El detrás de escena de la batalla judicial en la causa por el Banco de Mendoza

"A más de 20 años de la privatización de los bancos oficiales la Justicia falló a favor de la provincia de Mendoza en una demanda millonaria encarada en 2007 por parte de Magna Inversora y Grupo República contra el Gobierno de Mendoza por daños y perjuicios. Así la Provincia eludirá el pago de 22 millones de pesos que reclamó el grupo inversor en aquel momento, algo más de 150 millones de pesos actualmente", expresó Fiscalía de Estado de Mendoza en su página web, como lo anticipara Memo.

Es que luego de un más que extenso proceso judicial, la provincia de Mendoza ganó un juicio contra empresarios locales por la privatización de los bancos públicos. Magna Inversora y el Grupo República habían demandado al Estado por daños y perjuicios, pero la Justicia falló a favor del Gobierno.

La noticia dio cuenta de que la jueza María Paz Gallardo a cargo del tribunal de Gestión Asociada N°1, dictó sentencia rechazando la demanda en su totalidad. El reclamo de los empresarios eran por daños y perjuicios derivados de los hechos, actos, omisiones, ocultamientos y defectos de previsión por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los estados patrimoniales de dichas instituciones al 30 de noviembre de 1995.

Ante la publicación, y algunas repercusiones que señalan el mérito del "triunfo" de la Fiscalía de Estado, quien fuera director de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado durante 20 años, Pedro García Espetxe, aclaró quiénes fueron los profesionales que intervinieron en el largo proceso.

Moneta y Magna: 20 años después, la Justicia falló a favor de Mendoza 

Señaló que "en los comentarios periodísticas destacan que la defensa fue ejercida, pareciera con exclusividad por la Fiscalía de Estado a cargo del Dr. Simón", pero aclaró que "en honor a la verdad corresponde aclarar quien realmente tiene los méritos de esa defensa".

En ese sentido, García Espetxe relató a Memo la cronología de los hechos de la siguiente manera: 

- "En el año 2007 se contesta esa demanda, cualquier abogado sabe que el futuro de un juicio depende de la calidad de ese acto procesal- contestación de demanda- donde quedan definidos los argumentos, y estrategias de la defensa".

- "En el año 2007 el Fiscal de Estado era el Dr. Pedro Sin, que se excusó de intervenir". García Espetxe contó que a raíz de este apartamiento le tocó intervenir por Fiscalía de Estado, "hasta el 2016, cuando me jubilaron", dijo.

El exfuncionario quiso poner de relieve en sus aclaraciones que, desde su punto de vista, "el mérito de prácticamente toda la defensa lo tiene la Dra. Alicia Barrilli, una de las mejores abogadas que ha tenido la provincia - hoy jubilada- que actuó por Asesoría de Gobierno".

"Como bien dice la sentencia, Fiscalía de Estado adhirió a la contestación de Asesoría de Gobierno realizada por la Dra. Alicia Barrilli, acompañando la estrategia defensiva durante todo el proceso, que concluyó dando la razón el tribunal, a los argumentos de tan destacada profesional".

"Nobleza obliga -acotó- hay que dejar claro quienes son a veces los hacedores de tan importantes logros como fue este caso judicial donde estaban muchos millones en juego".