Ruptura y renuncia aceptada en Obras Públicas de la Nación
Otero mantenía divergencias con Katopodis en torno al esquema de Participación Público Privada en la obra pública.
El exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires Gerardo Otero ya es formalmente exjefe de Gabinete de Gabriel Katopodis en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Hoy e fue aceptada formalmente la renuncia, con la oficialización de la norma que así lo hace en el Boletín Oficial. Sucedió dos meses después de que la presentara en términos de "indeclinable".
Otero mantenía divergencias con Katopodis en torno al esquema de Participación Público Privada en la obra pública. Este argumento es el repetido por la prensa de la localidad de Trenque Lauquen, de la que el ahora exfuncionario es oriundo.
La crisis en el seno de Obras Públicas no sería menor, según diversas fuentes periodísticas que hablan de una serie de renuncias a partir de esta. Le siguieron el Gerente Ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad y exdirector de Transporte bonaerense, Gerardo Tarchinale, y el titular del Área de Asuntos Jurídicos de Vialidad y exsecretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Manuel Prada.
Pero la posición de Katopodis no es personal, sino que responde a indicaciones de la Casa Rosada.
Para Otero, Tarchinale y Prada, que formaban parte del equipo encargado de las negociaciones, la salida para evitar la judicialización era el diálogo, por lo que los tres funcionarios decidieron presentar sus renuncias ante la postura de distintos sectores del Gobierno que plantean la cancelación de los contratos PPP sin tener en cuenta las consecuencias legales y económicas que resultarán tanto de las demandas que entablarán las empresas afectadas en el plano local, como en el tribunal internacional del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones)
En los contratos se especifica que si los contratistas de la PPP no cumplen con ese requerimiento, que está regulado por el monto de cada obra, pueden ser plausibles de extinción del compromiso.
Las concesiones viales quedaron en manos de las empresas Paolini, Vial Agro-INC (Corredor A), Green y el grupo chino CCA (Corredor B); Cartellone (Corredor C), Helport, Panedile, Eleprint y Copasa (E y F) y Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil (Corredor Sur) y en 2018 y contemplaban un amplio programa de obras y mejoras por 6.000 millones de dólares que iban a ser financiadas por las compañías privadas y entidades bancarias y luego repagadas con Títulos de Deuda del Estado.
Lo cierto es que, con la crisis económica, a mediados de 2018, esas empresas no pudieron afrontar esa financiación a la que se habían comprometido. Para no asumir el costo político de darles de baja, el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, decidió mantener en pie las concesiones con varias prórrogas y addendas que estiraron los plazos y las obligaciones de las empresas hasta los últimos meses de este año.