La corrupción en la obra pública es un mal que debe ser erradicado porque atenta contra el bienestar general
El Instituto Argentino de Energía General Enrique Mosconi, emitió un duro documento en donde pondera el juicio por la Causa Vialidad y extiende sus conceptos a toda la obra pública.
El país vio y escuchó a dos de sus fiscales federales acusando, ante un Tribunal Oral, a laVicepresidenta de la Nación y a otros funcionarios de haber cometido graves delitos de corrupciónen la contratación de la obra pública en Vialidad Nacional.
La principal acusada no tardó en reaccionar utilizando la sede del Senado de la Nación para agredira fiscales y jueces. No se puede callar ante el atropello institucional y social que expresa, agraviandoa las Instituciones de la República basada en privilegios solapados que han sido ya desterrados denuestra sociedad.
Ha ignorado que hace 40 años el pueblo argentino decidió insertarse en el mundode las democracias donde las Instituciones de la República deben ser respetadas y dignificadas; quehace casi 210 años se abolieron los privilegios y hace casi 170 años el primer texto de nuestraConstitución Nacional declaró la igualdad ante la ley.
Su defensa, en cambio, se aferra a unapresunta inmunidad de origen sin ejercer los derechos que la ley les otorga a todos. Prioriza suinterés personal sobre los de la Nación y se ciñe en el principio de no responsabilidad con validezabsoluta ni siquiera relativizada por el conocimiento del delito que debió denunciar comofuncionaria.
Por su parte, los funcionarios militantes apoyando a su líder dominante brindaron el lamentableespectáculo de su apoyo irrestricto. De tal manera la acusada y quienes así la defienden asumenuna clara posición antirrepublicana ignorando la supremacía de la Constitución Nacional.
La temeraria amenaza de la pueblada contra uno de los tres poderes independiente del Estado esuna involución trágica de nuestra sociedad que debe encender todas las alertas para evitar entraren caminos sin retorno. Por ello ahora debemos considerar la existencia de un plan, puesto aprueba, que pretende que el caos sea la solución final de problemas personales de carácter judicial.
Los episodios de la Recoleta, organizados y coordinados por empleados públicos de alta jerarquía,activistas y gente trasladada desde lugares identificados del Gran Buenos Aires, lucen como quepodría continuarse con la ocupación ilegal del espacio público hasta consumarse el objetivo de laimpunidad.
En consecuencia, cualquier atentado contra la vida de las personas debe repudiarse y serdenunciado para ser juzgado por los Tribunales competentes. Así lo impone la Constitución Nacionaly lo reclama la necesidad de la paz, requerimiento esencial para el progreso del país.
Si además de los apoyos interesados el único titular de un Poder del Gobierno Nacional enfrentadestempladamente a los titulares del Tribunal Supremo de la Nación que ejerce con los demásTribunales el Poder Judicial, la institucionalidad republicana está en peligro y de eso se trata.
No debemos olvidar que el Gobierno Nacional tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires, cuyoterritorio fue federalizado pero el Poder Ejecutivo Nacional debe colaborar con las autoridadeselectas de la Ciudad respetando su régimen de Gobierno Autónomo con facultades propias delegislación y jurisdicción para que los derechos de todos sus habitantes puedan ser ejercidos.
Los dirigentes que representan a los partidos republicanos y democráticos deben comprometerse adesterrar la corrupción de la administración de los dineros públicos del Estado Nacional asegurandoasí la mejor prestación de todas las obras, servicios y obligaciones a su cargo.
El discurso debe ser dirigido a todos los habitantes para que no se destruya lo construido hasta elpresente recorriendo todo el territorio para predicar que Argentina es un solo país. Lasconsecuencias de lo que logremos hoy se verán en el futuro. Cumplir la Constitución Nacional yrespetar su supremacía será siempre el mejor proyecto.