Cámaras mendocinas piden el fin de la doble indemnización y la prohibición de despidos
Desde Alvear, San Rafael, Malargüe y Tunuyán solicitan a los diputados y senadores nacionales apoyo. El Gobierno volvió a prorrogar ambas medidas.
Desde las Cámaras Territoriales de la provincia se dirigieron a los Diputados y Senadores Nacionales de Mendoza para manifestarles diversas preocupaciones del sector. La semana pasada, se reunieron con el gobernador, Rodolfo Suarez, en San Rafael, y ahora quisieron hacerles llegar sus preocupaciones a los legisladores.
Entre los que firman este pedido están Nicolás Martínez (Cámara de San Rafael), Andrés Vavrik (Cámara de General Alvear), Gustavo Miras (Cámara de Malargüe) y Diego Stortini (Cámara de Tunuyán). A continuación, el petitorio completo:
Disconformes en la FEM, cinco cámaras departamentales arman un bloque
El pasado 23 de Enero de 2021, se publicó en el Boletín Oficial la ampliación de la doble indemnización hasta el 31 de Diciembre del corriente año y la prórroga de la prohibición de despidos sin causa o por falta de trabajo o fuerza mayor (como así también las suspensiones por similares motivos, excepto las previstas en el artículo 223 bis LCT) por el término de 90 días contados a partir del plazo establecido por el decreto anterior 891/2020, cuyo vencimiento era el 29/01/2021, consecuente con ello la prórroga finalizaría en principio el 25 de abril del corriente año.
Al mismo tiempo, escuchamos frecuentemente a los sindicatos proclamar fervientemente la necesidad de que se formalicen las relaciones laborales, manifestándose preocupados por el crecimiento de la informalidad en el empleo. El Decreto 39/2021 se suma a la suspensión de la asistencia a través de ATP, remplazándolo por el programa REPRO, cuyo impacto sobre la economía de las empresas es sustantivamente menor.
El empleo formal, debería ser objetivo de todos, Empresarios y Sindicatos. Debemos lograrlo con un derecho laboral ecuánime, que proteja el derecho de los buenos trabajadores y que al mismo tiempo respete el derecho del empresario de planificar la nómina de personal con seguridad jurídica.
Las cámaras territoriales, hemos recibido las preocupaciones de asociados de diferentes rubros, del comercio, de la industria, del agro y del turismo por la excesiva prórroga de una medida que fue tomada de manera circunstancial y preventiva.
Hoy esta medida, que se suponía "temporaria" se ha consolidado como una política de Estado, cuyo objetivo conforme a las fuentes del gobierno nacional son la "protección del empleo y los trabajadores".
La realidad es que el resultado de la medida es el contrario, y con el correr del tiempo queda demostrado que prohibir los despidos y duplicar el costo de desvincular un empleado, lejos de proteger al trabajador, lo arroja a las hordas del empleo informal.
La medida dispuesta por el gobierno Nacional ha trasladado una enorme incertidumbre a las relaciones de las empresas y sus empleados, y lejos de proteger, la consecuencia termina siendo que las empresas no incorporan nuevo personal, o peor aún, favorecen a las empresas que contratan empleados informalmente - sin regularizar la relación laboral -, perjudicando siempre al empleo formal, efectivo y de largo plazo.
Es una medida que no contribuye a la generación de empleo independiente y formal, y en un país donde en promedio existen 100 empleados públicos por cada 100 empleados privados, nuestro objetivo en común debe ser tratar de revertir esta relación, en favor de un menor déficit fiscal y saneamiento de la economía. De mantener este tipo de medidas contrarias al mantenimiento y desarrollo empresario, las empresas se seguirán cerrando y como, muchas importantes, yéndose del país.
Solicitamos a los Diputados y Senadores de la provincia de Mendoza, sostengan de manera manifiesta la defensa del derecho laboral, en su justa medida, y que promuevan de manera inmediata el cese de la doble indemnización y prorroga dispuesta por el Decreto 39/2021. En su defecto, su aplicación deberá alcanzar aquellas empresas que accedan a las asistencias económicas que ha dispuesto el Gobierno y estrictamente por el término que dure la asistencia (REPRO u otra).