Incremento de la presión fiscal a las actividades económicas

 El consenso fiscal que firmarán el Gobierno Nacional y la mayoría de los Gobiernos Provincialestraerá mayor presión fiscal, ya que autoriza que las provincias incrementen una cargatributaria de por sí ya excesiva.Concretamente, contempla el aumento de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutosy del impuesto de sellos. 

En materia del impuesto sobre los ingresos brutos (IIBB), el consenso establece que: 

-El hecho imponible alcanzará al ejercicio habitual y a título oneroso de la actividad delcontribuyente, con independencia de su carácter lucrativo o no.Esta nueva definición -que ya existe en los códigos fiscales provinciales- pretende ampliar labase de imposición que está prevista en la LCF, con la clara intención de que las cooperativas yotros entes sin fines de lucro abonen el impuesto, en un contexto en que la justicia ha dictadosendos fallos declarando la inconstitucionalidad de esta regulación por oponerse,precisamente, a la LCF. 

-En la comercialización de bienes o servicios digitales, el consenso apunta a "flexibilizar" elsustento territorial reemplazándolo por un "nexo jurisdiccional": esto significa la potestadtributaria para aplicar el impuesto estará dada, no ya por la existencia de gastos en lajurisdicción como elemento que determina la existencia de actividad, sino por el mero dehecho de generar ingresos, lo que se opone a la LCF y al Convenio Multilateral (cfr. art. 4°).Sostenemos desde ya que el consenso fiscal no puede modificar o flexibilizar las obligacionesque surgen de la ley de coparticipación federal, que tiene jerarquía constitucional y su reformarequiere del consenso unánime de todas las jurisdicciones (cf. art. 75 inc. 2 de la CN). 

- Desaparece la disminución progresiva de alícuotas que había planteado el anterior consensofiscal de 2017.En cuanto a esto último, las actividades encuadradas dentro de Agricultura, Ganadería ySilvicultura, Pesca, Explotación de Minas y Canteras e Industria manufacturera que vendan aconsumidores finales quedarán sujetas, con relación a esas operaciones, a la alícuota máximaestablecida para Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones en Gral. (5%). En los demássupuestos, la alícuota máxima oscila entre 0,75% y 1,5%. La cuestión aquí es que todas estasactividades, según el consenso de 2017, para 2022 debían quedar exentas, y la mayoría yaestaba exenta desde 2020. Se retrotrae así todo a la realidad impositiva que tenían en 2019en perjuicio del sector productivo y el impacto será significativo. 

- No establece ningún tipo de consecuencias para aquellas provincias que incumplen laobligación de devolver en forma automática saldos a favor.En otro orden, el consenso también prevé, en materia del impuesto de sellos, establecer unaalícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia deautomotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por estetributo en general.En materia de impuesto inmobiliario, fijar la alícuota en un rango entre el 0,5% y el 3% delvalor fiscal establecido conforme a las valuaciones uniformes establecidos por el O.Fe.V.I. 

Y finalmente, prevé la creación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes en cualquierade las jurisdicciones subnacionales firmantes, que recaerá sobre cualquier enriquecimiento atítulo gratuito (como herencias, donaciones, etc.), incrementando así la carga tributariapatrimonial sobre bienes que ya están gravados por el impuesto sobre los bienes personales.Recordamos que este impuesto actualmente solo existe en la Provincia de Buenos Aires,habiéndose derogado a partir de 2018 en la Provincia de Entre Ríos porque fue declaradoinconstitucional. 

Para CONINAGRO preocupa el aumento de una carga impositiva sobre la actividadproductiva que ya de por sí resulta asfixiante. Claramente, va en detrimento de lareactivación económica y de la inversión productiva.