YPF: el Gobierno se juega en Nueva York la posibilidad de frenar la millonaria sentencia
A dos años de presentada la apelación, los abogados argentinos buscarán ante la Corte de Apelaciones de Nueva York que se revierta la condena por US$16.000 millones más intereses impuesta por la jueza Loretta Preska tras la expropiación de YPF durante el kirchnerismo.
La audiencia se realizará este miércoles y será clave para definir si el país tendrá que cumplir con el pago de la millonaria sentencia. En la sesión, los representantes legales de Argentina, de YPF y de Burford Capital, el fondo beneficiario de la condena, expondrán sus argumentos ante el tribunal de segunda instancia.
El objetivo del Gobierno es anular el fallo de Preska de septiembre de 2023 o, al menos, lograr una reducción significativa del monto. Con los intereses acumulados, la cifra alcanza niveles comparables al swap firmado con Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
Paralelamente, se sigue tramitando la apelación que busca impedir la entrega de acciones de YPF como parte del pago a los demandantes, otra medida ordenada por la jueza en su fallo inicial. La exposición oral de esta cuestión ya se realizó ante otro tribunal de la misma corte a principios de octubre.
Este jueves se confirmó la composición del tribunal de apelación que evaluará la presentación argentina: José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, designados durante los gobiernos de Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, respectivamente.
El Gobierno argentino anticipó que, en caso de un fallo adverso en la Cámara, llevará el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La audiencia, que se desarrollará al mediodía en el edificio de la Corte de Apelaciones en Manhattan, servirá para que los jueces escuchen y cuestionen a las partes. No hay un plazo establecido para el fallo, aunque se estima que la decisión podría conocerse en los primeros meses de 2026.
Burford Capital se expresó públicamente esta semana por primera vez sobre el caso. El fondo advirtió que el proceso judicial podría extenderse hasta 2027 y sugirió que Argentina considere una negociación. "Como todo litigio, implica riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución final, incluyendo la posibilidad de pérdida total", señalaron.
Los jueces que definirán la apelación
José Cabranes, de 84 años y nacido en Puerto Rico, fue designado por Bill Clinton en 1994. Conoce los litigios argentinos: participó en el caso NML Capital, ligado a los bonos de 2001, que incluyó medidas como el embargo de la Fragata Libertad y la declaración de desacato del país. Su fallo en 2015 determinó que el Banco Central no era "alter ego" del Estado, revocando un fallo anterior de Griesa.
Denny Chin, de 71 años y originario de Hong Kong, llegó a la Corte de Apelaciones en 2010 por decisión de Barack Obama y participó de la primera apelación por la expropiación de YPF.
Beth Robinson, de 60 años y nacida en Pakistán, fue designada por Joe Biden en 2021 y completa el tribunal que tendrá la última palabra sobre la apelación.
La resolución podría conocerse varios meses después de la audiencia. Analistas judiciales estiman un plazo de alrededor de seis meses, lo que ubicaría el fallo a comienzos de 2026. Tras la decisión, tanto Argentina como los demandantes podrían recurrir a la Corte Suprema de EE.UU.
Burford Capital proyecta que la resolución definitiva podría demorarse hasta fines de 2026 o mediados de 2027. Por eso, mantiene su apertura a negociar, recordando que los conflictos judiciales suelen concluir en montos muy inferiores a las sentencias iniciales.
