La República en peligro

Diversos autores han procurado en los últimos años, abordar el tema de la crisis de la política y de las democracias. Los vastos ejemplos de populismo que se han gestado en diversas partes del mundo han provocado una pregunta que nadie se planteaba años atrás. ¿están en peligro las democracias liberales?

Loris Zanatta profesor de la Universisdad de Bolonia, sostiene que el "populismo es la mayor alternativa a la democracia liberal constitucional". Con tono crÍtico agrega que, "es además el mayor desafìo y enemigo de las democracias republicanas".

En la obra "Cómo Mueren las Democracias"de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, politólogos y profesores de la Universidad de Harvard, los autores sostienen, que las democracias ya no mueren como antes, a través de golpes de estado, sino lentamente, a través de la erosión interna producida por líderes elegidos que "subvierten los procesos que los llevaron al poder". El ejemplo venezolano los inspira: creen que la lenta debacle de la democracia venezolana es el modelo de erosión que debe observarse. Dicen los autores que, como no hay un momento preciso de amenaza -no hay tanques en las calles contra los cuales salir a protestar- es posible que nada dispare la alarma de la sociedad. "En el siglo XX el modo dominante del colapso democrático era el golpe militar. Hoy en día la mayoría de las caídas democráticas no son a mano de militares sino de los políticos. El que mata la democracia es el propio gobierno. Este es el cambio de tendencia"

Es decir que, las democracias se gestionan de manera tal que terminan transformandose en modelos populistas y antidemocráticos. La realidad argentina no es ajena a esta posibilidad que pone en peligro el funcionamiento de la República.

A mi entender, en ciertos casos esas erosiones son más evidentes y hacen un particular ruido, que de ser captado por la ciudadanía libre, se está a tiempo para frenarlos.

Uno de esos "casos ruidosos", es la pretendida reforma a la ley del Ministerio público Fiscal.

Aún con las observaciones técnicas que siempre pueden hacerse sobre un proyecto en discusión, nos encontramos frente a una coyuntura que exige de un esfuerzo muy concreto: toda reforma que se haga de la norma debe buscar fortalecer al Ministerio Público Fiscal, y por ende a la figura de Procurador/a, que, además de conducir al organismo encargado de definir la política criminal, también tendrá la tarea de implementar el Código Procesal Penal Federal en todo el país. Sin embargo no es lo que sucede con el proyecto de ley que está en tratamiento parlamentario.

Tres cuestiones del proyecto de reforma de la ley orgánica del MPF son los puntos que nos convocan al grito de protesta.

El art. 11 del proyecto establece que, el Procurador General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros. Es decir que, con 37 votos del senado, se haría la designación, en lugar de la mayoría calificada de dos tercios de los presentes, que seria 48 votos si asistieran los 72 senadores, como es en la ley actual.

Pretender modificar las mayorías requeridas y los cambios en los modos de enjuiciamiento tanto del Procurador/a y de fiscales federales, representa un grave retroceso institucional porque afecta seriamente la independencia y la autonomía del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994.

El Congreso de la Nación se enfrenta, a un debate, cuya centralidad política e institucional es de una enorme magnitud republicana.

Así es, porque este gobierno o mañana otro, elijen al titular de la persecución penal con una mayoría que, al ya no exigir los dos tercios de los votos, desalienta buscar acuerdos y el consenso indispensable para elegir al procurador/a, con el perfil adecuado que garantice la autonomía de dicho órgano de las injerencias políticas.

Una segunda cuestión de alta gravedad institucional, es el tema de la remoción del Procurador General que de aprobarse el proyrcto, podrá producirse "por decisión fundada del Poder Ejecutivo o a solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados con aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado"

Lo mas alarmante aún, es que, para ambos casos, cuando se inicia el mecanismo de remoción, el procurador será suspendido en el ejercicio del cargo.

Estos tecnicismos legales traducidos a la práctica política, pueden interpretarse como que si llegado el caso, el procurador/a ordena iniciar alguna investigación por actos de corrupción contra algún integrante o amigo del poder, puede ser inmediatamente suspendido en sus funciones.

La tercera cuestión que hace encender las luces de alarma, la constituye las desmesuradas atribuciones que se le otorgan a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que tendrá un rol decisivo en el Tribunal de Enjuiciamiento que es el órgano encargado de sancionar a los fiscales. Se trata sin más, que del disparo letal contra el art. 120 de la C.N. que dispone la independecia funcional del Ministerio Público.

Claramente el proyecto de reforma consagra por ley la impunidad en la argentina.

Otras modificaciones aparecen como "correctas", pero suman más presión para que el procurador/a no pueda actuar con la suficiente autonomía. Como una gran espada de Damocles, simulada en un envoltorio de coloridos democráticos, aparece en el proyecto, el acotamiento de la duración del jefe de los fiscales, a cinco años "pudiendo" ser nuevamente designado por otro periodo. Los cargos políticos del Poder Judicial no debieran ser vitalicios -deformaciones que perduran de los sistemas absolutistas- pero solo asignarle temporalidad a uno de ellos y justamente al que lleva adelante la acción de persecución penal, aparece como otro claro signo de sometimiento de un funcionario clave en el funcionamiento independiente del Poder Judicial de la Nación.

En el enfoque de los autores de la obra citada al inicio y en mi propio análisis, puede sostenerse que con la pretendida reforma del MPF, estamos frente a un claro modo de como los políticos que gobiernan, cual Leviatán terminan erosionando y/o devorando a una democracia constitucional.