Ese mundo en donde quepan todos los mundos

Se cumplen siete años de lucha contra la violencia patriarcal. Las marchas del Ni Una Menos han colaborado, desde entonces, a la visibilización del límite de lo soportable en nuestra vida social. Se trata de una lucha histórica que evidencia la necesidad de generar profundas transformaciones en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras instituciones, en el mundo del trabajo. Nuestra universidad pública no es la excepción. Hablamos de transformaciones en las que hemos avanzado, pero en las que aún queda mucho por profundizar: las violencias que todavía padecen nuestras infancias, juventudes, mujeres y personas LGTBIQ+ dan cuenta de ello.

La violencia es una práctica que atenta contra la dignidad humana y provoca efectos perjudiciales sobre la integridad psíquica y física, atacando la confianza, la autoestima e incluso el desempeño en el trabajo, poniendo en peligro los ingresos y, por lo tanto, la autonomía de las mujeres y diversidades. La autonomía económica es central para interrumpir a tiempo relaciones violentas que escalan en intensidad, aunque sabemos que no es el único aspecto interviniente para habilitar esta posibilidad.

Para las mujeres y diversidades de los sectores populares que sufren la intermitencia en los ingresos y las bajas remuneraciones, pero fundamentalmente el trabajo "en negro" -podríamos decir, más precisamente las condiciones que impone el precariado­-, como cotidianeidad naturalizada, resulta mucho más difícil aún de denunciar. En momentos de crisis económicas como el actual, cuando aumentan las dificultades para obtener otro empleo en el corto o mediano plazo, este problema se agudiza.

Las mujeres en muchas ocasiones evitan expresar las violencias sufridas en los ámbitos laborales por temor a ser rotuladas como "problemáticas", "conflictivas", incluso hasta son desplazadas de su lugar de trabajo como consecuencia de ello. Es habitual que eviten mencionar que en muchas ocasiones enfrentan bromas y comentarios ofensivos, acoso sexual y un trato desigual en su carrera, beneficios o salarios. Es abrumadora la cantidad de veces que las mujeres recibimos un chiste sexista, machista y/o discriminatorio, o llanamente somos acosadas sexualmente en el trabajo.

El Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo impulsa a tomar medidas para modificar las pautas culturales que son base de las expresiones de discriminación, acoso y violencia machista en este y todos los ámbitos. A este convenio lo acompaña la Recomendación R206 que recuerda a los miembros de la OIT la responsabilidad de "promover entornos de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso, así como también la obligación de prevenir y combatir este fenómeno". El Convenio 190 y la Recomendación 206 son las primeras normas internacionales del trabajo que brinda un marco normativo destinado a prevenir, remediar y eliminar la violencia machista en el ámbito laboral, además genera obligaciones a los Estados que los validan.

Nuestro país es uno de los 10 que ratificaron la norma internacional que reconoce el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso con la Ley 27580, sancionada por el Congreso Nacional el 15 de diciembre 2020 y lo volvió a hacer el 23 de febrero de 2022 al depositar el instrumento de ratificación en la OIT.

En Mendoza la Subsecretaría de Trabajo y Empleo -organismo encargado a través de sus profesionales de abordar los casos cuando existen denuncias- recibió 96 denuncias sobre violencias en el ámbito laboral entre enero de 2021 y el 8 de abril de 2022 y la mayor cantidad de denuncias fueron hechas por mujeres (59%). También se pudo conocer que la mayoría de las acusaciones provienen del ámbito privado: 68%, en el público se registró 32%.

Existe en Mendoza un proyecto legislativo que buscan crear el Observatorio de Violencia Laboral, dentro del ámbito del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia, para nutrir el diseño de medidas para la prevención y erradicación de estas conductas. Resulta fundamental para visibilizar esta problemática que los datos sean recabados, analizados y expuestos de manera permanente. Si no hay registros, trabajo serio, sistemático y acceso del público a la información, la problemática -como telón de fondo- no tiene el lugar que le corresponde en las agendas públicas, políticas y mediáticas que necesitamos. La Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo tiene mucho para aportar en esta materia, identificando esta problemática como eje prioritario entre las temáticas laborales que abordan variados equipos de investigación fortaleciendo el trabajo multidisciplinar.

Ya contamos con la Ley provincial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral en los ámbitos público y privado de todo el territorio de la Provincia de Mendoza, contar con un Observatorio integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en violencia laboral sería un paso importantísimo y urgente.

Ahora bien, detectar, actuar y resolver las situaciones de "violencia por razón de género en el ámbito laboral" es responsabilidad de los ámbitos de decisión de cada espacio de trabajo, pero fundamentalmente es responsabilidad del Estado.

Por esto es indispensable continuar tejiendo redes feministas, generar ámbitos de confianza y seguridad en las instituciones para que las personas afectadas podamos exponer nuestras situaciones y nuestras experiencias de vida y desde allí seguir conquistando el ejercicio efectivo de nuestros derechos y las bases concretas indispensables de un proyecto de sociedad más justa: ese mundo donde quepan todos los mundos.