Acusaciones en el juicio por delitos de Lesa Humanidad durante el gobierno de Isabel Perón

La semana pasada se reanudó el debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover "Watu" Cilleruelo. Entre el 3 y el 5 de febrero concluyeron las declaraciones de los testigos ofrecidos por la fiscalía y comenzaron los sugeridos por las defensas.

Según un testigo, el grupo contaba con el apoyo de Carlos Aragonés, gremialista y por entonces diputado nacional, además de presidente del PJ de La Pampa hasta 2008. 

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de esa jurisdicción, a través del fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento. Como partes querellantes actúan Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús García y la Universidad Nacional del Sur (UNS), cuyo canal de YouTube transmite las audiencias.

El juicio oral y público por la actuación de la Triple A en Bahía Blanca se retomará el jueves 11 y viernes 12 de febrero, con la declaración de testigos ofrecidos por la defensa de los acusados.

Servicio de Documentación e Información Latinoamericana

La audiencia del 3 de febrero comenzó con la declaración de Néstor Busso, quien se explayó sobre su trabajo de investigación a través del Servicio de Documentación e Información Latinoamericana (SEDIPLA) en junio de 1975, respecto del asesinato del sacerdote salesiano y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII Carlos Dorñak, como así también de la persecución a los sectores religiosos de izquierda de la ciudad de Bahía Blanca.

Describió que el objetivo de la revista SEDIPLA era difundir "la presencia de la Iglesia Católica en la realidad de la Patria Grande y el compromiso de los cristianos con los más pobres". En el marco de dicha investigación, viajó a la ciudad para registrar todos los testimonios posibles. Entre los entrevistados se destacaron el sacerdote Hugo Segovia y el Arzobispo de Bahía Blanca Jorge Mayer, quien según el testigo tuvo una actitud "lamentable y claramente de complicidad con el poder de Bahía Blanca en ese momento".

También visitó el lugar en el que Carlos Dorñak fue asesinado, donde sacó varias fotografías. Sobre esto describió que "estaba destruido, con rastros de haber ocurrido un incendio, se veían las marcas de disparos de balas en las paredes".

Además señaló que fotografió algunos paredones existentes en esa zona, que tenían inscripciones sobre la Triple A. Respecto de esto profundizó: "Recuerdo una leyenda en la fachada del propio Instituto Juan XXIII, que decía: ‘las 3 A son nuestros compañeros, que sigan reventando zurdos, los apoya el pueblo entero'. Vi y fotografié varias similares".

Asimismo, el testigo precisó que la mayoría de los entrevistados le pidieron no ser identificados debido al terror reinante en la ciudad -los reportajes fueron realizados "en un clima de mucha tensión y de gran terror, pánico, miedo"- y que identificaron "a la patota de Rodolfo Ponce" y a la "patota de Remus Tetu" -en referencia al diputado nacional y el ex interventor de la UNS, respectivamente- como "grupos armados que circulaban en la ciudad haciendo ostentación de armas, y a los cuales se les atribuía los hechos de violencia". Para la acusación, tanto Ponce como Tetu eran los que lideraban la organización criminal.

El testigo remarcó que la Triple A "en aquel momento tenía un discurso de defensa de la patria, anticomunista y atacaba especialmente a sectores religiosos que ellos calificaban de izquierdistas, zurdos, subversivos". Señaló que se trataba de "grupos armados que circulaban por la ciudad a los cuales se le atribuía los hechos de violencia. Se sumaba la presencia muy fuerte de la Marina. (...) Además de a Dorñak, esa noche asesinaron a Marisa Mendivil y a Fernando Alduvino. El padre José Zamorano, estaba en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, también fue atacado y unos días antes habían asesinado a un militante cristiano con mucha participación en la iglesia, José ‘Pepe' González".

Busso puntualizó respecto de la complicidad del diario local La Nueva Provincia, al señalar que "acusaba a las víctimas de ser los originantes de esa violencia y de esos asesinatos, como que quienes pensaban de determinada forma, debían ser eliminados".

Hablando de complicidades, también indicó que "era evidente que esos hechos, ese desfile de patotas portando armas de las que muchos me hablaron, no podrían haber sucedido si no hubiera habido un ‘permiso' de parte de las fuerzas del Estado. En el caso de Dorñak llegaron los bomberos y luego la policía apenas miró el lugar, no tengo noticias que haya habido investigaciones judiciales".

