Diputados de la UCR, tras prácticas de Buen Gobierno en las empresas públicas

Los legisladores por Mendoza, Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, presentaron una iniciativa que busca transparencia en el control del Estado y en la rendición de cuentas, entre otros. También, determina que debe cumplirse el cupo femenino del 50% en los cargos gerenciales.

Legisladores de la UCR presentaron un proyecto de ley para crear un régimen de Buen Gobierno y Gestión para las empresas con participación estatal mayoritaria. El objetivo es disponer mejoras en los estándares de prácticas, procesos y estructuras a partir de los cuales se dirigen y controlan las empresas públicas del país.

Quienes lo impulsan son los diputados nacionales por Mendoza, Alfredo Cornejo y Jimena Latorre y la senadora nacional Pamela Verasay. La idea, según manifiestan, es "fortalecer la gobernanza de las empresas estatales, incrementar su competitividad y que puedan brindar servicios más eficientes para los ciudadanos".

Así, la iniciativa está basada en diferentes ejes: transparencia en el manejo de la información, rendición de cuentas, establecimiento de un código de conducta y en la necesidad de contar con una política de sustentabilidad para elevar estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

"El escenario económico, político y social actual demanda actualizaciones que posibiliten transformaciones en las estructuras empresariales, permitiéndole a nuestras empresas y al país mejorar su competitividad aún en tiempos de crisis. Es necesario generar espacios de mayor certidumbre para potenciales inversores y para una ciudadanía ávida de creer en sus instituciones", expresó la diputada Jimena Latorre.

Por su parte, su colega Alfredo Cornejo indicó: "Durante los últimos años nuestro país ha hecho un gran esfuerzo legislativo e institucional por reducir los niveles de corrupción, elevar los estándares de transparencia y control y reducir los niveles de opacidad en la administración pública. Por ello, es necesario avanzar hacia mejoras superadoras en la organización de las empresas del Estado, a partir de la aprobación de una ley nacional que establezca un régimen de buen gobierno".

Además, el proyecto del exgobernador de Mendoza y la legisladora Latorre establece que los directores y gerentes deberán cumplir con la calificación apropiada para ocupar sus cargos, no tener condenas por delitos y cumplir con el cupo femenino mínimo de 50% para garantizar la paridad de género en el directorio, entre otras medidas.

Las empresas con participación estatal mayoritaria incluyen a las del Estado, a las sociedades del Estado, a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, a las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Existen en la actualidad 36 grupos empresarios donde tiene el control y una participación total o mayoritaria el Estado argentino. Según el presupuesto nacional 2021, el conjunto de estas empresas administra $ 829.826 millones, con un gasto estimado de $ 861.712 millones, arrojando un déficit financiero de $ 31.886 millones.

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