La industria aceitera salió con los tapones de punta contra el Gobierno

"Esta medida es una clara indicación que el gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires". Con esas duras palabras la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) rechazó la suba de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja al 33%, medida a la que acusaron de atentar "contra la industrialización de la soja en el país".

Esta mañana el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo que la medida es para cuidar "la gallina de los huevos de oro" y que "once empresas exportadoras" de harina y aceite de soja estarán alcanzadas por la medida.

Desde la entidad que nuclea a los afectados señalaron que la suba de las alícuotas "no afectan el índice de inflación, pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo agroexportador del país".

El aumento de las retenciones al aceite de soja y las harinas, vino acompañada de la creación de un Fondo de Estabilización del Trigo que tiene como objetivo "estabilizar el costo de la tonelada que compran los molinos argentinos".

La Cámara Aceitera aseguró "que el gobierno tenía opciones diferentes al castigo impositivo, que están dadas por la coyuntura internacional de la suba de precios".

"Entre el 15 de febrero al 17 de marzo el Estado argentino incrementó sus ingresos fiscales por retenciones en el complejo cerealero-oleaginoso por más de 1330 millones de dólares, y podría activar mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables, aplicar rebajas temporales de IVA o asistir a productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales", afirmaron.

Como alternativa mencionaron la apertura de "nuevos cupos de exportación para registrar ventas futuras en 2022 y 2023 de maíz y de trigo que le podrían reportar no menos de 700 millones de dólares no previstos, debido al pago anticipado de retenciones que realiza la exportación".

Los aceiteros destacaron que la medida afectará a todo el sector, porque aunque a los granos no les subieron las retenciones, "toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país". Además, indicaron que "que cada barco de aceite de soja exportado, el Estado es dueño del 46% de su valor y ahora se queda con una porción mayor".

A su vez, desde la entidad anticiparon acciones judiciales, ya que consideran que el aumento impositivo es ilegal debido a que "el Poder Ejectivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral".

"Atender la crisis de precios internacionales que impacta sobre la población argentina es una obligación del Estado y de las empresas, pero atacar la industria nacional ajena a esta situación es el peor de los caminos", concluyeron.