Respecto de la víctima mencionada José "Pepe" González, quien era obrero e integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque, contó que recibió una carta suya en el monasterio benedictino de Los Toldos. "Me la entregaron como testimonio de un cristiano que había sido asesinado y que le mandó una carta a su amigo que poco antes había ingresado al monasterio. Me impresionó, se declaraba militante cristiano y demostraba no solo una importante formación teológica sino profundas convicciones fundadas en su fe".

Dicha carta fue publicada en otra edición de la revista SEDIPLA. Al respecto señaló que llevaba la firma "Pepe" y que allí la víctima hablaba de su militancia citando textos bíblicos y del magisterio de la iglesia para fundamentar un cambio personal y de estructuras para vivir una sociedad más justa, equitativa, solidaria y fraterna. "Me resulta conmovedor cómo una persona, a partir de su fe, puede entregar su vida al servicio de la comunidad" analizó. La carta fue enviada por González a un amigo quince días antes de ser asesinado.

Además, Busso afirmó que "los sectores de la derecha del poder económico y del privilegio siempre pretendieron usar la fe religiosa como un justificativo de su ideología y defensa de sus intereses. En la CNU, la Triple A y los jerarcas de la dictadura estaba muy presente el discurso religioso y el odio a quienes provenían de comunidades religiosas y los consideraban subversivos o izquierdistas".

Busso sufrió amenazas, persecución y fue secuestrado durante la dictadura militar. En distintos centros clandestinos de detención y torturas del Circuito Camps fue interrogado sobre la labor de SEDIPLA. Un par de meses después de su detención ilegal pudo salir del país y vivir en el exilio hasta 1983.

La Triple A bahiense en la provincia de La Pampa

En segundo término declaró Raquel Barabaschi, referente de los organismos de derechos humanos de la provincia de La Pampa, quien ha prestado testimonio en distintas oportunidades en relación al circuito represivo de la subzona 14, en el contexto de los dos secuestros sufridos en diciembre de 1975 y marzo de 1976.

Su testimonio en este juicio fue solicitado por la fiscalía, a fin de que declare sobre los vínculos de la Triple A de Bahía Blanca con hechos que tuvieron lugar en la provincia de La Pampa y, particularmente, sobre la intervención de Rodolfo Ponce y de su grupo armado en la persecución de sectores estudiantiles de izquierda pertenecientes a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de la localidad de General Pico, a principios de 1975.

La testigo -por entonces estudiante alumna de aquella regional de la UTN- relató sobre la irrupción en los inicios del año 1975 en esa casa de estudios de un grupo armado que provenía de Bahía Blanca y respondía al diputado nacional Rodolfo Ponce, con el propósito de imponer como interventor, por la violencia y sin ningún tipo de aval legal, a una persona de apellido Yañez. Según el testimonio, el grupo contaba con el apoyo de Carlos Aragonés, gremialista y por entonces diputado nacional, y del diario local La Reforma.

Barabaschi contó que los hechos no sólo no fueron investigados por la justicia, sino que, por el contrario, por la resistencia pacífica al ingreso de la patota fueron detenidos 33 integrantes de la comunidad universitaria (entre ellos, la testigo), y explicó que muchas de esas personas -junto con otros miembros de la UTN- fueron víctima de secuestro scon posterioridad.

"Nosotros fuimos víctimas no solo de la dictadura militar, sino que la dictadura había sido cívico, militar, eclesiástica y judicial, porque fueron todos cómplices (...) yo sigo sosteniendo, como todos mis compañeros, que fuimos víctimas porque en plena vigencia de la Triple A, nos denunciaron como zurdos, trapos rojos. Además lo responsabilizo [a Carlos Aragonés] por haber perdido para siempre a nuestra querida Universidad Tecnológica", consideró la testigo.

Barabaschi concluyó su testimonio con la siguiente reflexión: "Tenemos que tratar que la justicia llegue a reparar esta partecita de la historia. Porque acá en La Pampa se dijo que había sido una isla, que no había pasado nada y eso se trató de instalar para borrar la responsabilidad de determinados sectores. En el caso de Aragonés, fue presidente del PJ hasta 2008. Tenía mucho peso y hasta digitaba quienes dirigían los destinos de nuestra provincia".