombres de las firmas o de sus representantes.
Los representantes del MPF relataron que, para poner en circulación el dinero generado y así maximizar los beneficios ilícitos, los imputados dispusieron del armado de una estructura jurídica cuyo objeto social declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) era distinto a aquel para el que fue utilizada. De esta manera, precisó la fiscalía, los acusados se valieron de Solfi SA, una firma de la que eran accionistas, para poner en circulación casi 600 mil pesos de fuente ilícita mediante préstamos personales de dinero en efectivo. Solfi había declarado ante la AFIP ser "transporte automotor de carga", pero nunca realizó esa actividad, sino que operaba como financiera, concediendo créditos que se instrumentaron a través de contratos prendarios con intereses elevados.
Gonella y Massei encuadraron los delitos en la figura de lavado de activos agravado por habitualidad y por formar parte de un grupo para su comisión continuada. Así, señalaron a Cuello como autor principal; a Jorge Ferrer y Sergio Guevara, como coautores; a Rubén Ceva, como cómplice necesario; y a Gastón Ludueña, Miguel Ortega y Rubén Di Primio, como cómplices no necesarios.
Sobre ese esquema, el Ministerio Público Fiscal pidió una pena de cuatro años y seis meses de prisión para Fernando Cuello. Respecto a Ferrer, Guevara y Ceva, requirió penas por la misma cantidad de tiempo, mientras que para Ludueña, Di Primio y Ortega el pedido fue de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional. Además del pedido de penas, en todos los casos se solicitó para cada imputado una multa, que en el caso de Cuello fue de 114.065.094 pesos, calculada como el doble del monto lavado. Para los demás imputados se solicitó el mismo monto, pero de manera conjunta, repartido de la siguiente manera: Ceva, Ludueña, Ferrer y Guevara, con 25.116.273 pesos cada uno; y Di Primio y Ortega, 7 millones de pesos cada uno.