La política se convierte en un tablero de ajedrez en el Perú de Castillo

La designación del congresista Guido Bellido como jefe de Gabinete de Perú podría ser un "gol en contra" o una hábil maniobra de ajedrez, según se lo vea, de acuerdo con análisis sobre la acción más polémica del mandatario en sus primeros tres días de Gobierno."Se trata de negociar más de lo que se espera recibir", le comentó a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, para quien la acción de Castillo podría colocar contra las cuerdas a la oposición conservadora, que tendrá que decidir si censura al Gabinete o lo deja pasar para evitar un futuro cierre del Legislativo.El analista y catedrático Ramiro Escobar no descarta que se trate de una hábil apertura de juego, pero admite que desde el oficialismo no se ha mostrado la sagacidad que permita deducir que se trate de algo premeditado y no de una simple imposición del fundador y líder del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón.Por Constitución, el Gabinete de Bellido tendrá que presentarse como máximo en un mes ante el Congreso, en el que el oficialismo es minoría, para pedir un voto de confianza. Si no lo recibe, el equipo tendrá que renunciar y Castillo deberá reemplazarlo.No obstante, el cuchillo tiene doble filo: si el Congreso le niega la confianza a dos gabinetes, el presidente queda facultado por ley para cerrar el Legislativo. Es decir, tras la censura de un primer Consejo de Ministros, una segunda será literal cuestión de supervivencia para el Legislativo.El nombramiento de Bellido generó gran malestar en la oposición parlamentaria y amplios sectores de la opinión pública, pues es investigado por la Fiscalía por "apología al terrorismo", es poco dado al diálogo, es declarado admirador del modelo cubano, emite opiniones consideradas misóginas y homofóbicas y se lo considera un obediente seguidor de Cerrón, a quien la contraparte acusa de extremista y de manejar a Castillo.A pesar de ese marco, Escobar y Santa Cruz coinciden en que ya hay grietas en la oposición: algunos parlamentarios salieron pronto a atacar al flamante presidente del Consejo de Ministros, pero otros observaron más cautela a pesar de la "provocación".Para Escobar, hay cálculos incluso de estabilidad laboral: los parlamentarios no desearán perder los cargos, como ya les pasó a sus homólogos en el anterior quinquenio.Santa Cruz potencia aún más ese temor por la posibilidad de que ese Congreso, en caso de que ser cerrado, le deje su lugar a una Asamblea Constituyente, otra figura que maneja Castillo y que es rechazada por la derecha.Las posibles fisuras en la oposición, potenciadas por un eventual proceso de censura, podría además hacer más difícil, en teoría, que la oposición alcance los 87 votos (de 130) que necesita para el caso de que quiera destituir a Castillo.Por ahora, los dos partidos más duros en la oposición suman 37 votos, pero -especulativamente- podrían atraer a hasta otros 44, para llegar a 81.Escobar considera sin embargo que la destitución presidencial está lejos de ser una opción real en el momento, pues no hay una figura jurídica que la justifique. En el quinquenio pasado, el Congreso destituyó a Martín Vizcarra y, antes, logró que Pedro Pablo Kuczynski renunciara cuando ya no podía impedir que lo sacaran.Adicionalmente, Castillo tendrá que lidiar con el interior de PL, un partido que se autoproclama marxista-leninista y en el que hay dominio evidente de Cerrón, quien no postula personalmente a cargos públicos porque tiene sentencia por corrupción cometida cuando era gobernador del departamento de Junín.De hecho, sobre la situación judicial de Cerrón, un neurocirujano de 50 años formado académica e ideológicamente en Cuba, la Fiscalía pidió que la condena sea efectiva, y no condicional como ahora, lo que lo podría situar en la cárcel.Aunque Castillo y su vicepresidenta, Dina Boluarte, también militan en PL, han mostrado siempre una posición de mayor apertura que el líder del partido y sus más allegados.La llegada de Castillo a la Presidencia estuvo antecedida por denuncias en contra por un supuesto fraude electoral, las que se evaporaron porque Fuerza Popular y Renovación Popular, los partidos más a la derecha en el arco peruano, no aportaron pruebas, y porque todos los órganos internos y la comunidad internacional validaron el proceso tras hacerle seguimiento.